Con represión mediática, licitación opaca y sospecha de corrupción se realizó en Puebla la concesión o privatización del servicio de agua, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De este modo, el organismo nacional señaló que concesionar el servicio viola el derecho humano al vital líquido, aunado al incremento desmedido de hasta un 500 por ciento en las tarifas del consumo.

Mediante el estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero”, la CNDH refirió que esto se registró en la capital poblana y algunos municipios donde se presentó la concesión.

Además, organismos defensores del agua han apuntado que a pesar de la privatización, aún existe una mala distribución del líquido y falta claridad en el cobro por el servicio.

En diciembre de 2013, el gobierno del exmandatario, Rafael Moreno Valle Rosas, entregó el servicio por 30 años a Concesiones Integrales, que conformó la empresa Agua de Puebla.

Ahora, a cinco años, la CNDH señaló que hay represión mediática y se implementaron nuevos conceptos de cobro, en alusión al pago de cuotas por la instalación de medidores.

Se apuntó por el organismo nacional de derechos humanos, que la privatización del servicio del agua se presentó en seis estados del país, como Aguascalientes, Quintana Roo, Sonora, Coahuila y Veracruz, sumando Puebla.

El reporte

La CNDH en su reporte admitió que la administración del servicio del agua se entregó a empresas por medio de “licitaciones opacas”, procesos en los que se excluyó la participación ciudadana.

El informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales ocurren en las ciudades donde se han otorgado concesiones de servicios a privados.

Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua –ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95 por ciento de consumo de agua embotellada–, asimismo, los aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a.

Además, se resalta el acceso limitado al líquido en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia, entre otras. En el informe se plantea que en todos los casos señalados incluido Puebla, el proceso de licitación se llevó a cabo sin participación de la ciudadanía y en forma opaca.

Sospecha de corrupción

La Comisión Nacional de Derechos Humanos abundó que existe una con sospecha de corrupción en todos los casos, también incluida la licitación en Puebla de la concesión del servicio.

Se subrayó que durante la gestión de la empresa privatizada, las autoridades municipales no se han preocupado por las violaciones, inclusive, las respuestas a las quejas y demandas han sido nulas, pues en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas, se resaltó.

Mientras tanto, la CNDH subrayó que una centena de organizaciones sociales y redes de defensa ambiental y del agua realizaron un reporte en 2017, sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este ramo.

Todo en el marco de la visita del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento en 2017.

Procesos injustos

Dentro de sus observaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que los procesos de privatización del servicio de agua y saneamiento, han sido injustos para los municipios y usuarios, antieconómicos, dañinos al medio ambiente y opacos.

Además de que no aseguran el respeto a los derechos humanos al líquido, ya que omiten los principios de la Observación General Número 15, firmado y ratificado por México ante Naciones Unidas.

Se planeó, además, que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad.

Las quejas

Cabe destacar que más de 40 quejas por cortes del servicio que otorga la empresa concesionaria ha recibido en lo que va del año la Asamblea Social del Agua (ASA).

María Eugenia Ochoa García, representante de la ASA, reclamó a las autoridades estatal y local, la remunicipalización del líquido.

En su momento, indicó que habría un foro que contaría con la intervención de académicos, juristas y ciudadanos, para presentar una propuesta y evitar que se privatice el agua, como ha sucedido en otros estados de la República.

Aseveró que en la colonia Maravillas, a 70 predios les han sido cortados los servicios y 50 de la colonia La Hacienda, donde afirmó no sólo se corta la manguera del suministro de agua, sino también el drenaje.