Agua de Puebla o Concesiones Integrales, minimizó el estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al señalar que no fue una recomendación por violación, sino solo un estudio basado en posturas de organismos defensores del líquido.
Esto luego de que la CNDH publicará un estudio sobre la situación del agua en México, en materia de derechos humanos. En un apartado, se tocó el tema de las concesiones o privatización en todo el país, incluida la de Puebla.
En el documento, señaló que hubo represión mediática, licitación opaca y hasta sospecha de corrupción, durante la concesión en el estado. Sin embargo, la empresa concesionaria no explicó cada uno de los puntos en el estudio denominado “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero”.
En el mismo, señala específicamente que en Puebla hubo un incremento desmedido de hasta un 500 por ciento en las tarifas del servicio, además de un mal servicio y poca claridad en los costos.
La defensa
Por medio de un comunicado, la empresa privada, precisó que se sacó de contexto la intervención y facultades de la CNDH. Refiere Agua de Puebla, que la actuación de la comisión para determinar violaciones específicas a los derechos humanos, debe realizarse mediante una denuncia y una resolución o una recomendación.
Por lo tanto, señalaron que dicho proceso legal no ha acontecido, por lo que no existe recomendación alguna de la CNDH, asimismo, defendieron que no se refiere un procedimiento para determinar violaciones específicas a derechos humanos en términos de ley, por lo que resulta difamatoria.
Resaltó que la CNDH solo publica estudios académicos con el fin de promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Por lo tanto, refirió que se publicó en marzo de 2018 un estudio realizado por académicos de la UNAM, cuya temática se refiere a la protección de ríos, lagos y acuíferos de todo México.
De este modo, aseveró que este análisis de ninguna manera tiene como objetivo valorar la actuación de Agua de Puebla en relación a los derechos humanos.
Señala la empresa que el estudio de la UNAM cita la postura de un reporte realizado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA 2017). El mismo fue titulado: “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento” publicado en 2017, que no es de la autoría de los investigadores de dicha institución.
Por lo tanto, sentencian que las apreciaciones vertidas en dicho reporte, aunque se citan referencialmente en la investigación de la UNAM, no pueden interpretarse como una resolución o recomendación de la CNDH hacia Agua de Puebla.
Tampoco se pueden interpretar como una manifestación de la CNDH sobre violaciones a los derechos humanos, aseguran.
Finalmente afirman que se distorsiona el sentido de la investigación de la UNAM, y falsamente se atribuye a la CNDH posicionamientos que no ha realizado
El reporte
En el estudio publicado, se resalta solo en Puebla el aumento de tarifas fue de un 500 por ciento, además de la reserva del contrato de concesión hasta por siete años. Además, se indica que hubo represión mediática y los nuevos conceptos de cobro, como la instalación de medidores, además de la mala distribución del agua y la falta de claridad en el costo del servicio.
Asimismo, se plantea que en todos los casos de concesiones al servicio del agua, incluido Puebla, el proceso de licitación se llevó a cabo sin participación de la ciudadanía y en forma opaca.
Además, en todos también existe una con sospecha de corrupción en todos los casos, incluida la licitación en Puebla de la concesión del servicio.
Se subraya que durante la gestión de la empresa privatizada, las autoridades municipales no se han preocupado por las violaciones a los derechos humanos.
Resaltó el estudio que una centena de organizaciones sociales y redes de defensa ambiental y del agua realizaron un reporte en 2017 sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este ramo.
Todo en el marco de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento en 2017.
Dentro de sus observaciones señalan que los procesos de privatización del servicio de agua y saneamiento han sido injustos para los municipios y usuarios, antieconómicos, dañinos al medio ambiente y opacos.
Asimismo, no aseguran el respeto a los derechos humanos al agua, ya que omiten los principios de la Observación General Número 15, firmado y ratificado por México ante Naciones Unidas.
Plantearon que en México prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad.
