El Gobierno de la República publicó el decreto de la Ley General de Comunicación Social o denominada "ley chayote", luego de haber sido expedida el pasado 8 de mayo por el presidente Enrique Peña Nieto.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se notificó que dicha ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019, la cual tiene como objetivo establecer las normas a que deberían sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales.
El texto destaca que “la presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social”.
Precisa que “son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución política dota de autonomía, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno”.
El documento subraya que la Secretaría de Gobernación (Segob) que será la dependencia administradora, así como la unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, serán las encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social.
La Segob se encargará de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.
Destaca que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de esa dependencia.
Mientras que los entes públicos, deberán elaborar una estrategia anual de comunicación social, para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
