La ASPABUAP se unió a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), para exigir a candidatos presidenciales que presenten propuestas de mejoras financiera para la educación universitaria.

En entrevista a Intolerancia Diario, el secretario general del sindicato de académicos de la Universidad Autónoma de Puebla (ASPABUAP), Jaime Mesa Mújica, informó que se unieron al reclamo.

Explicó que la exigencia inició por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers y de los secretarios generales de más de 90 sindicatos que integran a la CONTU. Indicó que luego que se inauguró la XVII Asamblea General de la CONTU en la Ciudad de México, se respaldó la posición general.

Al unísono, piden al gobierno federal atender el problema financiero que vive la educación superior pública, así como pedir a los candidatos presidenciales su compromiso en propuestas.

El dirigente sindical poblano, hizo hincapié en la falta de apoyo del gobierno federal a las universidades públicas y a los trabajadores universitarios.

Por lo tanto, esperan que antes del 1 de julio se den respuestas a las demandas de mayor financiamiento, mejores salarios y prestaciones para beneficio de más de 270 mil trabajadores universitarios de todo el país.

“En estos casi seis años del actual gobierno federal, las universidades públicas han sido ignoradas. Necesitamos mostrar nuestra fuerza para exigir a las autoridades”, sostuvo.

“Que las universidades públicas y sus trabajadores, históricamente somos parte del avance social y de desarrollo económico del país”, sentenció Jaime Mesa.

De este modo, refirió que los sindicatos universitarios de la CONTU están preocupados por el panorama económico y político que se viven en México, mismos que ha llevado a la educación pública superior a tener problemas financieros.

“La CONTU cerró filas y exigimos que antes del 1 de julio se atiendan las demandas, no queremos que dejen colgados a los más de 270 mil trabajadores universitarios, ya que el gobierno federal tiene una deuda con las universidades públicas que debe asumir”.

Asimismo, el secretario general de la ASPABUAP, informó que en la asamblea se acordó publicar dos desplegados dirigidos al Presidente de México, y otro documento que se entregará a los candidatos a la presidencia de la república.

“Que conozcan la difícil situación financiera que vive la educación pública superior y los trabajadores universitarios que han sido ignorados económica y laboralmente en estos últimos años”, dijo.

Recordó que en un comunicado que se publicó el pasado 4 de septiembre de 2017, se exigió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a los representantes del Congreso de la Unión que se atendieran las demandas.

Mesa Mújica coincidió con el Secretario General de la CONTU, Enrique Levet Gorozpe, en el sentido de que la afectación presupuestal por más de 8 mil 500 millones de pesos que la Federación ha impuesto a los subsidios de diversos programas extraordinarios de las universidades públicas, ha complicado su funcionamiento.

Consideró que en materia laboral, los trabajadores universitarios han visto mermada su economía, derivado de las inadecuadas políticas públicas de la actual gestión, así como de los topes salariales impuestos y que son por debajo de la inflación.

Otro ejemplo de la falta de compromiso de las autoridades federales, dijo, tiene que ver con los sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones educativas.

“Atraviesan por una difícil situación económica, y que pese a que los trabajadores realizaron reformas a sus sistemas pensionarios para reducir significativamente los pasivos contingentes de esta prestación de seguridad social, hay una clara falta de corresponsabilidad del gobierno federal hacia este tema”, dijo.

Demandas principales

1. Revertir la disminución presupuestal impuesta a la educación superior y al CONACyT, y dar cumplimiento a las metas establecidas de financiamiento, así como a los compromisos pactados con los trabajadores universitarios.

2. Modificar el criterio con el que se determina el tope salarial; se debe erradicar la práctica de fijar los incrementos salariales por debajo de la inflación real, ya que esto ha ocasionado un daño cada vez mayor en el poder adquisitivo de nuestros ingresos.

3. La instauración de un salario mínimo profesional para los trabajadores de las instituciones de educación superior, autónomas por Ley, que realizan actividades no académicas, con lo que se daría cumplimiento al precepto constitucional del artículo 123, fracción VI, segundo párrafo.

4. El establecimiento urgente de una mesa de diálogo con la concurrencia de representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, la ANUIES y la CONTU, con la finalidad de dar seguimiento a lo aquí planteado, además de dejar establecidas las políticas de financiamiento y los montos correspondientes, para la federación y cada una de las entidades federativas del país.