Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización, una queja en contra de Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata a gobernadora por la coalición Por Puebla al Frente al rebasar el tope de gastos de campaña por un monto de 13.3 millones de pesos.
Para los contendientes a la gubernatura poblana, se estableció un tope de 42 millones 963 mil 330 pesos, sin embargo, información cuantificada por Morena indica que gastó 38 millones 288 mil 710 pesos que sumados a los 18 millones 043 mil 952 pesos reportados el día 17 de junio del presente, suman 56 millones 332 mil pesos.
En evidente actitud de reto y confrontación a la autoridad electoral, la coalición Por Puebla al Frente, rompe los límites establecidos por la ley, señalo Horacio Duarte Olivares.
Manifestó que esta práctica se está volviendo un común denominador entre los candidatos del frente y como si se tratara de un reto, los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano insisten en ocultar gastos y rebasar los topes en materia de fiscalización.
Dijo que la candidata ha desarrollado diversas actividades para promover su imagen y la obtención del voto a su favor, haciendo uso de mecanismos propagandísticos que redundan en gastos que necesariamente deben ser contabilizados y de los cuales se informa en siete carpetas de investigación.
Sobre este tema, confirmó que Morena ha recibido diversas evidencias de eventos y propaganda recopilados en los eventos de la candidata a la gubernatura de Puebla, mismos que ha documentado sistemáticamente para demostrar el excedente de recursos utilizados ilegalmente por dicha candidata.
Estimó que esta cifra seguramente se incrementará, pues en el cierre de campaña los gastos generalmente aumentan ya que se realizan más eventos y actividades para la promoción del voto.
Subrayó la importancia de endurecer las medidas cautelares y punitivas en contra de las violaciones reiterativas por parte de los candidatos de la coalición en todo el país y solicitó a las autoridades que, de comprobarse las conductas irregulares en materia de fiscalización, se proceda conforme a las normas aplicables en materia de derecho electoral.
