Un juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil revocó este domingo la decisión de uno de sus compañeros que ordenaba la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido desde el 7 de abril por una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción.

La decisión se dio al final de una jornada de alta tensión, con manifestantes a favor de Lula en calles de las principales ciudades del país sudamericano.   

"Esto no termina bien. Los jueces han pasado todos los límites. Lula es nuestro candidato a presidente y ganará las elecciones incluso preso. Ahí quiero ver como la Corte Suprema se porta si quiere anular la votación", dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

En la ciudad de Curitiba, miles de personas entonaban frente a la sede policial donde está detenido Lula da Silva "¡Lula libre, Lula inocente, Lula presidente!".

El fallo de esta noche los dejó sin embargo frustrados, así como a quienes esperaban al ex mandatario en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo en el Gran Sao Paulo, lugar donde Lula se convirtió en dirigente sindical.

Ante el torbellino de acusaciones entre jueces, juristas y actores políticos, entró en escena la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia Antunes, con un mensaje en que llamó a respetar el accionar de la justicia.

"La democracia brasileña es segura y sus órganos judiciales competentes para garantizar una respuesta rápida y sin quebrar la jerarquía, pero con rigor absoluto de las normas vigentes", expresó.

Lula da Silva fue condenado el año pasado por el juez Moro a 9 años y medio de prisión por recibir supuestamente un apartamento en la costa del estado de Sao Paulo de parte de la constructora OAS, en el marco del escándalo "Lava Jato".

El expresidente brasileño pretende presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, en las que lidera todos los sondeos de intención de voto.

Debe además registrarse como candidato ante el Tribunal Superior Electoral, que puede inhabilitarlo en virtud de la Ley de Ficha Limpia, que no permite que una persona condenada en segunda instancia, como es el caso del exsindicalista, se presente a elecciones.