El 26 de julio se cumple la fecha límite establecida por un juez federal para cumplir con la reagrupación de todos menores con sus padres, quienes fueron separados al cruzar la frontera de Estados Unidos. De este modo, el gobierno planea reunir cada día a 200 familias, quienes permanecen en albergues o con familias de acogida. 

Ayer, en una audiencia con el juez, Dana Sabraw, del tribunal de San Diego, funcionarios de la Administración confirmaron el número exacto de menores migrantes que fueron afectados por las separaciones: 2 mil 551 entre 17 y cinco años; y 103 por debajo de los cinco años de edad.

Sabraw puso el 10 de julio como plazo para devolver a sus padres a los menores de cinco años. El Gobierno tardó dos días más de lo estipulado en lograrlo con 57 de ellos e informó de que otros 46 no habían sido reagrupados con sus progenitores por diferentes motivos: desde que los adultos tenían antecedentes criminales hasta que hubieran sido ya deportados a sus países de origen. 

El juez ayer calificó de "sustanciales" los esfuerzos de la Administración por cumplir con sus órdenes, aunque reclamó que el proceso sea “transparente y claro”. Hasta la fecha la reagrupación de menores ha estado marcada por la incertidumbre.

Los padres que ya han sido reunidos con sus hijos menores de cinco años han sido puestos en libertad con un dispositivo electrónico de seguimiento en el tobillo y con orden de presentarse ante la justicia cuando sean citados. Sin embargo, todavía se desconoce qué se hará con las familias que vayan siendo reagrupadas con sus hijos de 17 a cinco años. 

El Gobierno solicitó permiso en una corte federal de Los Ángeles para poder mantener indefinidamente a menores de edad con sus progenitores en centros de detención del servicio de inmigración, hasta que se resolvieran los casos de los adultos, pero la juez Dolly Gee se lo denegó, haciendo prevalecer el Acuerdo Flores, de 1997, que limitó la reclusión de menores a un máximo de 20 días.

“Pueden tenerlos ese tiempo juntos detenidos, pero no creo que lo hagan. Espero que también los dejen libres, aunque lamentablemente las decisiones que está improvisando el Gobierno las estamos descubriendo día a día”, protesta José Xavier Orochena, un abogado de Nueva York que lleva los casos de varias familias separadas.

Con información de El País.