Luego de un llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob) para mejorar la seguridad en el estado de Puebla, la dependencia se deslindó de implementar acciones.

De este modo el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) lamentó la postura federal, cuando el trabajo debe realizarse en las tres esferas gubernamentales.

El 31 de mayo pasado, el organismo civil entregó un estudio al titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida, de la situación de inseguridad que prevalece en Puebla. En el mismo se detalla que el estado es sexto nacional en robo con violencia, en homicidios dolosos el 60% se utilizó arma de fuego y de las carpetas de investigación iniciadas por estos crímenes tan solo se han concluido el 3.45% en el último año.

Asimismo, pidió a la Segob que exhorte al gobierno del estado de Puebla y a los 217 municipios, para que realicen en conjunto los diagnósticos certeros que incluyan la percepción ciudadana, identifique y jerarquice los factores de riesgos internos o externos.

Pero la respuesta de la dependencia federal se lava las manos, aunque no expone ninguna justificación a lo solicitado.

La respuesta

El documento de la Segob fue firmado por el director general adjunto de Gobierno, Lorenzo Gómez Hernández. En dos cuartillas explica, sin dar detalles, que ya se están realizando acciones de seguridad, la mayoría de ellas de parte del gobierno del estado.

En el escueto documento de respuesta señala que seguirán trabajando en coordinación con el gobierno de Puebla, quienes tienen la potestad de las policías.

Señalaron que el contacto con el gobierno estatal es a través del director general de Gobierno Luis Carlos Migliavacca Monroy, a quien turnarán las peticiones.

“(…) Para el caso de los denominados “huachicoleros”, durante el mes de mayo en Puebla, caso en específico en Texmelucan, en donde el pasado 2 de mayo, el gobierno del estado tomó el mando policíaco en el municipio y con ello se pudo concretar un operativo (…)”.

“En su momento, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, destacó que a 15 días de que el gobierno estatal tomó el mando policíaco en San Martín Texmelucan, la incidencia delictiva ha disminuido en 16% principalmente en los robos a comercio, casa habitación y a transeúnte”, señala el documento.

Destaca que en la asamblea plenaria nacional de la conferencia nacional de secretarios de seguridad pública, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, señaló que para apoyar y fortalecer a las instancias de seguridad y procuración de justicia, el gobierno de la república ha destinado cerca de 82 mil millones de pesos en subsidios a estados y municipios.

Además, resalta en el mismo documento, que el comisionado de nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que instancias federales como la PGR, trabajan en el protocolo del uso de la fuerza.

“Estas y otras muchas acciones de carácter nacional y regional coadyuvan para prevenir y atacar las acciones delincuenciales que tanto afectan la vida de nuestros conciudadanos”, señala el texto finalmente, sin dar respuesta a las solicitudes.

Las solicitudes

En las peticiones, Igavim solicitó a la Segob en el escrito, que exhorte al gobierno del estado de Puebla y a los 217 municipios que conforman la entidad, para que realice en conjunto, los diagnósticos certeros que incluyan la percepción ciudadana, identifique y jerarquice los factores de riesgos internos o externos.

Es necesario que los diagnósticos establezcan además las necesidades y las limitantes económicas, sociales, alimentarias, ecológicas, políticas y jurídicas de los municipios y de la entidad poblana, para atender la vulnerabilidad y minimizar las alternativas que propicien la incidencia delictiva de manera cotidiana y el incremento de la violencia.

Además, propuso que de los 35 municipios con indicadores de esparcimiento y migración de la incidencia delictiva señalados, trabajen en conjunto con el gobierno del estado de manera certera y puntual para el diseño de diagnósticos inmediatos.

Señalan que se deben cubrir necesidades internas que existen en las Fiscalías referidos a insumos y personal para eficientar la atención ciudadana, el seguimiento y el respaldo para el propio servidor público que labora en las áreas que lo conforman, ya que los avances en la resolución de las carpetas de investigación siguen siendo mínimos

Proponen que el examen de control y confianza tenga una revaloración en sus criterios, ya que no se percibe una credibilidad certera derivado de algunos casos en Puebla donde el policía municipal y/o estatal ha estado vinculado con algún tipo de delito.

“Además debe existir un seguimiento ciudadano vigilante con indicadores independientes que permitan verificar que el personal de cualquier área de seguridad es confiable”, insisten finalmente.

El panorama de inseguridad

El estudio entregado a Segob señala que la FGE a cargo de Víctor Carranca Bourget, solo ha concluido el 13% aproximadamente de las carpetas de investigación iniciadas entre el 2016 y 2017. Mientras tanto, los delitos analizados en este estudio, solo se ha concluido el 4.69% del total.

Además, se pone en la mesa que las policías municipales tienen deficiencias de profesionalización y no cuentan con diagnósticos que identifiquen los factores riesgos y necesidades para su jerarquización correcta, por lo que limita los avances.

Asimismo, el salario de los policías estatales incrementó recientemente, sin embargo, para diciembre del 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  (SESNSP) expuso que el estado de Puebla ocupaba la posición 12 del país como de los peores pagados.

Por lo tanto, el incremento aún no repercute en la lectura y conclusión de su eficiencia. Además, se detalla que las Fiscalías tienen deficiencias logísticas y humanas.

“El policía sigue siendo vulnerable ante la detención de un infractor o delincuente, por las debilidades que persisten en la Ley cuando se les aplica a ellos”, puntualiza el estudio.

Indica Igavim que el incremento del empleo del 5.7% estimado en noviembre del 2017 es importante, pero no genera suficiente protección individual si se consideran los limitados salarios aún.

“Las limitadas condiciones económicas en algunas zonas, han repercutido como un factor de riesgo para optar por delinquir, con esto aumentan los impactos negativos, los factores de riesgo y las alternativas”

Las carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso tan solo se han concluido el 3.45%, homicidio culposo 21.84%, secuestro 14.93%, extorsión 1.88%.

Además por  robo con violencia 1.22%, robo de vehículo 4.61%, robo a casa habitación 4.21%, robo a negocio 8.28%, robo a transeúnte 16.46% y violación 9.34% todos durante el período 2016 y 2017

Por lo tanto, se iniciaron 104 mil 861 carpetas de Investigación de enero del 2016 a diciembre del 2017 de manera general, de las cuales se concluyeron 12 mil 780, lo que representó una eficiencia de tan solo el 12.18%.

Además en Puebla se contabilizaron 517 tomas clandestinas en los tres primeros meses del 2018 lo que resultó que cada 4 horas 11 minutos se registrará una toma clandestina.

“Con estos registros al compararlos con el primer trimestre del 2017 se observó un incremento del 28.61% y con respecto del 4to trimestre del 2017 fue de 48.56%”, señalan.

Feminicidios, casos aparte

Igavim resaltó que con respecto a los feminicidios, de acuerdo con la respuesta proporcionada por la FGE, ninguna carpeta de investigación se había concluido hasta diciembre del 2017.

Las carpetas de investigación concluidas que tuvieron un importante incremento en el último cuatrimestre del 2017 fueron en: robo de vehículo y robo de negocio, sin embargo, sigue siendo limitado, sentencian.

Además, la Secretaría de Salud registró un incremento entre el 2016 y 2017 en los casos atendidos por violencia intrafamiliar del 15.17 por ciento.

Esas cifras representan que durante el 2017 se atendiera una persona cada 5 horas 50 minutos, lo que resulta paralelo con el incremento en el número de denuncias interpuestas.

Por lo tanto, solicita reconsiderar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el estado de Puebla, analizando no solo el delito clasificado como feminicidio, sino los agravios violentos que se siguen presentando hacia la mujer en el homicidio doloso, por una limitada jerarquización de riesgos y necesidades de los indicadores antes expuestos.