A pesar de que Puebla ocupa los primeros lugares en desaparición de personas, el Protocolo Alba quedó fuera de la agenda de la actual legislatura, y será hasta la próxima cuando éste sea discutido por los legisladores para proponer su aplicación al gobierno estatal en turno, señaló la diputada Geraldine González Cervantes.

La legisladora aclaró que el secretario general de Gobierno Diódoro Carrasco Altamirano si mostró interés en el tema, pero el documento que entregó hace dos semanas al Congreso del Estado, no fue analizado en comisiones a poco más de veinte días de que concluya la LIX legislatura.

González Cervantes señaló que en el estado de Puebla, de acuerdo con registros oficiales, 52 personas desaparecieron entre enero y febrero del 2018, de las cuales a 19 se les vio por última vez en Puebla capital, según los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rndped).

La legisladora precisó que tan sólo en enero se levantaron las denuncias de 51 personas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que en febrero se registró una persona extraviada.

La capital poblana concentró el mayor número de personas desaparecidas en la entidad, después le siguen los municipios de Chignahuapan y San Andrés Cholula con cuatro casos cada uno.

Lamentó que el punto de acuerdo presentado no se haya discutido una vez que los datos del Rndped, precisan que de las 52 personas desaparecidas, 16 son menores de edad. La víctima más joven es una bebé de un año de edad, mientras que el más longevo se trata de un hombre de 79 años.

Insistió en que nivel nacional, el Estado de México resultó ser la entidad con mayor número de desaparecidos al sumar 150 casos, le sigue Puebla con 52 carpetas de investigación y luego Colima 32. Durante enero de este año el país registró 326 personas desaparecidas.

La legisladora expuso que Puebla permanece dentro de los estados que no han instrumentado el Protocolo Alba para la localización inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, por lo que la activación de la Alerta de Violencia Género obligaría al estado a cumplirlo.

González Cervantes, dijo que el documento aunque no fue discutido por el Congreso del Estado, sí es del conocimiento del secretario general de Gobierno, a quien se lo planteó de manera directa.

Dijo que el punto de acuerdo que se presentó en los primeros días de agosto señala:

ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno del estado a que implemente el Protocolo Alba en la entidad, que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación Federal (Segob), esta, es con el fin de llevar a cabo la búsqueda inmediata, para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio mexicano.

Recordó que se ha reconocido la existencia de  un corredor Puebla-Tlaxcala en el que desaparecen mujeres, la mayoría jóvenes que son utilizadas en la trata de personas.

El Protocolo Alba

Fase 1
• Se levanta el reporte ante Ministerio Público, Fiscalía Especializada de la Mujer: Toma de Datos, Fotografías y Muestras biológicas.
• Ministerio Público reporta datos generales, fotografía y pesquisa a las corporaciones policiacas. Municipal, Estatal y Federal
• Ministerio Público evalúa grado de riesgo de la persona desaparecida para activar segunda fase.

Fase 2
• Ministerio Público envía a enlaces del Grupo Técnico Operativo un correo electrónico con el oficio, pesquisa y datos generales de la persona desaparecida.
• Cada enlace envía reporte cada 12 horas con información de la búsqueda.
• Ministerio Público evalúa activar la tercera fase.

Fase 3
• Ministerio Público investiga la presunción de un delito, recaba y analiza toda la Información fase1 y 2.
• La Policía de Investigación establece y agota posibles líneas de investigación.
• Ministerio Público solicita la atención integral para familiares de las distintas instituciones involucradas en el protocolo.
• Ministerio Público envía oficio para la intervención de autoridades internacionales.