En los primeros siete meses del año se registraron mil 318 tomas clandestinas en ductos de Pemex en Puebla, lo que lo mantiene en el primer lugar nacional en las estadísticas en esta modalidad de robo de combustible.

Lo anterior implica que en el estado Puebla se registra una toma clandestina cada 3 horas 53 minutos por robo de hidrocarburo en cualquier punto de la entidad.

Así lo revelan datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), analizados por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

Lo anterior representó que en el mes de julio se abriera una toma clandestina cada 5 horas 6 minutos.

En Puebla se ubica el llamado Triángulo Rojo, conformado por seis municipios por los cuales transita el 40% del combustible que va en dirección a la Ciudad de México proveniente de Veracruz.

Es la zona donde más reportes de robo a ductos  de Pemex se reportan.

Según datos de la paraestatal, de todas las tomas clandestinas 44 han sido para robar de gas LP en Puebla, entre enero y julio de este año.

La mañana del pasado miércoles 12 de septiembre, tuvieron que ser evacuadas más de mil 800 personas de colonias de la zona norte de la ciudad, luego de que la fuga de Gas Licuado de Petróleo (LP) de una toma clandestina.
 
Pegando el huachicol

Pero al hacer el comparativo del historial se obtiene lo siguiente, las cifras no son buenas para Puebla, debido a que en ese mismo lapso, se registraron a nivel nacional 8 mil 742 tomas clandestinas por robo de hidrocarburo.

La cifra señalada representó un incremento del 50.57% en comparación con el mismo período del 2017 en toda la República Mexicana.

En el estado de Puebla en ese período se registraron 1318 tomas clandestinas, lo que representó un incremento del 69.85 por ciento en comparación con los mismos meses del 2017

Además, en el país se registró en promedio de enero a julio del 2018 una toma clandestina cada 35 minutos 4 segundos, mientras que en el estado Puebla fue cada 3 horas 53 minutos.

Sin embargo, las cifras van a la baja -al menos en el último mes-, luego de que de junio a julio, en los registros de tomas clandestinas por robo de hidrocarburo en el estado de Puebla, se registró un decremento del 4.66%.
 
Comparaciones

En el mes de julio, el estado de Guanajuato obtuvo el mayor número de registros de tomas clandestinas (TC´s) con 151, seguido de Hidalgo con 146, Jalisco 144 y Puebla 143, señala el estudio.

Sin embargo, se indica que aunque en la entidad poblana disminuyeron los registros de tomas clandestinas en julio, al observar el historial de enero a julio del 2018 continua ocupando la primera posición con las mil 318 tomas.

A Puebla le siguen loe estados de Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.

Igavim señala que cuando se revisa el historial a nivel nacional de enero a julio del 2018 los Estados que menos registros de tomas clandestinas presentaron fueron Chiapas con 6 tomas, Yucatán con 2, Aguascalientes y San Luis Potosí, apenas con una.

Asimismo, Las entidades federativas que mayor impacto en su incremento presentaron fueron los Estados de Durango, que aumentó hasta en un 900 por ciento y Tlaxcala con 655.88%.

Durango pasó de dos al registro de veinte tomas clandestinas, mientras que Tlaxcala de 34 a 257, de un año para el otro.
 
Registro: Tomas Clandestinas


La denuncia

Por medio de un comunicado, Pemex denunciará a los responsables de la toma clandestina que provocó el desalojo de los vecinos de la zona norte de la ciudad de Puebla.

Informó que procederá legalmente en contra de quienes perforaron el ducto Cactus–Guadalajara, y provocaron la fuga del hidrocarburo, para que las autoridades investiguen.

Petróleos Mexicanos presentará la denuncia ante el Ministerio Público, para que se efectúen las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades sobre este acto vandálico”, afirmó la paraestatal.

Además, Pemex hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar las tomas clandestinas que observen, anónimamente al teléfono 01 800 228 96 60 y a través del correo electrónico [email protected].

Aseveró estas representan además de pérdidas de recursos públicos, riesgos para la seguridad de la población y su patrimonio.

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