En mayo de 2014, el exgobernador del estado, Rafael Moreno Valle presentó ante la entonces LIX legislatura del Congreso local,  la Ley Bala, bajo el pretexto de que regulaba el uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado. Debía, se dijo en su momento, mantener el respeto a la libre manifestación de los ciudadanos. 

Dicho estatuto autorizaba el uso de armas, no letales, mismas que contemplaban: gases químicos, armas eléctricas y en el caso de las armas letales señalaba un protocolo para usarlas contra los delincuentes, incluso contra la población civil. 

A la defensa de la Ley 

La Ley fue aprobada el 19 de mayo, durante una sesión extraordinaria  del Congreso del Estado,  con 32 votos a favor y cinco en contra. El priista Víctor Manuel Giorgana Jiménez, entonces presidente de la  Junta de Gobierno y Coordinación Política externó que debía protegerse el derecho de los ciudadanos para manifestarse.

Quien entonces presidía la Comisión de Seguridad Pública, el panista Francisco Rodríguez Álvarez, se jactó que dicha Ley contemplaba prohibir el uso de la fuerza por simple sospecha. 

Antes de realizarse la votación, el diputado, en ese momento, del PRI Sergio Céspedes Peregrina justificaba el estatuto: “De ninguna manera se busca reprimir o limitar el derecho a manifestarse, lo que se busca es regular el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad para que no se extralimiten en sus facultades, y no abusen de la autoridad depositada en ellos”. 

Deja secuelas 

Apenas un día después de su aprobación, el 20 de mayo, más de 70 organizaciones no gubernamentales se manifestaron en contra de la Ley Bala, porque acusaron que se vulneraba el derecho a la libertad de expresión. 

A inicios de julio, se presentó la primera muestra de la fuerza norma, sucedió en la carretera federal Puebla-Tehuacán, donde pobladores de 28  juntas auxiliares aledañas mantenían tomado el Centro Integral de Servicios (CIS), además del bloqueo a la vialidad. En el hecho, al menos 150 policías emplearon gas lacrimógeno y balas de goma contra los manifestantes, el resultado dejó a 10 personas con lesiones y seis detenidos. 

Lloran a sus muertos

El 9 de julio, ocurrió el caso más trágico, fue la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien perdiera la vida a causa de un proyectil que le perforó el cráneo, luego del enfrentamiento entre policías y habitante de San Bernardino Chalchihuapan, que mantenían tomada la carretera federal y la autopista Puebla-Atlixco. 

En el caso Chalchihuapan, hubo un segundo muerto, se trató de José Martín Romero Montes, quien fuera ex presidente auxiliar del lugar. Durante el enfrentamiento, el hombre recibió una bala de goma que le destrozó el cachete, la lengua, quijada y las cuerdas bucales,  falleció por una bala que se alojó junto al riñón durante cuatro años. 

Para el 29 de octubre, durante un operativo contra presuntos huachicoleros, en la comunidad de La Magdalena Tetela, en Acajete, policías estatales dispararon contra un menor de 16 años. En éste acontecimiento, los vecinos del lugar señalaron que los uniformados irrumpieron en viviendas, amedrentando a los pobladores. En el suceso, los pobladores quemaron una patrulla en protesta por las agresiones, poco después se realizó una manifestación para detener al responsable del asesinato del joven. 

Abrogan la Ley 

Tuvieron que pasar cuatro años, y luego de instalarse la LX legislatura, para abrogar la Ley que permitía a la policía usar armas en contra de la ciudadanía. La decisión fue unánime, incluso, el grupo panista voto en contra de la ley promovida por Moreno Valle. 

Al principio la diputada priista, Rocío García Olmedo, respaldada por diputados panistas y el grupo de Nueva Alianza, exigían que se cumplieran las formas legislativas, es decir se analizara en comisiones. Ante la negativa de la mayoría de Morena (27 votos de 41) se dispensó el trámite y en la votación, los 41 legisladores aprobaron la eliminación de la Ley Bala.