Fantasmas de robachicos avivan
linchamientos en Puebla

Liliana Lazcano Vázquez
26, Sep 2018 a las 20:47

Foto: Agencia Enfoque

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Fantasmas de robachicos avivan linchamientos en Puebla

Liliana Lazcano Vázquez 26, Sep 2018 a las 20:47

De 2014 hasta el 30 de abril de 2018, más de 2 mil 800 niños han sido reportados como desaparecidos, según datos del gobierno federal. 


El linchamiento en agosto pasado de dos hombres en Acatlán, acusados de “robachicos”, no solo se convirtió en un foco nacional por el grado de violencia demostrado por los instigadores y autores materiales de los homicidios. También, despertó un miedo incrustado de manera profunda en el imaginario colectivo nacional: el terror a la desaparición de los infantes. 

La sospecha del rapto de menores ha sido y seguirá siendo motivo de homicidios de este tipo en el estado, justificados por la población por el aumento de la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades. Según el Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX), realizado en conjunto por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), Puebla ocupa el noveno lugar con 75.59 casos por cada 100 delitos cometidos.

En Ajalpan, el 19 de octubre de 2015, dos jóvenes fueron quemados por pobladores tras ser acusados de intentar secuestrar a una menor. Los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina, de 25 y 30 años de edad, respectivamente, habían llegado a la comunidad para realizar encuestas sobre tortillerías por parte de la empresa Marketing Estratégico.  

No obstante, después de algunas jornadas, los lugareños se incomodaron porque los hombres “hacían muchas preguntas” y debido a que supuestamente intentaron raptar a una niña, razón por la que fueron detenidos por elementos municipales. Pese a que las autoridades los encontraron inocentes, una multitud los sacó a la fuerza de la cárcel y los arrastró hacia el zócalo, donde los golpearon y, con maderos y gasolina, les prendieron fuego hasta darles muerte.

Este caso pareció repetirse el pasado 29 de agosto, cuando en la comunidad de Boquerón, de Acatlán, dos agricultores también fueron señalados por los habitantes de tratar de secuestrar a dos niños, de tal modo que fueron asegurados en la comandancia municipal. Horas más tarde, Ricardo Flores Rodríguez, de 21 años de edad, y Alberto Flores Morales, de 56 años, fueron sustraídos por la muchedumbre que permanecía a las afueras de las instalaciones y que comenzó a golpearlos frente a decenas de testigos.

Después de la paliza y casi inconscientes, los instigadores les rociaron gasolina y los quemaron hasta cerciorarse de su deceso. La Fiscalía General del Estado confirmó que los hombres, padre e hijo, se dedicaban a las labores del campo. Aquel día, habían acudido en su vehículo a la comunidad con la única intención adquirir materiales para construcción, según declaró la esposa y madre de las víctimas.

Apenas unos días después, el 5 de septiembre, en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla de San Pedro Cholula, cerca de 150 pobladores incendiaron el vehículo donde se trasladaban dos sujetos que, de presuntos asaltantes de cuentahabientes, habían sido convertidos en “robachicos”. 

Según el reporte de la Policía Municipal, los delincuentes pretendían asaltar a un par de hombres que recién habían salido de una sucursal bancaria, pero ante los llamados de auxilio, vecinos de la zona los rodearon y trataron de lincharlos instigados por la repentina idea de que habrían intentado secuestrar a un niño. Los hombres robaron una motocicleta y lograron escapar, mientras las autoridades solicitaron a la ciudadanía “evitar caer en actos de violencia y generar psicosis compartiendo información que ha permeado en la entidad los últimos días”.

¿Violencia reprimida o alarma nacional?

En los casos anteriores se siguió un patrón de conducta grupal, donde los rumores de sobre los presuntos secuestros de niños fueron esparcidos con notoria rapidez y los asesinatos o, su intento, se caracterizaron por una violencia exacerbada, como si los acusados debieran sufrir una pena máxima por intentar tomar a los menores de la comunidad. 

En agosto de este 2018, tras el linchamiento de Acatlán, la Fiscalía General del Estado (FGE) negó la existencia de casos de robos de menores y mencionó que los presuntos reportes trascendidos en aquellos días responden a lo que llamaron “un fenómeno de desinformación que está ocurriendo a nivel nacional”.

Por lo tanto, la dependencia llamó a la “ciudadanía a no hacer caso de esta información falsa, en caso de tener algún incidente de naturaleza delictiva que pudiera vincularse con la no localización de un menor, deben acudir ante el agente del Ministerio Público o llamar a los números de emergencia”, reiteró. 

Sin embargo, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de enero de 2014 hasta abril de 2018, se tiene el reporte de 18 mil 647 personas no localizadas, según los "registros de averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común". 

De la totalidad, 2 mil 873 corresponden a menores de 0 hasta los 14 años de edad, mientras en el último informe anual suman 114 registros en Puebla.

A nivel nacional, para diversas organizaciones los números de desapariciones de menores son alarmantes. En abril de 2017 la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Lario acusaron ante los medios que los extravíos de menores aumentaron 70 por ciento durante el sexenio del presidente de Enrique Peña Nieto. 

Además, se destacó que en el país se carece de “políticas públicas eficaces para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición” y que las estrategias de búsqueda, como la Alerta Amber o el Protocolo Alba, son ineficientes, dijo entonces Ana Lorena Delgado, integrante de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho. 

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