Ahora el Congreso del estado va en contra de los Centros de Compromiso Ambiental, que operan desde 2014, los que sustituyeron a los 80 Centros de Verificación Vehicular. Y es que se solicitará un informe a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) sobre la clausura de los centros y la apertura de los que sustituyeron.
El punto de acuerdo presentado por la diputada Leonor Vargas fue turnado a Comisiones Unidas para su análisis y en su caso aprobación. El documento precisa que la dependencia a cargo de Rodrigo Riestra Piña debe entregar información íntegra de los expedientes concernientes a las clausuras de los centros de verificación y de las licitaciones otorgadas para la operación de los centros.
La legisladora local dijo que en su momento el grupo de concesionarios de los 80 Centros de Verificación Vehicular denunciaron diversas irregularidades en la otorgación de las concesiones a los nuevos centros de operación, con el objetivo de otorgar los permisos a Jorge Kahwagi quien es primo de Cabalán Macari, exfuncionario estatal y cercano a Rafael Moreno Valle, por lo que se presume que hubo intereses económicos en la otorgación de los permisos.
“A la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) haga entrega integra de los expedientes concernientes a las clausuras de los Centros de Verificación Vehicular, durante los años 2014 y 2016, así como las licitaciones otorgadas para la licitación de los denominados Centros de Compromiso Ambiental de 2014 a la fecha, considerando que el gobierno poblano instruyó la clausura de 80 centros de verificación vehicular bajo el argumento de implementar la operación de un nuevo sistema de verificación que estaría armonizado con las labores correspondientes con las seis entidades de la Megalópolis”, dijo en tribuna.
La legisladora local recordó que el presidente de la Asociación de los Centros de Verificación, José Luis Góngora Calvario, denunció que en su momento fueron cerrados, pero sin fundamento sustentado los centros que operaban en Puebla, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Atlixco, Tehuacán, Xicotepec, Tepeaca, Zacatlán, por mencionar algunas demarcaciones.
Esta situación, ocurrida en 2014, violó los derechos de los concesionarios y además se perdieron decenas de empleos, por lo que es necesario abrir los expedientes de los centros que cerraron y la apertura de los nuevos centros.
Cabe recordar que, a partir de 2014, el gobierno del estado cerró los centros de verificación que operaban en el estado, con el argumento de que se detectaron actos de corrupción y los procedimientos de verificación vehicular eran incorrectos.
En su defensa, los concesionarios negaron actos de corrupción, incluso las supuestas irregularidades detectadas por las autoridades estatales, que en su momento se denunciaron.
