A cuatro años de la clausura de los Centros de Verificación Vehicular, ordenada por el gobierno de Rafael Moreno Valle, se perdieron más de mil fuentes de trabajo y algunos de los propietarios murieron en la pobreza ya que perdieron su patrimonio, advirtió el representante de la Asociación de Centros de Verificación, Martín Maldonado, quien acusó que ahora es un negocio de familias.

En entrevista, el empresario explicó que la verificación de automóviles, que rebasaba el 60 por ciento del parque vehicular, se redujo a menos del 30 por ciento, ya que los Centros de Compromiso Ambiental no cuentan con la capacidad para atender la demanda de los poblanos y, por lo tanto, aumentó la contaminación en las zonas urbanas.

Aclaró que, a diferencia del gobierno de Rafael Moreno Valle, quien tenía como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) a Mario Rincón, tanto el gobernador Antonio Gali como Rodrigo Riestra han mostrado disposición para resolver el problema sin una persecución, como ocurría anteriormente.

Maldonado confió en que antes de terminar la gestión, puedan ser recibidos por el ejecutivo para plantearle la situación por la que han pasado durante más de cuatro años, pues declaró que al año de que les fueron clausurados los centros, fallecieron dos de sus compañeros, mientras otros han perdido su patrimonio.

Empresas irregulares

Martín Maldonado indicó que son dos los dueños de la mayoría de los hoy llamados Centros de Compromiso Ambiental, mientras 13 de las 17 empresas que operan, antes de obtener la concesión por parte del gobierno del estado, fueron sancionadas y clausuradas en la capital del país por incumplir con la norma, así como cometer actos de corrupción.

Señaló que no es posible que Moreno Valle les quitara el trabajo a los poblanos para entregarlo a empresas que no cumplían  con las normas y, solo por relaciones personales o un pago de favores, se le otorgara el manejo a Jorge Kahwagi Macari, primo del entonces secretario de Administración, Cabalán Macari Álvaro.

Dijo que no se tiene nada en contra de la gente de la capital del país, pero debe competirse en igualdad de condiciones y en estos casos hubo favoritismo y dejaron en la calle a 83 empresarios y sus trabajadores.

Las omisiones

El representante recordó que ya hay una solicitud en el Congreso para trasparentar la entrega de las concesiones, pero se tendrá que ir más allá, pues desde un inicio las empresas no cumplieron con lo establecido en la convocatoria y algunos de ellos incluso debieron negárseles la concesión, ya que registraban situaciones irregulares operando en otros estados.

Martín Maldonado reiteró que hubo omisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial que encabezaba Mario Rincón, una vez que documentos del proceso de asignación de las nuevas concesiones demostraron que las empresas del Distrito Federal incumplieron desde un principio la convocatoria emitida e, incluso, la propia concesión.

Recordó que en la convocatoria se establecía que para operar un centro de verificación se debía contar con una superficie mínima de mil 200 metros, en el caso del centro de la 25 oriente y 20 sur, la superficie máxima alcanza apenas los mil metros cuadrados.

También se supo que los ganadores de la licitación no tenían disponibles los terrenos al momento de la adjudicación.

Uno de los argumentos que se manejaron para el cambio del sistema, dijo, fue la armonización con el Distrito Federal y otros estados por un acuerdo que existe

Dijo que el convenio fue llamado Megalópolis y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Octubre de 2013, donde no se hace mención a las clausuras ni el cambio de tecnología para los centros.