La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Lourdes Dib Álvarez, informó que se integran al menos 60 expedientes en contra de servidores públicos y ciudadanos por cometer actos de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos. 

La magistrada informó que una vez que queden integrados y juzgados los expedientes entonces se dará a conocer detalle de los mismos, ya que por el momento se impide publicar cualquier tipo de información respecto al tema, debido a que se deben proteger los datos personales. 

Sin embargo, adelantó que los ciudadanos también son sancionados por cometer actos de corrupción, es decir, que no sólo los servidores públicos merecen castigos, ya que con la entrada en función del Sistema Estatal Anticorrupción establece que se debe castigar este tema de forma general. 

La magistrada consideró que en Puebla hace falta trabajo respecto a la difusión del Sistema Estatal Anticorrupción, pues se desconoce su operación, por lo que es importante que los ciudadanos inculquen la cero tolerancia a este tipo de hechos. 

"En cuanto a informes de presunta responsabilidad tendremos unos 60, son responsabilidades de servidores públicos que no son una novedad, aquí la novedad es que tratándose de faltas graves ahora  se involucra también a los particulares que pudieran haberse relacionado con la dirección y el uso que se le da al dinero público que es lo que nos interesa", puntualizó. 

El procedimiento

La magistrada, Lourdes Dib Álvarez, detalló que para la integración de cada expediente, también participan la Auditoría Superior del Estado (ASE) y las contralorías de cada ente público fiscalizable, para detectar actos de corrupción y sancionarlos. 

Cuando llega una denuncia a la Fiscalía Estatal Anticorrupción: "Se detectan y se forman  las carpetas de investigación que se llaman informes de presuntas responsabilidades donde el Tribunal ahora es el que sanciona no la contraloría, no la Auditoría Superior. Ellos hacen todo el proceso de investigación y el recabamiento de las pruebas y evidencias que llegan a nuestro tribunal para que nosotros lo registramos". 

En este orden, la magistrada señaló que hasta el momento se están integrado esos 60 expedientes, que aunque parecen mínimos, ya funciona el Sistema Estatal Anticorrupción y el llamado a los ciudadanos de manera general es a combatir este problema. 

Caso Tehuacán  

De las posibles acciones de corrupción y desvío de recursos de Tehuacán, presuntamente cometidos por Ernestina Fernández Méndez, ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer el procedimiento administrativo, la magistrada señaló que es un caso que en primera instancia debe atender la ASE, pero en el caso de haber denuncias concretas entonces corresponderá primero atenderse en la Fiscalía Anticorrupción y desahogarlo en cualquiera de las ponencias del tribunal de Justicia Administrativa. 

"Desde luego todo eso puede  llegar a nosotros, sin embargo, en algún mal manejo de dinero público hay parte que son de fondos federales, de participaciones federales y es cuando entra la ASE la que hace la investigación integral del seguimiento del recurso público que es lo que nos interesa que se ocupe y que llegue a donde debe llegar", refirió. 

La magistrada refirió que, además de que en el Tribunal se verifiquen casos de cuentas públicas, cuando haya desvíos de recursos y actos de corrupción, previo denuncias, por su parte la ASE tiene que seguir sus procedimientos, como lo marca la Ley de Fiscalización y también los diversos ordenamientos legales para la revisión de las cuentas públicas. 

Finalmente, la magistrada señaló que de los expedientes que se integran "tenemos de varios municipios y de autoridades del estado, así como diversos niveles, ya del ámbito federal o de recursos federales se encargan las autoridades federales".