Por mayoría de votos, en la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la LX Legislatura, aprobó instruir a la Auditoría Superior del Estado, entregar a la Comisión Inspectora, los expedientes que contienen los de las cuentas públicas  del Poder Ejecutivo del 1 de enero al 31 de octubre de 2016 y del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016 y del ejercicio comprendido del 1 al 31 de enero del 2017.

Con la presencia del Auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, se aprobó también, dentro de este acuerdo, que se emita por parte de la Comisión Inspectora, un análisis con estudio y resolución respecto al contenido de dichos dictámenes.

Oswaldo Jiménez López, advirtió que, como en materia penal, en el ámbito administrativo, no puede volverse a juzgar lo que ya ha sido analizado y resuelto, además de vulnerar el principio de cosa juzgada, pues, volver a analizar las cuentas públicas señaladas, equivale a que el Congreso del Estado pretenda revocar sus propias resoluciones.

Advirtió que, además de afectar los principios de la definitividad, más bien parece venganza política, por lo que manifestó en contra de este acuerdo que deberá ser sometido al Pleno en próximas sesiones.

En tanto el presidente de la Comisión Inspectora, José Juan Espinosa explicó que el Artículo 115 Constitucional obliga a la Auditoría Superior a presentar los informes que se le sea solicitada , a través de dicho órgano legislativo refirió que las cuentas a reabrir, son los expedientes parciales, además se asegurar que, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera del 2016, obliga a los entes públicos a reportar cualquier tipo de obligación financiera y deuda, incluyendo los PPS , lo cual no fue reportado por la LIX Legislatura.
 
Serias irregularidades

En tanto, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo refutó que esta solicitud de revisión no obedece a intereses políticos, sino a esclarecer aspectos financieros que ni han tenido respuesta, observados incluso por la Auditoría Superior de la Federación, donde, por ejemplo en el informe de resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, de fecha 15 de febrero de 2017, se detectaron diversas irregularidades  en el año 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos, independientemente de las irregularidades por más de 1 mil 75 millones de pesos, por diversas irregularidades derivadas de obras ejecutadas con sobrecostos, así como por obras que se pagaron y no se acreditó su existencia.

Refirió que dichos sobre costos y observaciones se dieron en las obras más destacadas de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle como el Museo Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el Proyecto Arqueológico Cholula y la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado.

También enlistó diversas irregularidades en los recursos ejercidos de los programas para el agua potable, alcantarillado, saneamiento para zonas urbanas, tratamiento de aguas residuales y el Fondo Metropolitano y cuyas observaciones superan los 2 mil 666 millones de pesos.

Durante la revisión de la cuenta pública 2016, en gasto federalizado se establecieron 110 observaciones por parte de la Auditoría, sin embargo solo se solventaron un total de 48 y quedan pendientes 62. Mientras, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el gobierno del estado no solventó el ejercicio de 19 mil 200 millones de pesos, tan solo de la cuenta pública del ejercicio 2016.

Por su parte, el Auditor Superior del Estado refirió que, en cuanto se haga la petició0n formal fundada y motivada sobre este acuerdo, de igual forma se dará respuesta puntual, siempre bajo el amparo de la ley y sostuvo el argumento del diputado Oswaldo Jiménez, al señalar que las cuentas del ex gobernador fueron analizadas y juzgadas.

En esta misma sesión también fue aprobado por mayoría, la reducción del presupuesto a la Auditoría Superior del Estado, bajo el principio de austeridad y con la cancelación de gastos superfluos.
 
En contra de la reducción

El  auditor superior, David Villanueva Lomelí advirtió que el Congreso del Estado no puede reducir el presupuesto a la Auditoría Superior del Estado (ASE) porque estaría contraviniendo las leyes vigentes.

En entrevista posterior a su participación en la sesión de la Comisión Inspectora, dijo que en cumplimiento con los tiempos legales presentó un anteproyecto de presupuesto por 154 millones 376 mil 219 pesos.

Señaló que esta proyección está basada en las necesidades de la ASE conforme al trabajo que han venido desarrollando en los últimos años considerando el escenario económico e impulsando una política de austeridad.

Cuestionado sobre la propuesta del presidente de la Comisión Inspectora para recortar a 140 millones de pesos el presupuesto de la ASE para 2019 por una serie de excesos cometidos en la ejecución de los recursos, rechazó estos señalamientos.