Las comisiones unidas de Hacienda, y Transparencia en el Congreso del Estado, aprobaron el dictamen que será presentado al pleno para modificar la Ley de Deuda Pública, así como la de Transparencia, con lo cual se dará a conocer la verdadera deuda heredada por la administración de Rafael Moreno Valle, la cual se estima llega a los 69 mil millones de pesos.

Durante la sesión se aprobó la modificación a los artículos  6  de deuda Pública y 17,18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de Puebla, así como la fracción 77 del artículo 22 de la Ley de Transparencia, con los votos en contra de los diputados del Partido Acción Nacional.

De acuerdo con el dictamen aprobado por las comisiones los Proyectos para la Prestación de Servicios serán considerados como pasivos, de esta manera tendrán que transparentarse los montos.

La presidente de la Comisión de Transparencia, Olga Lucía Romero Garci Crespo indicó que hay que terminar con la opacidad con la que se manejan los recursos públicos, pero además que se conozca realmente el monto de la deuda heredada.

Sostuvo que con la aprobación se tendrá que conocer también las operaciones que se realizan a través del fideicomiso que opera la empresa Evercore del ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.

En la reforma a la ley de Deuda Pública, artículo 6 se eliminan las fracciones I y II que protegían a los PPS al mostrar que no constituyen deuda pública los contratos de Asociaciones Público-Privadas, entre los que se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, los Proyectos para la Prestación de Servicios, Proyectos de Inversión, Obra Pública Financiada, ni los compromisos derivados de los mismos.

También la segunda fracción “Las afectaciones y los mecanismos de afectación que se instrumenten en relación con dichos contratos y proyectos”.

La reforma morenovallista

La anterior legislatura aprobó, reformar el primer párrafo del artículo 18, los artículos 19, 54 y 61; y adicionar el último párrafo del artículo 18 y el artículo 52 bis de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado para que no se conocieran los pasivos por este concepto.

También avaló la Iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 13, reformar el segundo párrafo del artículo 15, reformar el artículo 27 y adicionar el capítulo tercero BIS y los artículos 29 BIS, 29 TER, 29 Quarter, 29 Quinquies y 26 Sexies de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el cual adiciona el capítulo denominado Capítulo Tercero Bis de los Proyectos de Inversión.

Otra reforma fue la del el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado, en la que no se constituye deuda los Proyectos para Prestación de Servicios a largo Plazo, así como las afectaciones ni los mecanismos de afectación que se instrumenten en relación con dichos contratos y proyectos.

En la reforma de contemplo que los proyectos que se realizarán bajo este esquema no fueran considerados como deuda pública.

Rechazan enajenar el edificio del Hospicio

Por otra parte en comisiones unidad, por mayoría de votos se aprobó un dictamen para rechazar la enajenación del edificio del antiguo Hospicio y exhortaron al gobernador, Antonio Gali Fayad, para que done el inmueble a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y sea utilizado con fines culturales. El Partido Acción Nacional (PAN) criticó esta decisión.

Se  dijo que este inmueble histórico no puede ser vendido y utilizado para la construcción de una plaza comercial por lo que los legisladores acordaron frenar el proceso de enajenación.

José Juan Espinosa destacó que en la reunión que sostuvieron con el rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, le plantearon el proyecto de donación del inmueble ubicado en Avenida Reforma 710 en la ciudad de Puebla y en caso de concretarse les aseguró que el espacio tendría una utilidad pública.

Sentenció que no se puede argumentar que mantener el inmueble como patrimonio de los poblanos y rehabilitarlo después del sismo es un gasto oneroso y por lo tanto se busque deshacerse de este edificio para obtener recursos económicos que, dijo, no está claro cuál será su destino.

El presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, anunció que solicitarán a la administración estatal que presente al Congreso la información que sustente la imposibilidad de mantener en buenas condiciones el inmueble y considerarlo un gasto oneroso.