A partir de 2019 se suspenderá el pago de refrendo de las concesiones que se realiza cada diez años por 25 mil pesos, ahora solo se incrementará el pago anual en 500 pesos en promedio, pero las revisiones cada año serán obligatorias, luego de la aprobación del Congreso a principios del mes de septiembre.

Luego de que el ejecutivo anunciara que no se incrementaría la tarifa del transporte público luego de las presiones de un grupo de permisionarios, se explicó que el objetivo de la reforma propuesta por el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, para reformar la Ley de Transporte y facilitar el pago del refrendo de las concesiones a los permisionarios bajo un esquema de prorrateo.

El subsecretario del transporte, Alberto Vivas Arroyo, explicó que esta reforma busca ofrecer una opción a los transportistas para cubrir el pago de este derecho. Precisó que en 2006 se estableció que los permisionarios pagaran cada 10 años el refrendo de sus concesiones.

Subrayó que cada década los transportistas deberían realizar un pago único de 25 mil pesos, pero con la modificación lo harán anualmente fraccionando la cantidad para que cumplan puntualmente.

"Lo que estamos haciendo es que en lugar de que sea un pago de cada 10 años que lo único que hace es que sea un pago más fuerte a ellos, es hacerlo de manera anual como lo vienen haciendo y a ellos se les facilite y que cumplan con sus obligaciones fiscales”, dijo.

Vivas Arroyo precisó que el pago anual que realizarán los transportistas será de 2 mil 200 pesos conforme a la reforma de los artículos 65, 70 y 79 de la Ley Estatal de Transporte de Puebla, eliminando el pago de cerca de 20 mil pesos que tenían que hacer la mayor parte de los permisionarios a partir del próximo año.

Responsabilidad

Por otra parte, el subsecretario explicó que desde 2017 se han realizado cambios para mejorar el servicio sin afectar a los concesionarios, pero destacando garantizar la seguridad de los usuarios y evitar que los choferes incurran en prácticas delictivas.

Con las reformas que entraron en vigor durante la administración del gobernador Antonio Gali, los concesionarios, permisionarios y las empresas de transporte tendrán la obligación de proporcionar capacitación a sus conductores para que la prestación del servicio sea eficiente, segura y con apego a las políticas de equidad de género, no discriminación y respeto de los derechos humanos.

Además, deben tramitar una licencia para conducir del servicio público mercantil, así como obtener un certificado en materia de derechos humanos y equidad de género expedido por un ente gubernamental y presentar una Carta de No Antecedentes Penales cada seis meses.

También se deberá transparentar el padrón de choferes de unidades del transporte ejecutivo, así como las ERT se convertirán en responsables solidarios ante algún accidente o situación ilícita en la que incurran para responder ante los afectados.

“La Secretaría deberá ser informada de manera mensual respecto al nombre y datos personales de los conductores o choferes respecto a la prestación del servicio público de transporte ejecutivo y mercantil”.