El magistrado José Luis Vargas Valdez, rechazó tajante presiones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en virtud del sentido de su proyecto por el cual propone la anulación de la elección a gobernador en Puebla, defendió que la sentencia “tiene exhaustividad, analizamos cada una de las pruebas que se presentaron. Yo francamente no sé dónde estaría la presión, es una convicción ese proyecto”.

El juzgador electoral insistió que la sentencia emitida, que será puesta a consideración del pleno del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), especifica que se rompió la cadena de custodia y los principales responsables son los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), quienes deben ser sancionados, por lo que rechazó presiones.

Ni siquiera fuimos convocados a la toma de protesta, no hay tal cosa. Yo no he tenido mayor vínculo con los nuevos actores de gobierno, hemos recibido una vez a la exministra Olga Sánchez Cordero, en una plática abierta en su rol de futura secretaria de gobernación y más allá no hemos tenido contacto. Es una decisión que tomo con absoluta convicción del caso y a veces les toca ganar y a otros perder y si analizan la anulación de Monterrey hay elementos en torno a cómo se afectó la cadena de custodia y se tiene que garantizar la certeza y resguardar la voluntad de los ciudadanos en los paquetes”, dijo.

Entrevistado tras acudir a un evento en Cancún, el juzgador electoral defendió su proyecto y aseguró que fue debidamente analizado, tomando en cuenta las más de 5 mil hojas en las que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plasmó las irregularidades cometidas, por lo que dijo que al romperse la cadena de custodia el principal responsable es el órgano electoral local, pues no garantizó el cuidado de los votos que emitieron los miles de ciudadanos.

Recordó lo que plasmó en su proyecto de sentencia, pues ante la “grave” responsabilidad del Consejo General del IEE, debe ser el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice y atraiga la elección extraordinaria.

Vargas Valdez refirió que éste es uno de los asuntos más importantes en la vida electoral, por lo que no comete ninguna violación a ordenamientos legales por hacer público el proyecto de sentencia, por el contrario, defendió “que se trata de un acto de transparencia”.  

La sentencia, dijo, contempla que los mismos partidos políticos que participaron en el proceso electoral ordinario, participen en el proceso extraordinario, cuya elección sería en febrero, con los mismos candidatos y candidata, pues la responsabilidad recayó en el órgano electoral local.

Actores tienden a politizar acciones, dice magistrado

El magistrado electoral señaló que cualquier actor, ya sea el promovente o el demandante, generalmente tienden a politizar los temas; sin embargo, defendió que las más de 5 mil fojas de pruebas “tiene exhaustividad, analizamos cada una de las pruebas que se presentaron”, por lo que no hay ningún tipo de presión.

En este sentido, el magistrado dijo que esta semana será abordado en el pleno del TEPJF, por lo que cada magistrado emitirá su postura respecto al proyecto, pero insistió que cada punto fue debidamente analizado.

Repiten candidatos, pues la responsabilidad fue del IEE

El magistrado advirtió que el órgano electoral local fue omiso en el cuidado de los paquetes electorales, por lo que no hay motivo para que participen otros candidatos, sino los mismos, en este caso, los principales actores, Luis Miguel Barbosa Huerta y Martha Erika Alonso Hidalgo.

Los mismos toda vez que, en caso de que se apruebe el proyecto, es atribuible la afectación a los juicios a la autoridad electoral local con lo cual mi propuesta es darle vista al INE para efecto de que se inicie un proceso de responsabilidad contra los consejeros locales y que el INE atraiga la elección del proceso electoral”, señaló.

En febrero la elección a gobernador

El magistrado dijo que de aprobarse su proyecto en el pleno, se tienen 60 días para la organización de la elección, por lo que en febrero se estarían llevando a cabo los nuevos comicios, el proceso debe ser corto en virtud de que se trata de una entidad, en donde habitan más de cinco millones de ciudadanos.

En este orden, dijo que el INE directamente se tiene que hacer cargo de esta actividad, además de proceder a las sanciones correspondientes de los consejeros del IEE.