A una horas de que Martha Erika Alonso Hidalgo rinda protesta como gobernadora del estado, el coordinador de los diputados por Acción Nacional, Marcelo García Almaguer advirtió que no existen las condiciones para que lo haga ante el pleno del poder legislativo debido a la actitud hostil e irresponsable de los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional. 

En entrevista el legislador expuso que en total son cinco días los que ha estado sin actividad el poder legislativo debido a que los legisladores de Juntos Haremos Historia se niegan a aceptar que el proceso electoral ya terminó, y de manera unilateral suspendieron las sesiones.

Recordó que el grupo legislativo “Por Puebla al Frente” el pasado 29 de noviembre previo a la sesión solemne para la entrega del informe del gobernador Antonio Gali Fayad, se hizo público un acuerdo de respeto y cordialidad, para que se desarrollaran sin contratiempos los trabajos en el poder legislativo.

García Almaguer insistió en que el objetivo era  terminar con los conflictos que se han presentado en el Congreso del Estado y que han derivado en insultos y agresiones entre los legisladores, pero los legisladores de Juntos Haremos Historia se negaron a poner su rúbrica mostrando realmente cuál es la actitud que van a mantener en los siguientes años.

Expuso que cada uno de los 22 diputados de Juntos Haremos Historia en los cinco días en los que no han trabajado siguieron cobrando su salario, y son 10 mil pesos en promedio, que representan en global 220 mil pesos de los poblanos tirados a la basura.

Reiteró que ante esa falta de condiciones para rendir protesta ante el pleno del Congreso del Estado, lo conveniente es que se haga ante el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia como lo establece la ley cuando se presentan este tipo de situaciones. 

Recordó que el documento fue firmado por los legisladores del PAN, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, así como Movimiento Ciudadano.

Indicó que el escrito tiene cinco puntos, Respeto y Cordialidad, cooperación, pluralidad, inclusión y apertura, señalando la importancia de lograr acuerdos y acabar con el clima de inestabilidad que se tiene.

Solo absurdos

Marcelo García Alamaguer reiteró que es absurda la idea de plantear la desaparición de poderes en el estado, como ahora salió a declararlo el diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres.

El legislador puntualizó que si hubieran seguido el procedimiento legislativo en las diferentes reformas, en estos momentos no habría problemas ya que habrían publicado sin problemas.

Rechazó que haya un revanchismo político una vez que la refirió que la reforma a la Ley de Expropiaciones del Estado ya fue publicada ya que se cumplió con el procedimiento legislativo, sin embargo en las reformas como abrogación de la Ley de Derechos Humanos que Regula el uso de la Fuerza Pública, la reformas a las leyes Orgánica Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado, no hubo ese cumplimiento.

Comentó que hablan de fortalecer la institucionalidad, pero los diputados Barbosistas han fallado, pues no saben que el actuar del ejecutivo es por el bien de los poblanos y no hacen lo que les corresponde y violentan el proceso.

Recordó que utilizaron de manera unilateral el emblema del Congreso para una postura de un solo grupo legislativo, y asumen una postura pública sin que sea posicionamiento que haya sido aprobado por el pleno.

Insistió en  que el desplegado tiene errores sobre todo en lo referente en la Desaparición  de Poderes, y en la Constitución Política, artículo 76 de establecen las causales para que se tome esta medida.

Indicó que es una petición fuera de lugar insensata, y llamó al responsable de la publicación José Juan Espinosa para que no violente el proceso legislativo, y de pena ajena.

Sostuvo que no se han quebrantado los principios del régimen federal, tampoco han abandonado el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor, tampoco están imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.