La Comisión Permanente acordó respaldar a Natalia Vázquez Urbina en su denuncia penal en contra del presidente municipal de Los Reyes de Juárez, Manuel Herrera Ponce, por los delitos de daño en propiedad ajena, despojo y lesiones, luego de que personal del ayuntamiento destruyó los linderos de su propiedad.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, los diputados de las diferentes fracciones demandaron al procurador general de Justicia, Víctor Carrancá, entregue un informe de las denuncias 1080/2011/Tepeaca y 1173/Tepeaca, una vez que existen pruebas de los hechos.
Tanto el diputado Jesús Zaldívar Benavides como David Huerta indicaron que nadie puede estar sobre la ley, luego de que una de las afectadas se presentó aún con lesiones — presuntamente provocadas por órdenes del edil— pues en el Congreso del estado no solapa a nadie y no puede permitir actos de caciquismo.
Zeferino Martínez Rodríguez del Partido del Trabajo también condenó la agresión física y dijo que antes de llegar a esos actos, es necesario agotar el diálogo.
Manuel Herrera Ponce ganó la elección el pasado 4 de julio representando a la coalición Compromiso por Puebla.
En la sesión los diputados se sumaron a la propuesta del Congreso de Colima, para que se envié al Congreso de la Unión las modificaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los servicios financieros, además las relacionadas con casas de empeño.
La iniciativa del Congreso del estado de Colima solicita también la reforma al artículo 363, relativos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
De ser aceptada esta modificación, los contratos que se encuentren en situación irregular quedarán sin validez, con ello se terminarán los vicios que existen principalmente al no contar con letra legible.

El tema de los mototaxis
En la sesión, el diputado Zeferino Martínez Rodríguez presentó el posicionamiento político de su fracción con relación al tema de los mototaxis, pues dijo es un medio de transporte económico y necesario en municipios que no cuentan con servicio urbano de transporte.
Reiteró la propuesta presentada en la pasada sesión donde pidió generar un marco jurídico que regule y dé sustento legal a un servicio de carácter público que da empleo a más de 15 mil trabajadores y crea condiciones de vida para más de 8 mil familias en el estado.
Ante algunos prestadores del servicio, dijo que los conductores los ponen en un área pública de ilegalidad, sin tomar en cuenta las experiencias nacionales e internacionales de la prestación del servicio de mototaxis, como una experiencia exitosa del transporte público regulada por el estado.
“Si resultase ilegal, entonces deberíamos emitir puntos de acuerdo invitando a la Federación para que las aduanas mexicanas no permitieran la entrada al país de esos vehículos o exhortar a la Secretaría de Hacienda a que impida la venta de los mismos en las agencias autorizadas.
”Creemos que las instancias de gobierno en el estado deberían revisar el contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2014, que plasma en su diagnóstico que “el sistema actual de transporte público está en condiciones precarias de operación, donde prevalecen la ineficiencia, la mala calidad, la falta de una regulación adecuada, la desorganización, la poca confiabilidad, la mala operación de los vehículos, obsolescencia y la excesiva contaminación ambiental de los mismos.”

Contra la letra chiquita
La secretaria de la mesa, Josefina Buxadé explicó que se trata de eliminar la llamada “letra chiquita” de los contratos y documentos comerciales para que los clientes no caigan en trampas por parte de los prestadores de bienes y servicios.