De aprobarse las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso Público, un ciudadano tendrá que acudir personalmente a las oficinas de la CAIP a interponer un recurso de revisión, sin que pueda hacer uso de internet como hasta ahora. Incluso las reformas no contemplan eliminar el secreto bancario o de fideicomisos, a pesar de que se ejerza en ellos dinero público o del erario.

Así lo señaló la presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Lilia Vélez Iglesias, quien confió en que los diputados cambiarán ese punto, ya que inhibirá a los ciudadanos para solicitar información.

También señaló que la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) corre el riesgo de paralizarse al habérsele recortado el presupuesto de 2012, y lamentó que la iniciativa de ley presentada este jueves ante los diputados locales no elimine el secreto bancario y fiduciario, pues cada vez se utilizan más los fideicomisos para manejar recursos públicos.

La excomisionada de la CAIP señaló groso modo que las reformas benefician a la transparencia, aunque todavía hay puntos que deben ajustarse, como el señalado. Además, reconoció que el proyecto tiene cambios positivos, como la ampliación de las obligaciones de transparencia y de información pública de oficio, por lo que las dependencias tendrán que poner en sus páginas de internet información aunque no sea solicitada. Asimismo, la disposición de que las resoluciones de la CAIP serán inatacables y definitivas, así como un capítulo de sanciones en el que se precisan las conductas que se harán acreedoras de amonestaciones e incluso de inhabilitaciones.

Respecto a los recursos de la CAIP, señaló que la decisión de los legisladores complica la situación de la comisión, ya que es uno de los órganos más débiles del país al tener el quinto presupuesto más bajo.

Solamente manejará está “área de la transparencia” más recursos que Baja California, Michoacán, Guerrero y Jalisco, según el estudio Métrica de la Transparencia 2010.

“Cuando se apruebe la Ley de Transparencia, la CAIP va a tener más atribuciones y más sujetos obligados qué vigilar pero menos recursos, por lo que existe riesgo que se puede paralizar la operatividad”, advirtió.

Por su parte, Roberto Alonso Muñoz, integrante de la Amedi, criticó que los legisladores no consideren en la reforma la prueba de daño e interés público, ya que facilita a los sujetos obligados la reserva de la información.

Será hasta el próximo jueves 15 de diciembre cuando la propuesta de reforma se presente ante el pleno del Congreso del Estado y, en su caso, su aprobación. Cabe recordar que el gobierno de Puebla se convirtió en una de las entidades que cobra más por informar a sus ciudadanos en toda la República, incluso casi duplicando los costos de estados como Nuevo León y Sonora, y sólo por debajo de Campeche.

La reforma que aprobaron los diputados locales y que encarece la entrega de información pública referente a gastos ejercidos, podría violar artículos de la Constitución en la materia, según especialistas, pues sólo busca poner trabas a la ciudadanía para inhibir el derecho a la información, lo que violaría incluso leyes, por lo que se preparan amparos por parte de organismos civiles. Ahora, los ciudadanos tendrán que erogar grandes cantidades de dinero, luego de que los diputados locales aprobaron que se cobre a cada persona que solicita información la cantidad de 80 pesos por hoja notariada.

Rafael Hernández García Cano, expresidente del capítulo Puebla de la CAIP, señaló que la única opción es recurrir a los amparos, ya que se viola el derecho a la información. Además, criticó al gobierno de Rafael Moreno Valle y a los diputados locales de haberse mostrado en campaña como críticos del gobierno anterior, utilizando el eslogan de “cambio” sólo para allegarse de votos.

Pero ahora —dice— tanto el gobernador como los legisladores del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano se comportan igual que la pasada administración, por lo que afirmó que Puebla es uno de los estados con más opacidad en materia de acceso a la información y hubo un retroceso en esta materia en comparación con el sexenio de Mario Marín Torres, en el que la opacidad ya era grave.

“Estamos indignados porque nos prometieron una Ley de Transparencia en esta Legislatura. Llevamos mucho tiempo de estarla esperando, nos dijeron que en la primer periodo, que en el segundo y vamos por el tercero y nada”, dijo al asegurar que en lugar de transparentar las cosas, se ponen obstáculos con la aprobación a la Ley de Ingresos.

“Lo que hacen es poner un candado más al acceso a la información, particularmente con la iniciativa que envió el Ejecutivo al artículo 73 que obliga a entregar sólo una copia certificada la información de gasto público.”

Cabe recordar que la semana pasada, por mayoría del PRI y del PAN, el Congreso de Puebla aprobó en lo particular el artículo 73 de la Ley de Ingresos para 2012, que mantiene la referida reforma o incremento para transparentar información sobre gasto público.

Por copia simple se cobrarán 2 pesos, por disco compacto 45, y por disco flexible de 3.5 pulgadas, 40 pesos.

Posterior a la aprobación, el gobernador Rafael Moreno Valle tendrá un lapso de un año, contado a partir de la publicación de la ley, para publicar el reglamento de la misma, según se establece en los artículos transitorios.