El gobierno del estado gastará casi el doble pagando el Centro Integral de Servicios (CIS), de lo que anualmente se gasta en rentas de edificios. No obstante, en 23 años será dueño del edificio.
Las autoridades estatales prefirieron pagar 138 millones de pesos anuales a una empresa constructora por dos décadas a 72 millones de pesos que erogaban mensualmente a diversos arrendatarios de edificios donde instalaron oficinas gubernamentales. Para hacerlo, el gobierno adquirió una deuda indirecta por 3 mil 800 millones de pesos que será utilizado para terminar de construir el CIS, que se construye a marchas forzadas en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Esta deuda indirecta tendrá que pagarse en 23 años 9 meses a través del esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), por lo que el gobierno de Puebla deberá pagar anualmente 138 millones 900 mil pesos a “pesos constantes” —valor nominal, sin ningún tipo de ajuste— más IVA.
Los pagos, que iniciarán a partir del primero de enero de 2013 y concluirán el 30 de septiembre de 2036, se harán al Grupo Técnico Constructor SA de CV, que tiene por representante a Luis Miguel León Huerta, de acuerdo con el documento turnado al Congreso local al que el portal de noticias e-consulta tuvo acceso. El proyecto que fue entregado a los diputados locales para su aprobación, para informarles que en el Presupuesto de Egresos de Puebla, se debe contemplar cada año un pago promedio de 161.1 millones de pesos (IVA incluido), según reveló el periódico digital e-consulta.
El contrato SINFRA-PPS-2011/001, signado por cuatro secretarios de la administración estatal desde el 23 de noviembre de 2011, fue turnado recientemente al Poder Legislativo por la Secretaría General de Gobierno a cargo de Fernando Manzanilla Prieto la erogación anual deberá pagarla el estado a partir del año próximo, de acuerdo con el contrato que signó Fernando Manzanilla en su calidad de secretario de Gobierno; Roberto Moya Clemente, secretario de Finanzas; José Cabalán Macari Álvaro, secretario de Administración y Antonio Gali Fayad, secretario de Infraestructura.
En la sesión del jueves 7 de junio, en la orden del día se enlistó en el punto 11 el documento denominado “Acuerdo que suscriben diversos titulares de Dependencias de la Administración Pública Estatal, por virtud del cual se informa al Congreso, de las acciones y compromisos derivados del Contrato de Prestación de Servicios a largo plazo para la construcción, disponibilidad de espacio y mantenimiento del Centro Integral de Servicios del Gobierno del estado de Puebla”. El acuerdo fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, pero aunque la mayoría de los documentos entregados al Congreso para su aprobación se hacen públicos, a 18 días de haberse firmado el acuerdo turnado por la Secretaría General de Gobierno, éste no se colocó en la página de internet del Poder Legislativo.
Por lo tanto, aún no ha sido aprobado por los legisladores en el uso de las facultades que les confiere el artículo 57, fracción XXXIII de la Constitución poblana. El dinero es adicional a los 192.1 millones de pesos que el gobierno estatal pagó a las empresas Acciona Infraestructuras México SA de CV y AD REM, Diseño, Supervisión, Proyecto, Consultoría y Construcción SC.
