Ante el despedido masivo durante el mes de febrero de empleados de confianza de las diferentes dependencias del gobierno del estado, se conformó un Frente Jurídico para la defensa de derechos laborales de mil 785 trabajadores que tienen entre 20, 15 o 10 años de trabajo, a los que se les ordenó su renuncia bajo presión.
Ante la imposibilidad de la defensa sindical, se han agrupado esos empleados que desde hace tres y dos sexenios se han desempeñado en áreas administrativas o técnicas que lo único que han hecho es trabajar y que ahora han sido relevados bajo presión y con maltratos, sin darles siquiera algún finiquito o sus ahorros de descuento al ISSSTEP.
La abogada Norma Sánchez Valencia, con el respaldo de diputados federales del PRI, hará la defensa de esas personas y a partir de hoy estará abierta una oficina para atender a aquellos que sientan afectados en sus derechos, por lo que se informó que podrán acudir a la Casa de Gestión de los diputados que se ubica en la primera central 619 de San Francisco y bulevar Héroes 5 de mayo.
El primer paquete de trabajadores que reclaman la acción de la justicia comprende dos categorías, uno de 756 empleados que están de acuerdo en promover una demanda ante Tribunal de Arbitraje a partir de hoy, y otro grupo de 459 personas que aún están en duda para proceder ante la esperanza de que pudieran ser recontratados.
Para este día en las dependencias de todo el gobierno, impera el miedo y la incertidumbre debido a que se vencen centenas de contratos que se firmaron por un mes y que vencen hoy por ser el último día del mes.
Las demandas que se promoverán además de emprender la demanda laboral por las presiones y por el mal trato de que han sido objeto, como si se tratará de delincuentes o gente que perteneciera a un grupo político para exterminar, sin conocer que se trata de trabajadores a los que se debe tratar con respeto y dignidad.
Ayer se expusieron las quejas de los nuevo directores y jefes de áreas que no han tenido el criterio y la sensibilidad para manejar los recursos humanos, por lo que se ha generado este malestar y ahora este Frente para la Defensa Jurídica.
Del total de 1785 empleados que se han agrupado en busca de la defensa de sus derechos, hay 756 expedientes que se integran con las documentales y pruebas de la forma en que fueron despedidos. Otros están en espera de que hoy se defina su situación, ya que temen que no les paguen el mes, ya que existe una gran cantidad de cheques que fueron retenidos.
Con la advertencia de perder esos recursos y levantarles cargos en la Sedecap, los empleados se encuentran en una situación de terrorismo laboral, por la que los diputados federales del PRI han decidido apoyarlos jurídicamente.
Incluso si el citado Tribunal de Arbitraje que depende del gobierno, pudiera fallar o tergiversar laudos, los diputados federales buscarían el amparo de la justicia federal, sin duda se trata de una batalla larga, pero que se debe emprender por la defensa de los trabajadores que tienen muchos años cumpliendo funciones de trabajo, no de actividades políticas.