En las redes sociales se suscitó un fluido debate sobre la información presentada por Intolerancia Diario en torno al papel que jugará el vocero del gobierno estatal, Sergio Ramírez Robles, en la política de comunicación social del gobierno del estado.
Algunos tuiteros cuestionaron la función que cumplirá el coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno de Moreno Valle.
Por ejemplo, desde la cuenta de algunos tuiteros como @rialonso, se cuestionó el papel de “censor” del funcionario estatal.
Y desde Twitter, Ramírez Robes aceptó que su papel es el que describe el diccionario de la Real Academia Española en una de sus acepciones “En algunos regímenes políticos, funcionario encargado de revisar todo tipo de publicaciones o películas, mensajes publicitarios, etcétera, y de proponer, en su caso, que se modifiquen o prohíban.”
En todo momento, Ramírez Robles defendió que su función es la de “corregir información errónea”, incompleta o descontextualizada de los medios de comunicación; así como ser un “representante legal” para esos menesteres, amén de evitar que los funcionarios se distraigan de sus funciones principales ya que él contestará la información que el gobierno considere equivocada.
Además, defendió su labor de monitorear, corregir información equivocada y —en su caso realizar— demandas a nombre del gobierno del estado en caso de daño moral:
“No es un política gubernamental, sino un mandato del Ejecutivo” escribió.
El funcionario morenovallista ha sostenido una intensa actividad corrigiendo las “versiones incómodas” para la administración estatal. Desde Twitter ha intentado corregir las aseveraciones de periodistas nacionales como Julio Hernández, columnista del periódico La Jornada, y de periodistas y medios locales.
Como se recordará, el gobierno del estado inició su estrategia de respuesta a los medios de comunicación poblanos en los temas de coyuntura. El 25 de julio publicó en el Periódico Oficial la disposición que faculta a la Dirección de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, a aplicar con todo rigor las recientes modificaciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de daño moral, ocasionado por la publicación en medios de comunicación.
