Se trata de la reforma que no llega.

A pesar de ser nunciada con bombo y platillo por todas las fuerzas políticas durante la ya añeja campaña a la gubernatura en el 2012, los ciudadanos aún no cuenten con una nueva Ley de Transparencia.

Una de las demandas centrales de la ciudadanía ha quedado paralizada en la agenda legislativa, y en las iniciativas gubernamentales que se aprueban en fast track en el Congreso local.

Durante su toma de protesta como gobernador, Rafael Moreno Valle envió una serie de iniciativas al Congreso, pero en ninguna de ellas abordó modificar la Ley de Transparencia.

Se terminó el segundo período ordinario de sesiones, donde se privilegiaron aquellas iniciativas provenientes del Ejecutivo, como la llamada Reforma Electoral que permitió la homologación del calendario de comicios, dotar de mayores facultades al Instituto Electoral del Estado y las candidaturas comunes.

De acuerdo a diversos especialistas la accesibilidad de la información por parte de los Congresos Locales es fundamental para la democracia, y un paso previo a la rendición de cuentas.

Khemvirg Puente, coordinadora del doctorado en Administración Pública de la UNAM, en su artículo “La transparencia legislativa local en México” del libro Temas selectos en transparencia e información, señala que un Poder Legislativo de alternancia no significa mejor rendición de cuentas.

“El Poder Legislativo local en México tiene una asignatura pendiente en materia de accesibilidad a la información y transparencia de sus actividades y decisiones. La existencia de gobiernos divididos, legislaturas sin mayoría, o alternancia en el gobierno no representan ninguna garantía de una mejor estructura de rendición de cuentas o mayor accesibilidad a la información.”

La advertencia del artículo de Puente se reflejó cuando el pasado 2 de agosto el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) dio a conocer su evaluación sobre la transparencia en el Poder Legislativo local.

En el informe se enlistaron diversas carencias de la transparencia en el Congreso, información pendiente de publicar en la página del éste.

De acuerdo a Cimtra, la transparencia se define como “todo ejercicio de gobierno —y de la clase política— de cara a los ciudadanos; lo que implica que las acciones, decisiones y recursos que se utilizan por parte de los representantes se encuentran documentados y accesibles o disponibles a cualquier persona de manera permanente, sencilla y expedita, sin necesidad de ser requerida”.

La evaluación demostró que tanto la LVII como la LVIII legislaturas son opacas; es decir, en la medición de Cimtra la pasada legislatura alcanzó de 16.8 por ciento de transparencia, y la actual 18.8 por ciento.

El estudio evalúo la información sobre la estructura del Congreso, su desempeño legislativo, la documentación, los gastos derivados de su operación, la administración y control interno; así como su vinculación con los ciudadanos y lo relativo al acceso a la información pública.

De acuerdo al colectivo Cimtra, el Congreso debería tener accesible la siguiente información, sin necesidad de que la misma sea solicitada:

Integración y estructura: currículum de los diputados; lista de colonias con las respectivas secciones que integran el distrito de cada diputado; manuales de organización y procedimientos, así como lista completa del personal de base y eventual.

Desempeño legislativo: agenda legislativa en curso; trabajo y producción legislativa a nivel individual, y la información y trabajo de cada una de las comisiones (ordinarias y especiales). Tampoco se encuentran las actas de sesiones actualizadas ni los documentos actualizados.

Gastos: el Congreso local no presenta información sobre ejercicio del presupuesto ordinario y extraordinario de los diputados (Bonos, gasto de asesorías, representaciones y viáticos, comunicación social, compras y adjudicaciones).

Administración: tampoco hay un listado de bienes inmuebles y su uso; ni un listado de bienes muebles y su uso, ni información sobre el comité que vigila y revisa las compras.

El pasado 6 de abril, al inicio del segundo período de sesiones, legisladores de distintas fuerzas políticas encabezados por el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, representantes de la sociedad civil, y de organismos empresariales como la Coparmex atestiguaron la colocación de una piedra de 6 toneladas conocida como la “piedra de la transparencia” a la entrada del Congreso local, con el propósito de simbolizar el compromiso de los legisladores con una nueva legislación en materia de transparencia.

La bancada del tricolor presentó, al iniciar el segundo período ordinario de sesiones el pasado 1 de junio, un paquete de iniciativas, entre otras su propia iniciativa de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Incluyeron nociones como el de máxima publicidad de información pública; es decir, el sujeto obligado debe justificar su negativa a entregar información pública a un peticionario de información señalando que se trata de rubros seguridad de Estado.

La iniciativa priista contempla —entre otras características—la inclusión de los partidos políticos, los consejos, patronatos y todo organismo público o privado receptor de recursos públicos como sujetos obligados.

Otro elemento impulsor de la transparencia en la iniciativa presentada por el PRI, es la disminución del plazo de respuesta a un recurso de revisión, que pasó de 30 a 15 días hábiles. Además, en el caso de que el sujeto obligado no de respuesta se aplicará el modelo de “afirmativa ficta”, dándose por hecho la entrega de la información requerida.

Pero la tarea del Congreso sigue pendiente. Y la “piedra de la transparencia” no tiene ni para cuándo ser movida.