El ayuntamiento de Puebla cesó de manera definitiva a los siete trabajadores sindicalizados que agredieron el pasado jueves al Arellano, cuando solicitó adoquín en el Vivero Colón.

El síndico municipal, Ernesto Bojalil Andrade, determinó que iniciarán adicionalmente el procedimiento administrativo y sanciones contra los trabajadores cesados, por lo que se tomarán las medidas legales conducentes a través de la Contraloría Municipal.

En el caso de los demás implicados, el síndico precisó que también mantienen abiertas las investigaciones contra el director de Servicios Públicos, policías, el edil auxiliar de Santa María Xonacatepec y algunas personas más que participaron en la riña.

Dio a conocer que el gobierno municipal continuará las acciones legales contra los trabajadores que participaron el pasado jueves 1 de septiembre, en la agresión hacia el director de Servicios Públicos.

“Ya presentamos una averiguación previa en la que se denuncian las lesiones que sufrió el director de Servicios Públicos Municipales y en este momento continúan las investigaciones para determinar a los responsables.”

Con la representación legal del ayuntamiento, Ernesto Bojalil anunció que la determinación el gobierno municipal es continuar con el proceso administrativo ante la Contraloría para fincar responsabilidades y cesar a quienes participaron en los hechos del pasado jueves.

La huelga inexistente

Bojalil Andrade dio a conocer que a petición del gobierno municipal el Tribunal de Arbitraje Laboral resolvió que actualmente no hay un estado de huelga en el ayuntamiento.


En base a este dato, la suspensión de labores realizada por los trabajadores sindicalizados es ilegal, además fijó un plazo para que en 24 horas se reincorporen a sus labores, ya que de no hacerlo se aplicarán las sanciones estipuladas en los artículos 126 y 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Precisó que la postura de la comuna ha sido de escuchar y atender las demandas de trabajadores, siempre en un marco de legalidad y respeto mutuo, no mediante acciones de intimidación, amenazas o presiones.