El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, aceptó haber firmado y apoyado el desplegado nacional en donde 18 cámaras de diputados del país entre ellas Tamaulipas, Puebla, Chihuahua, Morelos, Sonora, Nayarit, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, entre otras, que solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la no aprobación a la ley antiaborto que ha vuelto a generar polémica en el país.

Al respecto, el edil poblano aseguró que se mantiene en la postura de defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural de las personas y que impulsó en la entidad cuando fue diputado local.

Aseveró que autorizó de manera abierta que su nombre fuera incluido en el desplegado debido a que fue promotor de dicha iniciativa en la entidad, misma que la votó a favor y además, de que se dijo convencido de que uno de los derechos fundamentales de una persona es el derecho a poder vivir.

En entrevista, Rivera Pérez aseveró que no hubo ningún inconveniente en afirmar que él mantiene su postura de no al aborto, tal y como lo hizo en su momento cuando fue legislador local.

El presidente municipal de Puebla declaró que los firmantes en ese desplegado son los que participaron en esa entonces en la legislatura anterior a favor de las reformas constitucionales en el estado, en el sentido de defender el derecho de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  

Explicó que por tres razones no hay cabida de tal señalamiento: la primera porque él desde su investidura de diputado, promovió la iniciativa; en segundo lugar, porque la votó a favor y en tercer lugar porque es una persona convencida de que uno de los derechos fundamentales de una persona humana es el derecho de vivir.

Cabe destacar, que el desplegado que se publicó en el periódico Reforma fue dirigido a los ministros de la SCJN de los estados de Tamaulipas, Puebla, Chihuahua, Morelos, Sonora, Nayarit, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, entre otros.

En este documento los firmantes hacen la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que mantenga “el derecho a la vida”, en los mismos términos que se aprobó en Puebla en la “Ley de la Familia” en marzo del 2009.

Cabe mencionar que en esa fecha se logró incluir en la Constitución Política del Estado la protección de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, hecho que fue aplaudido incluso por “Yunque de Jalisco”, que reconoció el trabajo de los legisladores poblanos del PRI y PAN de la 57 Legislatura local.

Al firmar el desplegado, Rivera Pérez dejo claro que no usurpó función de nadie ni mucho menos de la actual legislatura al firmarlo bajo la investidura legislativa que en su momento ocupó en la entidad.

“Es un tema de salud pública”
La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, Lucero Saldaña Pérez, dijo que se debe revisar el tema del aborto, sobre todo porque todos son corresponsables, ya que se debe privilegiar la vida.

Además, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza dentro de la Constitución cuáles son estos derechos, así como entender que es un tema de salud pública y que todos deben abonar para encontrar opciones.

“Nadie debería estar a favor del aborto, sin embargo, penalizar a mujeres y sólo a las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran en pobreza, eso no es justicia”, enfatizó.

Saldaña cuestionó el porqué meter a la cárcel sólo a la mujer, si alguien la embarazó y a dicha persona no se le juzga, por lo que es una injusticia.

“Es un tema en el que el Estado debe ser corresponsable, y todos en abonar soluciones, en donde hay países que han llegado a establecer ventanillas para bebés recién nacidos, en lugar de que los estén tirando en los baños o basureros”, expuso.

Saldaña Pérez dijo que puede haber adopción y cuneros, es decir, privilegiar la vida, pero no señalar con el dedo a la mujer, ya que esto es una injusticia.

Destacó que el asunto del aborto no puede ser tomado como una forma de anticonceptivo, al recurrir a su práctica a cada momento, lo cual perjudica la salud.

Por último, indicó que es necesario difundir información sobre la sexualidad, al ver el incremento de embarazos en adolescentes.

El debate
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reunió hasta el momento las posiciones de cinco de los once ministros en contra de las reformas a la constitución de Baja California, que establecen la protección de la vida desde el momento de la concepción.

En su segundo día de análisis de este asunto, el máximo tribunal del país avanzó en las posiciones respecto a que los estados de la República no pueden fijar el alcance de las garantías constitucionales en sus normas fundamentales locales, pues esta facultad está reservada al constituyente federal.

Aunque algunos ministros no han coincidido de manera plena con los argumentos del ponente, Fernando Franco González Salas, sí han respaldado su postura acerca de que se debe invalidar la modificación a la constitución de la entidad, que en su artículo Séptimo prevé la protección de la vida desde el momento de la concepción.

Al término de la sesión, los ministros Ramón Cossío, Sergio Valls, Luis María Aguilar y Olga Sánchez Cordero se habían sumado a esta postura, con lo que se reúnen cinco de los ocho votos necesarios para invalidar esta norma que fue impugnada por el ombudsman de esa entidad.

Ramón Cossío alertó sobre las implicaciones que tendría que el constituyente local ejerza su facultad a nivel de la constitución local para fijar una norma como derecho fundamental, en tanto que Sergio Valls subrayó que el legislativo local excedió su competencia y las reformas realizadas no son compatibles con el derecho constitucional federal.

En contraparte, Margarita Luna Ramos y Guillermo Ortiz Mayagoitia se sumaron a la postura emitida ayer por Sergio Valls, acerca de que la Constitución Federal sí contiene la protección del derecho a la vida, por lo que se pronunciaron en contra del proyecto de Franco.

Luna Ramos cuestionó sobre cuál es el derecho de las mujeres que se vulnera con la disposición contenida en la constitución local, y enfatizó que “si no lo hay, entonces ¿qué derecho estamos vulnerando?”

Para invalidar estas reformas, se requeriría que los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y el presidente del alto tribunal, Juan Silva Meza, respaldaran la posición que plantea el proyecto de Fernando Franco, pues de lo contrario no se tendría la votación necesaria para expulsar la norma del orden jurídico mexicano.

La SCJN suspendió las sesiones de la Primera y Segunda salas para continuar este miércoles con la discusión del asunto, y a partir de la decisión que se emita, el juicio promovido por legisladores locales contra modificaciones a la constitución de San Luis Potosí, podría obtener los mismos resultados. (Con información de Notimex)