La legisladora Josefina Buxadé Castelán resaltó las bondades de la reforma constitucional aprobada ayer para proteger el medio ambiente.

La presidenta del Comité de Transparencia del Congreso señaló que es de interés nacional la protección al medio ambiente contra cualquier tipo de devastación, destrucción o contaminación, así como la prevención del impacto ambiental nocivo y la restauración del medio ambiente dañado.

“La Federación, los estados y municipios, en el ámbito de sus competencias, deben tutelar la preservación de la naturaleza, la biodiversidad y la integridad del ambiente para satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las de generaciones futuras.”

El día de ayer se aprobó durante la sesión extraordinaria una reforma constitucional en favor de la protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, en el punto 3 de la orden del día para la sesión extraordinaria del 28 de septiembre de 2011.

“El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de toda persona, consagrado en nuestra Constitución. Nace en el texto original de 1917 bajo el principio de conservación de los elementos naturales”, afirmó la diputada Buxadé Castelán. La especialista en temas de comunicación señaló que las normas internacionales reconocen el derecho a un medio ambiente sano:

“Desde 1972 adquirió mayor relevancia y, por eso fue el primer principio en la Declaración de Estocolmo, que establecía que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y al disfrute de las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal, que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, además de que tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras. La tendencia de este derecho es que se basa en dos premisas: la primera, que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado y sano, y la segunda que consagra la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de tal derecho.

”La relación entre los individuos y su medio ambiente determinan la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para la vida de todas las especies, por eso la actitud y actuación de cada uno de nosotros son determinantes para reducir el impacto medioambiental.”

Apoyo económico a discapacitados
Además, los diputados que integran la comisión de atención a personas con discapacidad, que preside Lucio Rangel Mendoza (PAN), acordaron por unanimidad enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que autorice una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, de la cual pueda disponer el Ejecutivo federal y que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyan a partir de este año la creación y ejecución del Programa federal de apoyo económico para Personas con discapacidad.

En este tema, los diputados José Antonio Gali López (PRD), Jesús Morales Manzo (PVEM) y Rafael von Raesfeld Porras (PAN) coincidieron en la necesidad de tener recursos etiquetados para favorecer a este grupo vulnerable de la sociedad.

También por unanimidad se aprobó el acuerdo enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el que se exhorta a las áreas administrativas y dependencias del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los Congresos estatales, y todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal para no despedir funcionarios, empleados o servidores públicos por motivo de discapacidad, y a reinstalar laboralmente cuando así sea requerido.

La asesoría
Cabe destacar que en esta reunión de trabajo se contó con la presencia de la diputada por la LVII Legislatura del Congreso de Estado, Luana Amador Vallejo, quien fuera presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad y que acudió con la finalidad de asesorar a los legisladores, además de la diputada Ana María Jiménez Ortiz (PAN), vocal de la comisión.