Los legisladores de la bancada local del expartidazo realizaron un encuentro para evaluar su posición en torno al escándalo desatado por las acusaciones en contra del contralor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana.

Como lo hicieron la víspera exdiputados locales, ahora los legisladores federales “cerraron filas” en torno al polémico tema de las cuentas públicas que arrastran implícitamente al exgobernador Mario Marín Torres. Los representantes populares coincidieron en que no existe ningún sustento jurídico para que se reabran las cuentas públicas de la pasada administración estatal que presidió Marín Torres.

El encuentro de los diputados locales fue encabezado por el coordinador de la bancada priista, José Luis Márquez; el delegado del tricolor Ranulfo Márquez y el dirigente del expartidazo en el estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Los legisladores se expresaron a favor de que las autoridades aborden con estricto apego a la legalidad del contralor Hernández Quintana. El común denominador de la reunión fue censurar que en las acusaciones contra Hernández Quintana —contralor electo por la pasada legislatura— quiera ocuparse para querer abrir las cuentas marinistas.

El diputado José Luis Márquez, coordinador de la bancada priista, señaló que de manera oficial los miembros de la Comisión Inspectora han citado al titular del Órgano de Fiscalización y que no ha acudido.

Márquez relató a los diputados el procedimiento que la Comisión Inspectora ha realizado en el polémico caso.

Quien fue más contundente en sus señalamientos fue el delegado del CEN del PRI, Ranulfo Márquez, al enfatizar que deben separarse los temas para que no exista ninguna confusión.

“Por un lado, el tema del contralor y por otro, el de las cuentas públicas del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres.”

El delegado priista señaló que ambos temas no deben mezclarse.

El delegado del tricolor en Puebla, Ranulfo Márquez Hernández, subrayó que en el tema del contralor se trata de un conflicto que se suscitó entre dos personas, por lo que afirmó que dicho conflicto no debe entremezclarse con situaciones políticas ni debe contar con matices políticos.

Cabe señalar que a la fecha el contralor Hernández Quintana no se ha presentado para responder sobre el presunto traslado ilegal de documentación del OFS.


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El dirigente estatal del tricolor, por segundo día consecutivo insistió en que las cuentas públicas de quien fuera gobernador del estado en el período 2005-2011, Mario Marín Torres, fueron ampliamente revisadas, discutidas y aprobadas por los diputados, apegándose a lo que indica la ley.

El dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Lastiri Quirós, afirmó que el tema central de este asunto es la actuación de un funcionario público, el contralor Víctor Manuel Hernández.

El político serrano manifestó que en el proceso que se le sigue a Hernández Quintana todas las actuaciones judiciales derivadas del litigio entre el auditor mayor del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Puebla y el expresidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza, deben estar apegadas a la ley.

Lastiri Quirós ratificó su dicho de que en el polémico tema se trata única y exclusivamente de un tópico entre dos servidores públicos y como tal debe atenderse, investigarse y en su momento, aplicar la ley. En el mismo sentido, desmarcó al exgobernador Mario Marín del entuerto entre Loeza y Hernández Quintana.

El dirigente tricolor explicó que las cuentas públicas de la pasada administración marinista en ningún momento y bajo ninguna circunstancia forman parte de esa secuela procesal legal. Lastiri señaló que en su momento las cuentas públicas marinistas fueron revisadas y aprobadas con sujeción estricta al marco normativo legal aplicable y por la instancia pertinente, es decir, el Congreso del estado de Puebla. Además, estimó que dado que toda la documentación en poder del OFS se encuentra digitalizada, consecuentemente no debe haber ningún tipo de alteración, aún en el supuesto de que esta información haya sido sustraída.

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En términos análogos, el delegado del tricolor en Puebla Ranulfo Márquez Hernández, pidió que cualquier investigación hecha al auditor debe ser sin ningún signo político. Reconoció que el órgano jurisdiccional está investigando el tema en el plano legal y en su momento emitirá una resolución.

A su vez, la Comisión Inspectora del Congreso local deberá rendir un informe de las actuaciones, pero Márquez Hernández expresó que en ambos casos se trata de fallos de relevancia técnica, lo que implica que dichos resolutivos se dirigen a resolver un conflicto entre dos personas —el auditor y el exalcalde de Tlatlauquitepec— por lo que deben de carecer de implicaciones políticas.

Ranulfo Márquez Hernández respaldó los dichos de Lastiri Quirós: “No hay razones para volver a juzgar las cuentas públicas del gobierno saliente, ya que la investigación judicial que ha dado origen a ese rumor está focalizada en un órgano técnico administrativo.”