La dirigencia del PAN demandó aumentar la sanción a las mujeres que aborten, para que la sanción se ubique entre 500 a 5 mil días de salario mínimo vigente para inhibir el aborto. La propuesta del PAN pide la creación de un “centro de adopción para bebés no deseados” que sea responsabilidad del estado.

La propuesta original es de 50 a 500 días de salario mínimo como pena por practicarse un aborto.

En un comunicado, la dirigencia panista señaló que ese partido ve con buenos ojos que la iniciativa no proponga despenalizar el aborto. “Acción Nacional en ninguna circunstancia está a favor de legislar para dejar de considerar al aborto como un delito.”

La dirigencia estatal señaló que respaldará las iniciativas que promuevan políticas públicas que generan más y mejores oportunidades para que las mujeres no tengan que recurrir al doloroso dilema del aborto.

La bancada panista prepara una iniciativa que promueva la creación de “Centros de Adopción para bebés no deseados”.

La dirigencia de Acción Nacional exigirá que el Estado se haga cargo del embarazo de las mujeres que por alguna circunstancia no quieran a su criatura, y que al cabo de nueve meses sea la misma administración la que realice las funciones para que esos niños sean adoptados por familias que deseen tenerlos en casa.

La propuesta
El Ejecutivo del estado envió una iniciativa para conmutar las penas corporales a las mujeres que aborten. En lugar a las mujeres que se practiquen un aborto se les sancionará con multas, tratamiento médico integral o trabajo comunitario.

Y en caso de reincidencia, las mujeres recibirán cárcel de seis meses a un año. La modificación legislativa incluye una multa equivalente de 50 a 500 días de salario mínimo, o trabajo comunitario que desarrollará entre 80 a 250 jornadas.

La iniciativa recibió el respaldo de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, fue reprobada por diversas organizaciones de derechos sexuales y reproductivos.

Además, la propuesta enviada por el Ejecutivo del estado para reemplazar el encarcelamiento de mujeres que se practiquen un aborto en Puebla por un “tratamiento médico integral” generó un amplio debate en las redes sociales.

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El decreto que presentó el Ejecutivo reforma el artículo 98, el 342 y la denominación del capítulo décimo tercero del libro primero; y se adiciona el 56 quáter, todos del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

El articulado de la propuesta enviada ayer por el Ejecutivo al Congreso local permite que, en caso de que la sanción sea un tratamiento médico integral, el juez asigne a qué institución de salud irá la mujer.

“Artículo 56 quáter: En caso de que la sanción impuesta consista en tratamiento médico integral, el juez ordenará su aplicación en la institución de salud pública que corresponda.”

La modificación legislativa incluye una multa equivalente de 50 a 500 días de salario, o trabajo comunitario que desarrollará entre 80 a 250 jornadas.

“Artículo 342: A la mujer que voluntariamente se cause un aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá tratamiento médico integral en libertad en instituciones de salud pública, mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año, así como multa de 50 a 500 días de salario, o trabajo a favor de la comunidad, de 80 a 250 jornadas.

”El tratamiento deberá ser conforme a las circunstancias de la mujer, comprendiendo la concientización sobre la afectación al bien jurídico tutelado.

”En caso de reincidencia la sanción consistirá en tratamiento médico integral y prisión de seis meses a un año.”

En sus considerandos, la iniciativa señala que la protección de los bienes jurídicos fundamentales debe ir paralela a una política de prevención, procuración y, en su caso, de sanción estatal que garantice la reparación de la lesión social causada.

“Se hace necesario que la imposición de obligaciones correctivas resulten de mayor alcance y profundidad que la prisión, mediante un tratamiento médico integral.”

Además se busca lograr una “concientización” de la conducta: “Una reforma cuya finalidad es evitar una consecuencia aflictiva por una concientización de la conducta desenvuelta dando paso a una sanción óptima y razonable, conforme a la expectativa social.”

Las reacciones
Por su parte, el legislador del PRI, José Luis Márquez fue cauteloso al expresar el posicionamiento de su bancada sobre el tema y dijo que los priistas van a consultar a la sociedad.

“Es una iniciativa que tenemos que revisar, tenemos que escuchar las diferentes opiniones y revisar con la sociedad; sabemos que hay opiniones a favor de la despenalización y en contra, tenemos que revisar esta iniciativa, así como consultar con nuestro partido, con las diferentes corrientes a favor y en contra, con la sociedad.

”Es un tema que polariza a la sociedad y la divide. Por las corrientes que hay en los partidos. No puedo dar una opinión porque estaríamos ‘cargando los dados’. Es un tema que se ha venido abordando desde hace mucho tiempo. En el PRI tenemos que diseñar nuestra estrategia para conocer la opinión de los priistas y de la sociedad.”

El diputado de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, estimó como una medida positiva la iniciativa enviada por el gobernador ya que abre las puertas al debate sobre el tema de la despenalización del aborto:

“No resuelve del todo un problema de salud pública. Cierra la posibilidad de mantener una legislación como la que tenemos donde hay una decena de mujeres que han sido privadas de la libertad. Siento que es un tino del Ejecutivo del estado que habla de la respuesta ciudadana y el impacto que ha causado esa reforma, donde Puebla ocupaba uno de los últimos lugares en la materia. Abramos el debate para que salga esta iniciativa del Ejecutivo y reformas similares a las del Distrito Federal, donde ha dejado de ser una de las principales causas de mortalidad materna los abortos clandestinos.”

Espinosa descartó que la iniciativa trate a las mujeres como enfermas mentales.

“La redacción está incluida en un capítulo de tratamiento médico integral en ningún momento se les está poniendo esa etiqueta a las mujeres que incurran en ese apartado jurídico. En la legislación del Distrito Federal se habla del acompañamiento de especialistas en materia psicológica. Yo lo veo como un tino del gobernador. En ningún momento podemos descalificar el proyecto del Ejecutivo. No trata a las mujeres como enfermas mentales, sino que abre la posibilidad para las mujeres, lo que podemos lograr en caso de que sea aprobada esta iniciativa de Rafael Moreno Valle.”

Piden un análisis
La diputada del PAN Ana María Jiménez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, refirió que su bancada debe revisar con detenimiento la iniciativa del Poder Ejecutivo.

“En realidad, el término en que la propuesta está elaborada no habla de un tratamiento de enfermedad, sino de un tratamiento integral, habría que analizar a fondo. La propuesta es un tratamiento integral no un tratamiento psicológico, estoy a favor de que se pueda encontrar una alternativa, y ésta podría ser una alternativa.”