Tanto organizaciones civiles, especialistas y el mismo Partido Acción Nacional (PAN), calificaron la propuesta de Rafael Moreno Valle Rosas sobre el aborto como “incompleta” porque no ataca el problema a fondo.

Sin embargo, cabe destacar que apenas el 1 de octubre, el dirigente nacional de este instituto político de derecha, Gustavo Madero Muñoz, anunció que empezaría una cruzada para evitar por medio de reformas el encarcelamiento de las mujeres que aborten, tal como lo propuso el mandatario poblano.

Además el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, señaló que la iniciativa no podrá aprobarse hasta tener un análisis profundo (hasta el tercer periodo de sesiones) porque se debe enriquecer la reforma.

De la misma manera coincidió Brahim Zamora, representante del organismo civil Red Democracia y Sexualidad (Demysex), al añadir que se desconoce el sustento científico para mandar a las mujeres a terapias psicológicas.

Mientras que Laura Adriana Albarello, miembro del Observatorio Global de Ética y Boética de la Unesco e investigadora de la UDLA, indicó el mandatario estatal no tomó ni siquiera en cuenta a la Comisión Estatal de Bioética, la que sirve para estos casos.

Propuesta nacional
Fue el 1 de octubre pasado cuando el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, anunció que el instituto político promovería reformas a los Códigos Penales estatales, que incluyan disposiciones que eviten el encarcelamiento de mujeres a causa de abortos.

Así lo dijo durante una gira de trabajo por Baja California, como se comprueba en notas periodísticas, donde Madero Muñoz indicó que su partido no pretende que a la tragedia del aborto se sume la de encarcelamiento de mujeres, por lo que esta medida ayudará a proteger sus derechos.

“El embrión es una persona, pues desde el momento de la concepción se produce un código de vida único e irrepetible, lo cual hace a ese nuevo ser miembro de la especie humana. Por ello la sociedad y el Estado están obligados a proteger sus derechos humanos”, indicó el panista.

Posteriormente, en un comunicado aseguró que la defensa de los derechos humanos debe incluir la protección de las personas vulnerables y a las no nacidas, así como reconocer al mismo tiempo y sin reservas, los derechos de las mujeres.

Por lo tanto, Madero Muñoz refrendó lo que llamó el compromiso de su partido con las mujeres y la construcción de una sociedad en la que los derechos de todos estén garantizados y puedan ser conciliados.

Recordó inclusive que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la validez de las reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí, donde reconocen el derecho a la vida del ser humano desde el inicio de su existencia, con lo que se amplía el marco de protección de las personas.

“Es importante recordar que reformas similares se han realizado ya en un total de 18 estados de la Federación, porque se trata de decisiones soberanas de las entidades que ejercieron las facultades Legislativas, que la propia Suprema Corte de Justicia les ha reconocido en una sentencia previa”, abundó.

A poco más de un mes del anuncio a nivel nacional, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se convirtió en el primer gobernador emanado del PAN en proponer que se elimine la pena de cárcel a quien ose abortar en Puebla.

“No atacan el problema”
Brahim Zamora, representante de la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), señaló que la reforma no ataca a fondo el problema de salud pública que implican los abortos clandestinos.

“No mejora ni empeora la situación de las mujeres en Puebla, la pena corporal no quita la pena social, no dejan de ser aceptadas las mujeres como personas ya no criminales, sino ahora mal de sus facultades mentales y no elimina la clandestinidad de la práctica.”

Por lo anterior, pidió al gobernador Moreno Valle explicar en qué fundamentó su propuesta del tratamiento psicológico a las mujeres que hayan abortado.

"No sabemos en qué se sustenta, cuál es el documento y argumento científico en que se basa para decir que las mujeres tienen un daño mental y que tienen que ser tratadas por un experto en salud mental”, afirmó.

Indicó que la postura de Demysex siempre ha sido que el aborto debe ser un tema analizado desde el punto de vista de salud pública, por lo que se debe ir a fondo porque la propuesta de reforma al Código de Defensa Social “sólo sirve para hacer ruido y no ayuda en nada”.

“Demysex no está —por el momento— a favor de la despenalización total del aborto, porque que consideró que es necesario explorar otras las posibilidades, por ejemplo, el hecho de que los diputados locales analicen sus causales.”

Dejan fuera a expertos
Laura Adriana Albarello, miembro experto del Observatorio Global de Ética y Boética de la Unesco, señaló que en la propuesta legislativa no fue tomada en cuenta la Comisión Estatal de Bioética.

La también investigadora de la Universidad de las Américas recordó que desde el 11 de junio pasado existe en Puebla dicha comisión, la que a pesar de haber sido creada por la actual administración estatal no fue tomada en cuenta para una reforma de su competencia.

Indicó que la propuesta morenovallista deja muchos de puntos que quedan en el aire, ya que sólo le concede el cambio de la pena privativa de la libertad, por una pena administrativa, como un intento de resocialización de las personas.

“Está llena de vicios legislativos y da trato de enfermo mental”, dijo al expresar su preocupación por la especificación de imponer un el tratamiento médico integral a una persona que no ha sido valorada.

“La propuesta no aclara si el tratamiento será de carácter psicológico o psiquiátrico (…) no se puede decir que una mujer, por practicarse el aborto, es enferma mental, no queda claro de dónde sacaron el marco legal para plantear ese tipo de reforma.”

Laura Adriana Albarello fue premiada con el galardón Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en la Bioética, otorgado por la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (Pahef), en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Otro punto grave, es que no se establece la edad gestacional para que se considere un aborto, como lo han delimitado en otros estados del país, sólo se omite la pena carcelaria por una sanción administrativa, pero técnicamente se cambia una pena por otra, pero sigue siendo una pena.

”No habla de la figura del partícipe necesario que se entendería que también sería sancionado administrativamente, no se menciona en qué situación penal quedarían los participes, o si les caben las mismas sanciones que a la madre”, finalizó.

La contrapropuesta
La diputada federal Augusta Valentina Díaz de Rivera anunció que presentará una iniciativa en la Cámara de Diputados para que en todo el país se permute la pena corporal por un tratamiento médico a las mujeres que aborten.

La diputada señaló que Acción Nacional ha mantenido la discusión sobre el aborto, y señaló que “es un tema que siempre hemos tenido con otras personas y grupos en el sentido de que debía despenalizarse totalmente el delito del aborto, pero como lo hemos dicho en muchas ocasiones en el PAN estamos en contra de despenalizarlo, por ello se hacen esos ajustes, va a seguir siendo un delito.”

Además, señaló que se entiende la molestia de los grupos sociales que siempre han querido despenalizarlo por completo, pero un avance muy importante es que la mujer no debe pagar con cárcel un delito que en todo caso es de dos y no es justo que la mujer pague solo ella.

“Estoy satisfecha y estoy preparando una iniciativa a nivel nacional para que se permite la pena, que ya no sea pagada con pena corporal y que fuera obligatorio para todos los estados.

”Puebla ni siquiera es el único estado que lo ha hecho, hay otros seis o siete donde se permuta, el objetivo es retirar la pena corporal, todo es integral, además va todo un programa con leyes, entre ellas la de paternidad responsable para que se de un si a la vida y no tener que recurrir al aborto si se siente acompañada por otro tipo de instrumentos legales, se trabaja la ley de guarderías, de adopciones este marco jurídico acompañaría a la mujer.”