Jorge Carpizo, investigador emérito de la UNAM, dijo sobre el aborto que no es posible que en una parte del país se respeten los derechos humanos de las mujeres y en otros no, porque éstos tienen generalidad y universalidad.

Entonces, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ser muy clara en señalar que los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los que están en los tratados internacionales ratificados por México tienen que tener vigencia en todo el territorio nacional sin excepción alguna.

En el marco de su participación en el foro “Alcances y limitaciones de las resoluciones de la SCJN en los casos Baja California y San Luis”, se preguntó cómo es posible que en una entidad se respete la igualdad de género y se reconozca el principio de no discriminación por razón de género y en otras no.

Dijo que las reformas de los estados que prohiben el aborto parten de un supuesto que no es válido. Y es que, mencionó, “hay una diferencia entre vida y vida humana. Vida la tienen los animales y las plantas, pero vida humana sólo la tenemos nosotros”.

La diferencia entre los animales y las plantas es la corteza cerebral, que no se forma antes de la semana 24. Entonces, las reformas constitucionales en las entidades federativas que dicen que la vida humana comienza desde la concepción tienen una base falsa, acientífica, y con ella están penalizando el aborto y violando una serie de derechos humanos que están en la Constitución”, comentó.

Esas constituciones locales desconocen todos los avances de la bioética en el mundo. “Es algo así como cuando Galileo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no, como se había creído por siglos, que el Sol giraba alrededor de la Tierra”.

Así, aclaró que “la vida humana no empieza antes de las 24 semanas, porque antes no hay corteza cerebral ni sistema nervioso central”.

El experto se manifestó contra las Constituciones locales que se han reformado para tratar de que impere una tesis moral, una visión de la existencia, “y en una democracia, en donde debe haber tolerancia no me pueden a mí imponer la concepción moral de otra persona”.

Consideró que a la desigualdad social “le queremos agregar algo peor: la penalización del aborto dentro de ciertos márgenes legales. ¿Pero a quiénes se penaliza? A la gente más humilde, a las indígenas, a quienes no pueden defenderse”.

Esto implica una gran injusticia dentro de la injusticia que se vive en el país de la gran desigualdad social, mencionó.

Inquirido sobre qué derechos se violan con la prohibición del aborto antes de las 12 semanas, precisó: el Artículo 1 de la Constitución que es la igualdad de todos, el derecho a la no discriminación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la integridad, el derecho a la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo.

A nivel internacional, el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del Tratado contra la Discriminación de las Mujeres le da a México una serie de recomendaciones porque está extraordinariamente preocupado del número de mujeres que mueren en el país porque no tienen un aborto seguro, expresó.

“Claro, quienes no tienen un aborto seguro son las mujeres más desprotegidas, las más pobres de las pobres y las indígenas”, añadió.

A su vez, Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opinó que está en riesgo en el Distrito Federal el que se proteja el derecho reproductivo de la mujer si llega al gobierno local un partido que esté contra la práctica del aborto durante las 12 primeras semanas