Los diputados Héctor Alonso Granados de Nueva Alianza y José Juan Espinosa Torres tuvieron un altercado en el pleno durante la sesión ordinaria mientras se aprobaba la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, cuando el segundo subió a tribuna a pedir una reducción en las cuotas que se cobran por acceso a la información pública, así como reducir a 1 por ciento el impuesto sobre nómina, lo que provocó el enojo del legislador aliancista.

La petición fue considerada por Alonso Granados como una acción populista y se dirigió a la gente que estaba en las galerías aduciendo que las había llevado José Juan y que no iban a recuperar su dinero. A pesar del llamado del presidente de la mesa, Lauro Sánchez, para que guardara la compostura, siguió gritando y dirigiéndose a la gente; uno de éstos tapándose los oídos cuando el legislador de Nueva Alianza le hablaba.

Posteriormente, José Juan Espinosa subió a tribuna para disculparse con los asistentes que fueron señalados, mientras Alonso Granados seguía gritando. Alonso Granados llamó ladrón y ratero a Espinosa Torres, además de “pinche mentiroso”, sin embargo el legislador de Movimiento Ciudadano desde su curul únicamente respondía “eres un mentiroso”.

Una vez pasado el incidente, con 38 votos a favor, diputados aprobaron en sesión pública ordinaria del Congreso del estado, el dictamen con minuta de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2012, la cual plantea mecanismos para mejorar la función recaudatoria del sector público estatal al eliminar el pago de derechos por cambio de propietario de vehículo; mantiene la exención total del reemplazamiento de vehículos; exenta del pago de tenencia vehicular a los contribuyentes cumplidos mediante el pago del Registro Vehicular en los primeros 90 días del año.

La ley establece los procedimientos administrativos para la unificación de los registros tributarios, una matriz integrada por padrones de contribuyentes que evitará la pérdida de recursos por incapacidad técnica recaudatoria, o por evasión deliberada de los contribuyentes dispersos; asimismo, fortalece los sistemas de vigilancia de obligaciones y procesos de fiscalización haciendo eficaz la función pública en el combate al contrabando y amplía las opciones de pago de las contribuciones ciudadanas mediante pagos por internet, o en ventanillas en instituciones federales como la Comisión Federal de Electricidad.

También exenta durante el primer año el 100 por ciento del pago de impuestos sobre la nómina a empresarios que contraten a personas con alguna discapacidad o de la tercera edad; reduce hasta en un 15 por ciento el pago de impuestos sobre la nómina a los empresarios que paguen sus impuestos al inicio de año, mediante el procedimiento de estimación anualizada.

Dentro de la ley se establece un descuento de 75 por ciento del pago de los derechos del Registró Público de la Propiedad y del Comercio en la inscripción de personas jurídicas y sociedades mercantiles e incentiva la adquisición de vivienda nueva descontando hasta un 75 por ciento del pago de los derechos por el Registro Público de la Propiedad.

El presidente de la Comisión de Hacienda, José Lauro Sánchez López (PRI), explicó que el estudio de la Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo garantiza que la administración pública mantenga las finanzas públicas sanas, al resaltar que no lesiona los intereses patrimoniales de las empresas, no pone en riesgo la operación y crecimiento de los pequeños contribuyentes y no afecta los bolsillos del ciudadano.

Uno de los puntos donde no hubo discusión fue la elección de los cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia ante el retiro voluntario de cuatro de ellos.

Por mayoría de votos. Los legisladores eligieron como magistrados propietarios a Joel Daniel Baltazar Cruz, María Belinda Aguilar Díaz, Roberto Flores Toledano y Amador Coutiño Chavarría y como magistrados suplentes a María Carlota Micaela Juárez Escobar, Miriam Olga Ponce Gómez, Juan Carlos Maldonado Vázquez e Israel Velásquez González para el Tribunal Superior de Justicia.

Quienes dejan el cargo son Gerardo Villar Borja, María Loreto Elba Rojas Bruschetta, José Alejandro Fernando García Rosas y Leonardo Tecua Petla.

Rechazan el Consejo de la CEDH
En la sesión el pleno instruyó a la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Zenorina González Ortega (PRI), a que emita una nueva Convocatoria para integrar y elegir a los consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, debido a que ningún aspirante tuvo las dos terceras partes de los votos de los diputados.

De la misma forma, los integrantes de la LVIII Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen con minuta de Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, que tiene por objetivo modificar la estructura orgánica de la defensoría pública, a fin de evaluar perfiles y antecedentes de los defensores; dicha ley consta de 45 artículos y 6 capítulos; asimismo, con 38 votos a favor se aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman el decreto que crea el “Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla”, con el propósito darle mayor dinamismo al organismo.