Desde el martes, el Aeropuerto Hermanos Serdán es resguardado por la Policía federal, luego de que el gobierno de la entidad determinó extinguir Operadora Estatal de Aeropuertos (OEA), empresa de participación estatal mayoritaria.

En un comunicado, informó que el decreto correspondiente de extinción se publicó ayer en el Periódico Oficial del Estado, con lo que la operación de la terminal aérea pasa a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Esta determinación responde a una recomendación de las secretarías de la Función Pública y la Contraloría, derivada de una auditoría conjunta realizada por ambas instancias, en la que observaron una serie de irregularidades.

Durante el martes se registró un operativo por parte de la Policía federal, con el apoyo de agentes ministeriales estatales y del Ejército mexicano, para tomar el control del citado aeropuerto, localizado en el municipio de Huejotzingo.

El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, dio a conocer que se disolvió la sociedad con OEA, por lo que se establecerán los activos y se verá la parte accionaria de cada uno de los socios, con el objetivo de hacer un reparto.

Indicó que hay una serie de criterios que definió la Contraloría que llevaban a una alternativa legal de liquidación, en donde el gobierno tenía preocupación porque no había un compromiso cumplido por parte de los accionistas, entre ellos el empresario Ricardo Henaine Mezher.

Además, destacó que hay un adeudo del socio privado de más de 50 millones de pesos, que habían sido autorizados por el Congreso del estado y que no han sido cubiertos, lo que hace inviable continuar con la operación de OEA sin violar la ley.

Legalmente cada quién se lleva su parte, lo importante es que ASA tomará el control del aeropuerto y no habrá problema en la operación”, señaló.

Manzanilla Prieto enfatizó que con esta medida se tendrá la opción de atraer inversiones que son necesarias en tanto que la liquidación será vía legal, y detalló que corresponderá a la autoridad federal determinar el tiempo durante el cual los servicios y actividades en dicha terminal se mantendrán suspendidos.

La contraparte
El Periódico Oficial del Estado —donde se dijo aparece la información de la extinción de Operadora Estatal de Aeropuertos— no ha sido impreso “por falta de insumos”, dijo Rodolfo Aragón Mijangos, abogado del empresario Ricardo Henaine, tras considerar que ni el gobierno del estado ni su titular se encuentran legalmente facultados para decretar la extinción de OEA, pues esta figura sólo se aplica para organismos descentralizados, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como a los Estatutos Sociales.

En entrevista para Intolerancia Diario, Aragón Mijangos dijo que hasta las 18:05 horas del martes 29 de noviembre no había forma de tener acceso para consultas del Periódico Oficial del Estado, que se dijo había sido publicado el 28 de noviembre. Los mismos empleados del lugar dijeron que hasta el momento no había sido impreso, que la única información a la que pudo acceder fue al comunicado emitido por la Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, publicado en su cuentas de Twitter @COMSOCPUEBLA.

Asimismo, considero que el motivo fundamental de dicha extinción, lo constituye el hecho de que Ricardo Henaine sea accionista de 49 por ciento de dicha sociedad, y por lo tanto —tal y como sucede en todas y cada una de las Sociedades Mercantiles constituidas en este país— dicho socio-accionista tiene derecho a ser convocado y escuchado por el resto de los socios, previamente a la toma de decisiones importantes, cuestión que es perfectamente válida en términos jurídicos, pero que evidentemente el gobierno del estado no está dispuesto a soportar por cuestiones de orgullo, venganza y revanchismo (tan es así, que desde el primero de febrero del año en curso a la fecha no se verificó ninguna Junta del Consejo de Administración de OEA. Cabe señalar que de acuerdo a los estatutos sociales, la obligación de convocar a tales juntas de consejo es del propio gobierno del estado, quien no obstante sus obligaciones y responsabilidad se negó a publicar dicha convocatoria, pese a que ello le fue requerido en múltiple ocasiones, tanto por ASA como por Ricardo Henaine, y precisamente como consecuencia de dicha omisión imputable al gobierno del estado, fue que no pudieron tratarse temas de suma importancia relativos al Aeropuerto.

Aragón Mijangos dijo que el gobierno del estado se equivoca cuando afirma que se requiere forzosamente el consentimiento de un socio privado para tomar todas y cada una de las decisiones relativas a la operación del Aeropuerto”

Aseguró que de acuerdo con los estatutos sociales de OEA, son válidas las resoluciones tomadas por la Asamblea y/o el Consejo de Administración, siempre que se encuentren respaldadas por 51 por ciento del capital social, el cual es precisamente el monto de la participación accionaria conjunta del gobierno del estado (26 por ciento) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (25 por ciento)

El abogado aseguró que ni el gobierno del estado —ni mucho menos su titular— se encuentran legalmente facultados para decretar la extinción de OEA (dicha figura aplica únicamente para los organismos descentralizados), de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Con relación al punto tercero del decreto por el que el gobernador Rafael Moreno Valle supuestamente ordenó la extinción de OEA, y que a la letra dice: “Los adeudos del socio privado superan los 50 millones de pesos, que habían sido autorizados por el Congreso del estado, y que no han sido cubiertos (...)”, negó de manera rotunda que Henaine Mezher deba cantidad alguna de dinero al aeropuerto. “Por el contrario, la terminal Aeroportuaria en los últimos años opera y ha operado en números negros, que inclusive han dado lugar a utilidades anuales (las últimas reflejadas en diciembre del año pasado), las cuales, por acuerdo de los socios, en lugar de ser repartidas proporcionalmente entre los accionistas, año con año han sido reinvertidas en el crecimiento y mejoras a la infraestructura de la terminal aérea, por lo que resulta evidente que no puede existir adeudo alguno por parte del accionista privado”.