El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, advirtió que de aprobarse la primera Ley Estatal de Educación Superior en el país, las instituciones que no cuenten con los estándares de calidad están en riesgo de perder su registro ya que el interés es que se de calidad educativa a los estudiantes.

Tras casi 12 años de espera, ayer en la sesión ordinaria del Congreso del estado a la cual no pudieron entrar los rectores de las principales universidades de Puebla, debido al bloqueo que estableció la Policía Estatal, fue presentada para que sea turnada a comisiones la iniciativa que crea la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla.

Mario Riestra expresó que en el documento se establece terminar con la entrega discrecional de los Registros de Validez Oficial (conocidos como RVOE) y para las nuevas instituciones se exigirá que se cumpla con todas las normas. Comentó que tuvieron para la redacción del documento la participación de los rectores de la Universidad Autónoma de Puebla, así como instituciones privadas.

Al presentar el documento, indicó que si se considera que la ciudad de Puebla se caracteriza por tener una gran presencia de instituciones de educación superior es necesario que haya una ley enfocada a garantizar la calidad. Esta ley contendrá 75 artículos promoviendo la educación superior con criterios de innovación, modernidad, calidad acreditada, pertinencia, formación humana y profesional pretendiendo favorecer la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la vinculación en amplia cobertura que impulse la autogestión de las universidades, promoviendo un Sistema Estatal de Instituciones de Educación Superior, así como establecer el Sistema Estatal de Planeación y Evaluación Educativa y de la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior.

Aprueban el espionaje
Los diputados, como lo habían anunciado en comisiones, aprobaron con 38 votos a favor reformar el Código de Defensa Social, con el objeto actualizar el catálogo de delitos, debido a que actualmente no contempla conductas que ocasionan un reclamo social por la relevancia que tienen en la afectación patrimonial de los particulares.

En el documento se establecen delitos en materia de esterilización y reproducción asistida; el incumplimiento de la obligación alimentaria; se actualizan los montos y sanciones por el delito de robo genérico y de vehículos, y se renuevan los delitos de procuración y administración de justicia, propuestas respaldada por los legisladores del PAN Lucio Rangel Mendoza y Juan Carlos Espina von Roehrich.

En el controvertido tema del espionaje telefónico, el órgano legislativo acordó por unanimidad modificar el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que tiene como finalidad el fortalecimiento de las instituciones de la administración y procuración de justicia, ya que se requiere de instrumentos y mecanismos que permitan incrementar la eficiencia, la eficacia y la contundencia de la organización y las funciones estatales en la materia resaltando que la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad de que se trate, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada debiendo fundar las causas legales de la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

La transparencia
Del tema de la transparencia, que fue apoyado por todas las fracciones, se acordó que serán las Comisiones Unidas de Gobernación y de Transparencia y Acceso a la Información las que analizarán la iniciativa de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que presentaron el gobernador del estado y los integrantes de la LVIII Legislatura.

En la ley se propone ampliar los sujetos de revisión, los partidos políticos pasan a ser sujetos obligados de la ley, así como los tribunales administrativos; además, obliga a los sujetos a mostrar información diversas en su sitio web. Asimismo, incluye la posibilidad de hacer solicitudes por vía telefónica, lo cual amplía el derecho para los ciudadanos.

La diputada Josefina Buxadé Castelán aseguró que es una ley de avanzada que cuenta con sanciones, que no todas las leyes de transparencia tienen en el país, para el cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados

Contra Actívate
Los diputados Enrique Doger Guerrero y Héctor Alonso Granados demandaron que la gente de Actívate por Puebla retire de inmediato la piedra que colocaron frente al Congreso del estado, ya que viola las disposiciones municipales y de protección civil. Se pronunciaron porque dejen de colocarse piedras con el pretexto de que se cumplan las demandas de Actívate, aunque caen en situaciones ilegales.