El magistrado José Ramón Cosío Díaz, será el ministro ponente de la acción de inconstitucionalidad en contra de la publicación de los artículos 73 y segundo párrafo del 76 de la ley de ingresos del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2012.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió el 19 de enero la acción de inconstitucionalidad.
El Congreso aprobó el pasado 14 de diciembre en la última sesión pública ordinaria del tercer período de sesiones dicha ley, a la par de la nueva ley de transparencia que la legislatura y el ejecutivo han presentado como un logro.
Sin embargo, el IFAI señaló el pasado 17 de enero que la ley de ingresos 2012 del estado de Puebla limita el acceso a la información, al solicitar un cobro de 80 pesos por hoja certificada al pedirse documentación del gasto presupuestal: “la información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo pago de los derechos correspondientes, que asciende a 80 pesos por cada hoja”.
El artículo 6 de la Carta Magna establece el libre acceso a la información como derecho constitucional, donde se detalla que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.
La presidenta de la Comisión de Transparencia, Josefina Buxadé Castelán, al tiempo que defendió la ley de transparencia reconoció que hubo errores en la ley de ingresos que el Congreso aprobó y se publicó el 19 de diciembre en el diario oficial.
