El gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas, cedió a las presiones locales y nacionales, por lo que modificará el pago de documentos solicitados mediante la Ley de Acceso a la Información y reducirá el presupuesto en comunicación, mientras que reveló que no se han encontrado elementos para procesar a Mario Marín Torres.

Lo anterior fue informado la tarde de este lunes, en entrevista telefónica en el programa radiofónico de Joaquín López Dóriga.
Joaquín López Dóriga (JLD): Puebla está viviendo un momento interesante con un gobernador que no es del PRI, Rafael Moreno Valle, se acaba de aprobar la Ley de Transparencia que buena falta le hace al estado de Puebla (…)

Rafael Moreno Valle (RMV): (…) quiero decir que cuando llegue al gobierno Puebla tenía la Ley de Transparencia número 27 y en esta razón hice el compromiso.

”(…) ha habido un cuestionamiento sobre la Ley de Ingresos, una ley de ingresos que viene del 2008, en donde había en los artículos 73 y 76, unos derechos, concretamente sobre la información certificada, en donde se planteaba incluso que fuera obligatorio entregar cierta información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público a través de estas copias que costaban 80 pesos y eso pudiera ser algo que estuviera contrapunteado con el objetivo de garantizar el acceso a la información.

”Quiero darte la primicia Joaquín, que este miércoles al tiempo de estar quitando la piedra que representa la falta transparencia en el congreso de Puebla, estaré presentando una iniciativa para modificar los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos del estado.

”(…) y que la gente podrá tener acceso a toda la información pública de manera gratuita sin necesidad de identificarse con absoluto respeto al anonimato y también reduciendo el costo de las copias certificadas que antes costaba 80 pesos, en 20 pesos.”

Posteriormente señaló que en vez de entrar a un debate legal, que podría generar la percepción que querían a toda costa poner un “candado”, se decidió por modificar la ley.

En la misma entrevista, Moreno Valle se defendió sobre los altos costos de publicidad de su imagen, cuestionada los últimos días al descubrirse que se gastarán 180 millones de pesos en 2012.

“El presupuesto para comunicación es el mismo de la administración anterior, antes parecería que mi antecesor se pagaba para que no se supiera lo que se hace en Puebla y ahora la diferencia es que se paga para que se sepa”, dijo en referencia de Mario Marín.

Sin embargo, aunque justificó el gasto para que se supieran los trabajos que se hacen en Puebla a nivel nacional, reveló que habrá una reducción de 30 por ciento a lo que se invertirá en comunicación.

Señaló que esta reducción será tras una reunión con el Consejo de las Celebraciones del 5 de Mayo, donde se lograron convenios de co-inversión que permiten reducir el presupuesto ya aprobado por el Congreso estatal con respecto a la publicidad.

—¿El caso del gobernador Mario Marín sigue intocable, verdad?

—Ahí yo te diría Joaquín que hasta el momento no tenemos ningún elemento, seguiremos llevando a cabo todas las investigaciones, en gran medida estas detenciones y órdenes de aprehensión han sido gracias a información que nos han proporcionado los ciudadanos.

Reconoció que en la acción pública no se han encontrado responsabilidades de funcionarios, porque se delegaron a mandos bajos, sin embargo lo que permitió los procesos fueron las propiedades que no se podían justificar ni se encontraban en sus declaraciones patrimoniales.

“Fue muy importante que la ciudadanía nos informara, porque eran datos que el gobierno no contaba”, dijo el mandatario estatal, quien indicó que sería muy irresponsable entrar en una “cacería de brujas”.

Los gastos 
La semana pasada, el periódico Reforma publicó como el gobernador Rafael Moreno Valle gastaría para su imagen.
De acuerdo con el Presupuesto estatal para este año, el gobierno de Puebla desembolsará al menos 180 millones de pesos en comunicación social, cifra similar a la del último año en los sexenios de su antecesor Mario Marín.

En la nota de Francisco Rivas, indicó que la partida se distribuye entre nueve dependencias que no incluyen a la oficina del Gobernador. Sin embargo, para su primer informe de gobierno, realizado el 15 de enero, el gobierno del estado desplegó una amplia campaña publicitaria que incluyó anuncios en radio, televisión y prensa escrita con imágenes del mandatario, junto con datos sobre logros de su gestión.

“Los gastos para organizar la ceremonia del mensaje de Moreno Valle, realizado en el Centro Expositor, no han sido cuantificados hasta el momento ni tampoco el costo para la estrategia de comunicación que tuvo alcance nacional.

”De igual forma no ha sido detallado si las entrevistas en diversos medios nacionales y locales tuvieron o no costo para la administración estatal.

”La campaña de comunicación incluyó la colocación de al menos un centenar de espectaculares, anuncios en tres partidos de futbol cuya transmisión fue a nivel nacional, publicaciones especiales en revistas de circulación nacional y hasta el uso de una avioneta para desplegar una manta alusiva al informe.

”A pesar de que el actual gobernador poblano ha buscado desmarcarse de su antecesor (Mario Marín), igualó los gastos que tuvo éste en comunicación social: 180 millones de pesos”, señala parte de la nota.

Cuestión de transparencia

Cabe recordar que la ley marca un pago de 80 pesos por hoja o copia solicitada la que se certificaría, por lo que no solo organismos ciudadanos de transparencia, sino el mismo IFAI, interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 19 de enero, la SCJN admitió el proceso de inconstitucionalidad en la ley de ingresos de Puebla por el alto costo a las copias certificadas de documentos solicitados mediante la ley de acceso a la información.

Este recurso fue promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI) en la que se señala que se viola el artículo sexto constitucional al limitar el acceso a la información pública.

El ministro José Ramón Cossío Díaz, admitió a trámite el recurso presentado por la PGR, el que quedó registrado a trámite con el número de expediente 3/2012.

El magistrado solicitó tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo de Puebla, que entreguen en un plazo no mayor a 15 días un informe sobre los motivos de ambos artículos cuestionados.

El acto reclamado es el ”…último párrafo del artículo 73 y segundo párrafo del diverso 76, ambos de la ley de ingresos para el estado de puebla, para el ejercicio fiscal 2012, publicados en el periódico oficial de la entidad el 19 de diciembre de 2011.”

El problema era que es la única opción que da el gobierno a cualquier solicitante para obtener información, sin poner a disposición copias simples, como se daba anteriormente o se realiza en otras entidades del país.

Las copias certificadas son para documentos que contengan información comprobatoria de tipo fiscal y además obliga a identificarse al solicitante.

Hace unas semanas la situación fue cuestionada por el IFAI, debido a que el artículo 73 contempla que por cada hoja certificada que contenga información fiscal y sea solicitada a través del módulo de Transparencia, el interesado debe pagar 80 pesos.

El artículo 76 establece la obligatoriedad de mostrar la clave del Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, o en todo caso la Clave Única del Registro de Población para obtener la información.

Para el IFAI y la PGR, ambos artículos afectan el acceso a la información pública, consagrado en el artículo sexto de la Constitución como un derecho fundamental y gratuito para las personas.