Autoridades del DIF estatal tienen bajo custodia a una menor de 6 años, hija del activista Antonio Fernández Sánchez, porque la obligaba a ser sparring de su otro hijo de 9 años, quien se entrena para box y lucha grecorromana.

Debido a esta situación el padre de la menor acusó a la mencionada dependencia de gobierno y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de haberle quitado a su hija al portavoz de la Alianza Fraternal Suprema Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, aunque reconoció que la utilizaba para que su hermano —tres años mayor— la golpeara.

Hace unos días el agente del Ministerio Público recibió el reporte de Hospital Universitario sobre el ingreso de la menor de 6 años con fractura de brazo izquierdo y lesiones en la cara, por lo que se inició de oficio la averiguación previa 495/2012/AESEX.
Entrenado para la violencia
El agente acudió al nosocomio con un médico y psicólogo, como se da en estos casos y aunque la niña no declaró oficialmente porque se sentía mal y estaba sedada —para evitarle dolores—, lo único que alcanzó a decir es que su papá y su hermano mayor le pegan.

Inmediatamente las autoridades buscaron al padre quien se encontraba en el hospital y cuando fue abordado declaró que efectivamente entrena a su hijo de 9 años de edad y a su hija para el box y lucha grecorromana. Incluso, detalló que lo lleva a la ciudad de México para su entrenamiento porque quiere que sea luchador profesional, por lo que entrena con su hermana en su casa, pero es muy violento el niño, al grado de que en una ocasión mordió a su abuelo. Además, señaló a las autoridades que en otra ocasión golpeó el niño a su propia madre con un gancho al hígado y la mandó al hospital por 20 días al menos.

Ante las declaraciones, el Ministerio Público (MP) le pidió que presentara a su hijo para tomar su declaración, sin embargo hasta la fecha no lo ha llevado por temor a que también le quiten su custodia. Según la averiguación previa, Antonio Fernández Sánchez aceptó su culpa y responsabilidad porque no cuida a sus hijos y debe tenerles más cuidado, ya que el niño es muy agresivo y golpea fuerte por los entrenamientos.

Ante la situación, el MP decidió que el DIF se quedara provisionalmente con la custodia de la menor, quien a simple vista está en peligro en la vivienda del activista en derechos humanos. Mientras que el director de Asistencia Jurídica del DIF, Gabriel Moreno Gavaldón, señaló que el DIF estatal sólo llevó a cabo el mandato emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado en al averiguación previa 295/2012/AESEX.

La otra versión
Fernández Sánchez afirmó que el DIF le quitó a su hija de manera irregular, “sin razón alguna”, además —según él— fue torturado por elementos de la PGJ para que confesara, aunque reconoció en entrevista que la niña se fracturó el brazo mientras jugaba “luchitas” con sus hermanos. “Sin existir elementos necesarios me acusan de maltrato hacia mis hijos, lo cual es mentira”, señaló al afirmar que aún no existe una acusación directa en su contra.

Mientras tanto, en distintas entrevistas a medios de comunicación su esposa e hijos afirmaron que su papá no les pega y que lo quieren mucho, además de haber confirmado la versión de que la niña se fracturó el brazo mientras jugaba con sus hermanos.

Fernández Sánchez señaló que el pasado martes al llegar a su casa, su hija de 6 años le dijo que le dolía mucho al brazo, al verla mal le preguntó qué le había ocurrido y la niña le mencionó que se lastimó mientras jugaba “luchitas” con sus hermanos. Por lo tanto, pidió el apoyo de paramédicos al 066 acudiendo a su domicilio una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos trasladaron al Hospital Universitario a la menor.

Las acusaciones
Fernández Sánchez dijo que salió de las instalaciones del nosocomio, fue interceptado y detenido por elementos de la Policía ministerial que lo llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado. Afirmó que fue torturado por los agentes ministeriales al interior de la PGJ, donde le dieron “mazapanazos” y el típico “tehuacanazo”, y afirmó pretendían hacerle firmar declaraciones de maltrato a sus hijos e incluso algunas otras que lo vinculaban con el crimen organizado. Sin embargo se negó rotundamente a firmar y gracias a la organización a la que pertenece, ocho horas después fue puesto en libertad con el “usted disculpe”.

Señaló que al volver para ver a su hija en el hospital, encontró a personal de DIF estatal, quienes le informaron que la niña quedaría bajo su resguardo y custodia, “al pedir el documento que los facultara para esa acción negaron mostrarlo”.

“Primero queremos que nos la devuelvan, que mi hija sea regresada con nosotros que somos sus padres, con nadie puede estar mejor que con nosotros. Es cierto que fue un accidente que tuvieron mis niños, pero fue un accidente entre niños. No es justo que mi hija esté presa y menos por lo que hemos luchado de que no se violenten los derechos humanos.”