La seguridad personal de los cinco exgobernadores del estado, en caso de que acepten este beneficio por escrito, costará a los poblanos en promedio 7.2 millones de pesos anuales sólo en salarios para los 60 elementos que serían asignados, además de que se utilizarían vehículos oficiales cuyo consumo de combustible y mantenimiento queda a cargo de las corporaciones de seguridad pública estatal.

Luego de que se aprobara el decreto presentado por el diputado del Partido Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados para que proporcione seguridad personal a quienes han sido gobernadores del estado de Puebla, como lo establece el artículo segundo transitorio, dos extitulares del Ejecutivo podrían tener hasta 16 guardias bajo su mando.

El decreto que modifica la Ley de Seguridad Pública Título Décimo en los artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 establece que un exgobernador contará con seguridad garantizada por el estado.

Hasta el momento Puebla tiene en total cinco exgobernadores con vida Mario Marín Torres 2005–2011, Melquiades Morales Flores 1999 2005, Manuel Bartlett Díaz 1993-1999, Mariano Piña Olaya 1987–1993, Guillermo Jiménez Morales 1981–1987.

Conforme a lo que establece el documento tanto Mario Marín Torres como Melquiades Morales Flores que se encuentran en un período no mayor de 12 años de concluida su gestión conforme al artículo 139 de la ley gozarán cada uno de una escolta de 8 integrantes por turno, en total sumarían 16 elementos que estén adscritos a su servicio.

En los casos de Manuel Bartlett podría ver reducido el número a 6 por turno, mientras Mariano Piña Olaya y Guillermo Jiménez Morales a 4 por turno.

Según estimaciones se trata de 60 elementos que pertenecen ya sea a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de Justicia.

El artículo 138 precisa, “el servicio de seguridad personal se proporcionará al exgobernador del estado a partir de la fecha en que deje el cargo y será por el tiempo que el gobernador lo solicite por escrito”.

De acuerdo a la tabla salarial, cada elemento de seguridad pública percibe alrededor 10 mil pesos mensuales por lo que en total los 60 elementos que serían asignados representan un cargo al erario público de 600 mil pesos mensuales.

El documento aprobado ayer en la sesión advierte en el artículo tercero transitorio que el artículo 138 no será sujeto de revocación.