Existe un bloqueo total a las demandas laborales en contra del gobierno del estado por despidos injustificados, expedientes que se encuentran totalmente detenidos en el Tribunal de Arbitraje del estado sin el menor movimiento.
Sin embargo, para el gobierno del estado se avecina una “cascada” de pagos por indemnización a cientos de extrabajadores despedidos desde que inició la administración del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Incluso, apenas en el mes de febrero pasado, tuvo que pagar una indemnización por más de 3 millones 600 mil pesos a una exempleada
que ganó un litigio, luego de ser despedida injustificadamente, como en la mayoría de los casos.
Por lo mismo, el magistrado del Tribunal, Rodolfo Ramos García, es acusado por detener los procesos jurídicos contra el gobierno estatal, al grado que ha sido llamado a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por no realizar su trabajo.
Incluso, litigantes acusaron de diversas irregularidades en el Tribunal señalado, como la falta de nombramientos en las áreas y personal que firma documentos usurpando funciones de facto.
En tanto, continúa la ola de despidos en las distintas dependencias estatales, incluyendo las descentralizadas, en las cuales ya suman más de 5 mil las personas despedidas, sin pagos de finiquitos.
El bloqueo
Litigantes en derecho laboral, acusaron al magistrado del Tribunal de Arbitraje del estado, Rodolfo Ramos García, de no actuar conforme a derecho, bloqueando más de 300 procesos en contra del gobierno estatal hasta el mes de julio.
El bloqueo es tan grave, que a más de un año y medio de que iniciaron los despidos, los demandantes ni siquiera han sido llamados a comparecer, por lo que los procesos no avanzan y simplemente se archivan las demandas.
Debido a estos retrasos, el magistrado ha tenido que comparecer ante la PGR por distintos casos, luego de que los acusadores se han amparado ante instancias federales por el claro bloqueo a sus demandas.
Por ejemplo, Rodolfo Ramos, tiene un proceso en su contra por inejecución de sentencia en el expediente 186/2011 de Gregorio Paisano Jesús, bajo el amparo 671/2011 del expediente laboral 186.
En otro ejemplo, hasta en cuatro ocasiones ha sido requerido por el expediente 12/2012 de Antonio de la Vega Zafra, extrabajador de la Secretaría de Finanzas, para que cumpla su deber bajo el amparo 485/2012 del Juzgado Segundo de Distrito.
Pero al hacer caso omiso al llamado de la autoridad federal, el magistrado ha sido multado en dos ocasiones, con sanciones entre 20 y 40 días de salario mínimo en este caso de presunto despido injustificado.
En este caso, el magistrado también fue denunciado ante la Secretaría de la Contraloría, apenas el pasado 9 de agosto, por lo que se debieron iniciar investigaciones, según el oficio SC-DSQD-961/2012 en poder de este medio.
En entrevista, según los litigantes inconformes, se mantienen sin ejecución de sentencia alrededor de 50 procedimientos, por lo que los afectados se han amparado ante instancias federales ante la nulidad de impartición de justicia.
Se calcula que entre todas las multas por desatacar órdenes federales, el magistrado ha tenido deudas por sanciones hasta por alrededor de 60 mil pesos, y las mismas continúan, con tal de que sigan parados los procesos.
Cabe destacar que el Tribunal de Arbitraje del estado, es el encargado de revisar las demandas de los burócratas estatales y de 216 municipios de Puebla, con excepción del ayuntamiento capitalino.
En septiembre del 2011, el magistrado llegó a su puesto tras la salida de Luis Manuel Olivares, con alrededor de mil 500 expedientes rezagados, los que continúan sin avance hasta la fecha.
En su mayoría los expedientes fueron abiertos son por presuntos despidos injustificados principalmente en ayuntamientos, aunque ya existen más de 300 contra la administración morenovallista.
El encargado de tomarle la protesta fue el titular de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) Pablo Rodríguez Regordosa.
Exigen renuncia
Debido a todas las irregularidades, hace unas semanas cerca de 50 abogados, firmaron un desplegado, en el que denuncian la forma de trabajar del magistrado, exigiendo su destitución inmediata.
Lo acusaron por su mala actuación en la impartición y la administración de justicia en Puebla, señaló Francisco Martínez Alpízar, responsable del desplegado distribuido entre los empleados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
El documento está dirigido al gobernador Rafael Moreno Valle y al secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, donde los ciudadanos denuncian el desempeño del funcionario.
“Por su mal actuar en la impartición de la justicia laboral a favor de los ciudadanos de Puebla". Y resaltan el adeudo de más de 40 mil pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta el mes de junio por multas y recargos.
Las sanciones, dice el documento, fueron generados por negligencia del propio funcionario, porque no cumplió con algunos requerimientos realizados por varios jueces de distrito en la entidad poblana, quienes le solicitaron informes justificados o cumplir con algunas ejecutorías.
“Siempre se niega a recibir a los representantes del SAT cuando acuden a sus oficinas de Reforma 710 a requerirle el pago”.
Resaltan los asuntos que tienen en proceso "varados" en su curso legal por la omisión, el desconocimiento, la pereza, la arbitrariedad, la inasistencia, la negligencia dolosa y la negación consuetudinaria de Ramos García, quien se niega a recibir a las partes en los procedimientos para exponer sus inconformidades.
Se asegura que el presidente del Tribunal de Arbitraje del estado siempre se mantiene a puertas cerradas, pero además cuenta con dos secretarias particulares a su servicio que atienden a los litigantes.
"(…) también lo justifican y dicen que el magistrado está muy ocupado y por eso no recibirá a nadie."
Se indica que entre las decisiones arbitrarias que tomó el abogado destaca el traslado de las instalaciones del tribunal burocrático a las instalaciones de avenida Reforma 70, altos, sin que exista un estudio de factibilidad para albergar ese tribunal.
”(…) el cual carece de estacionamiento, es disfuncional y peligroso para quienes acudimos a realizar algún trámite.”
Los abogados solicitaron la intervención de las autoridades estatales para dar respuesta positiva a esa denuncia pública, "queremos su
destitución inmediata para evitar que siga causando más perjuicio en detrimento de la impartición de la pronta y expedita justicia".
Sin finiquito
Asimismo, en distintas respuestas de las solicitudes de información, la dependencia de gobierno informa lo siguiente:
“Aunado a lo anterior se le comunica que por finiquito se entiende el documento mediante el cual el trabajador y el patrón convienen mutuamente en terminar la relación de trabajo y en dicho documento se contiene la relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él”, señala el escrito.
Para ello agrega que “el término de finiquito no se encuentra definido en la legislación mexicana, sin embargo, se interpreta le lectura de los artículos 53 fracción 1 y 33 párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, así como diversas tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
De este modo, es como explica que a petición del trabajador es como se termina la relación laboral entre el empleado y el gobierno, con lo que incluso, renuncia a los derechos que tiene en el pago de finiquito o liquidación.
En el caso particular de la Secretaría de Finanzas, indica que durante el 2011 con la salida de los trabajadores no se había llevado a cabo ningún convenio por concepto de finiquito, toda vez que se los trabajadores al pedir su baja renuncian a los contratos que tenían en sus oficinas.
Los despidos
Intolerancia Diario documentó que en tan sólo seis meses fueron despedidas 505 personas de distintas dependencias descentralizadas del gobierno del estado, tras solicitar los datos por medio de la Ley de Acceso a la Información a 21 organismos.
Según la estadística, ya son más de 5 mil los despedidos de distintas Secretarías desde que inició la administración de Rafael Moreno Valle, aunque la cifra puede crecer mucho más por los meses faltantes desde febrero del 2011 en organismos descentralizados.
Asimismo documentó en lo que se refiere a dependencias estatales, como secretarías, que aumenta a 4 mil 449 despedidos hasta el mes de mayo.
Destaca que en estos tres meses donde más despidos hubo fue en la Secretaría de Finanzas, debido a que en estos tres meses 86 personas más fueron despedidas.
En la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Ardelio Vargas Fosado, se llegó a 612 los empleados dados de baja en total hasta mayo de 2012.
En tanto, en la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, en los meses señalados se despidieron a 10 personas más, con los que ya suman 105 personas que dejaron de trabajar desde el cambio de administración en febrero de 2011.
En la Secretaría General de Gobierno, dirigida por Fernando Manzanilla Prieto, otras 34 personas fueron dadas de baja, con lo que se llega a 552 trabajadores despedidos en esta dependencia desde el año pasado.
El organismo descentralizado que más bajas tuvo en los seis meses solicitados, fue el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), donde dejaron de laborar 107 personas.
En segundo lugar de bajas, está el Sistema Estatal DIF, presidido por Martha Erika Alonso de Moreno Valle, esposa del gobernador Rafael Moreno Valle.
En esta dependencia 80 personas se quedaron sin trabajo entre los meses de febrero a julio, 28 despedidas en el mes de marzo, mientras que febrero y junio fueron dadas de baja otras 16 personas respectivamente.
