Mientras el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas exigió una disculpa pública a los dos periodistas denunciados ante jueces locales por “haber difamado recurrentemente”, la organización Artículo 19 ya asesora a los comunicadores acusados.

La situación tiene repercusiones incluso internacionales, luego de que la cadena de noticias CNN, da un seguimiento al caso al realizar un reportaje en el que entrevistó a diversos periodistas poblanos, quienes desnudaron la situación de los medios de comunicación en el estado.

Darío Ramírez, director en México de la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, dijo a CNN México que tiene información de otro caso de un periodista poblano que ha sido notificado de la denuncia en su contra.

“El activista informó que Artículo 19 ya se encuentra asesorando legalmente a otros de los periodistas que serían denunciados”, señala parte de la nota en el portal CNN en Español, dirigido para toda Latinoamérica.

El representante de Artículo 19 calificó las denuncias como “una acción inhibitoria de la libertad de expresión” y consideró que el gobierno de Puebla podría haber recurrido a otras medidas antes de la denuncia civil.

Asimismo, en España la organización Periodistas en Español dio seguimiento a la nota periodística; en tanto, la agencia internacional AFP en su nota contextualizó que las denuncias en Puebla se dan en medio de asesinatos de periodistas en México.

La entrevista
El gobernador Rafael Moreno Valle desmintió que exista una lista negra de más comunicadores por denunciar, entre ellos Enrique Núñez, Ricardo Morales y este reportero de Intolerancia Diario.

En la víspera, llovieron críticas de especialistas legistas, presiones de organismos de transparencia y seguimiento medios de comunicación nacionales e internacionales contra las amenazas de denuncias contra periodistas, lo que al parecer surtieron efecto.

Sin embargo, Moreno Valle señaló que no se busca otra cosa más que una disculpa pública contra los dos periodistas que se demandaron, Fabián Gómez de Contraparte y Adrián Ruiz de El Heraldo de Puebla, ya que se sienten frustrados con emitir solamente cartas aclaratorias.

Así contradijo a su mismo vocero del gobierno estatal, Sergio Ramírez Robles, quien un día anterior en entrevista con Álvaro Delgado, periodista de la revista Proceso, aseguró que seguirían haciendo esto contra quienes llamen a los funcionarios “rata”, “perro”, “cerdo”, “homosexual”, “chacha”, “mascota”.

Incluso el funcionario estatal había reconocido que se iban a interponer más denuncias contra comunicadores

En la primera lista difundida por Diario Cambio, se encontró incluso el periodista Álvaro Delgado. Sin embargo, al crecer el tema a nivel nacional y hasta internacional, el nombre se quitó e inmediatamente Sergio Ramírez se comunicó con el periodista nacional para explicarle que él no sería demandado.

“Estoy a favor de la libertad de expresión y prueba de ello es que al inicio de mi administración mandé una iniciativa al Congreso para despenalizar la calumnia, recordemos que antes, un periodista que difamaba y no estoy hablando de hace décadas, sino de la administración pasada, iba a la cárcel.

”Ahí está el caso de Lydia Cacho, yo me encargue como gobernador de enviar una iniciativa para que nunca hubiera una Lydia Cacho más en el estado de Puebla”, dijo Moreno Valle.

“Adicionalmente he presentado dos demandas las que a pesar de que le permitiría que se busque una sanción económica en este caso no se está pidiendo.

”Pero si me parece que así como hay un derecho a la libertad de expresión, los ciudadanos tenemos derecho a que se hable con verdad y no se puede permitir la mentira constante y la calumnia y la difamación, como un método de presión para estar buscando prebendas económicas.

”En ese sentido lo que buscamos es que simplemente se hable con la verdad sin ninguna mentira, que haya una disculpa pública, me parece que eso en ninguna forma violenta la libertad de expresión.

”Me parece que todos tenemos derechos, pero los derechos de una persona terminan cuando vulneran los derechos de otros. Esa es la postura de mi gobierno, insisto, no estamos yendo con una sanción económica, en esta ocasión.

”Pero si queremos que se aclare y que tengan públicamente que pedir disculpas quienes han venido difamando de manera recurrente.”

Posteriormente dio una clase de qué es la libertad de expresión a los reporteros que lo entrevistaban a la salida de la entrega de computadoras a estudiantes.

“La libertad de expresión implica que yo puedo dar mi opinión, siempre y cuando especifique que es mi opinión, mi punto de vista, entonces todos podemos hablar bien, mal o regular de cualquier tema o cualquier persona, eso es nuestro derecho.

”Sin embargo si yo hago una afirmación de que algo está sucediendo, tengo la obligación de probar mis dichos y eso es lo que está sucediendo, estamos pidiendo que si alguien hace una serie de afirmaciones de manera recurrente que no tiene sustento o soporten la realidad, pues simplemente en la frustración de estar enviando cartas aclaratorias que muchas veces no son publicadas, también nosotros tenemos el derecho como gobierno para que se pueda hablar con la verdad y por eso seguimos esa postura, una cosa es una afirmación y otra es una opinión.

”La opinión es libre de cada ciudadano y de cada periodista, la afirmación se tiene que soportar en los hechos y eso es la naturaleza de las demandas que se han presentado.

”Creo que hay que poner en perspectiva las cosas y por eso lo hago con mucho gusto y de manera frontal porque nos asiste la razón.

”Tenemos esos dos casos concretos —denuncias— porque además, quiero decirles que la ley tiene que estar muy bien integrada, porque tenemos que ser muy cuidadosos, simplemente cuando haya elementos.

”Obviamente esperamos que haya responsabilidad de los periodistas, simplemente que digan lo que gusten como opinión personal, pero si van a hacer una afirmación que la soporten y sino que no lo hagan y si tenemos una carta aclaratoria, que la publiquen, parece que eso es lo que merecen los ciudadanos, eso es un derecho a la información, laque tiene que ser veraz y objetiva.

—¿Podría haber otros 16 denunciados como en la lista?
—Eso es falso, yo no sé de dónde salió y esa lista no tiene nada que ver con el gobierno del estado, no entiendo de dónde salió. Es el problema a veces de algunos columnistas, entre ellos se leen y entre ellos se creen.

Las críticas 
La organizaciones de transparencias como Fundar, Amedi (Asociación Mexicana del Derecho a la Información) y especialistas en derecho, criticaron la medida del gobierno morenovallista.

Miguel Pulido Jiménez, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló en entrevista que para Fundar lo lamentable es que algunos gobiernos han usado las figuras de difamación y calumnia como inhibitorias de la libertad de expresión. Dijo que en sociedades transparentes los servidores públicos son capaces de aceptar las inconsistencias, los errores e incluso se abstienen de cuestionar supuestos abusos que puede cometer la prensa. “Las demandas a periodistas, sea por la vía penal o civil con sanciones muy altas o con indemnizaciones sumamente costosas, no conviven con estándares internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, Lilia Vélez Iglesias, mediante su cuenta de Twitter @lvelez1, señaló que este tipo de denuncias no deben presentarse por parte del gobierno del estado, sino a titulo personal. “Las demandas por presuntas violaciones a derechos personalísimos sólo pueden ser presentadas por quien sostiene que le fueron violados”, dijo en uno de sus mensajes de 140 caracteres.

Asimismo, Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló en la red social que las demandas contra 18 periodistas es una excelente oportunidad para dejar sin efecto conspicuo la ley morenovallista. Indicó la medida como un absurdo. “Quien quiera demandar lo debe hacer a título personal. Hay que aprovechar para impugnar constitucionalidad de decreto”, insistió en su cuenta @evilanuevamx.

Su colega Issa Luna Pla, también académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que con la estrategia de demandar por supuesto daño moral, el gobierno de Puebla busca “aterrar y silenciar” a la prensa. En entrevista durante la Semana de la 
Transparencia en Puebla, comparó esta estrategia con lo que hace el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, donde hizo lo mismo. 

Recordó que todas las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la Relatoría de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han condenado estas acciones por parte de los gobiernos.