Anticonstitucionales, demandas contra periodistas

Las demandas del gobierno de Rafael Moreno Valle contra periodistas son anticonstitucionales y violan los tratados latinoamericanos en la materia, sentenció el connotado jurista Ernesto Villanueva.

Los señalamientos jurídicos del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron contra las medidas que adoptó el gobierno del estado tras denunciar a dos periodistas poblanos. Una por una fue desglosando y “desnudando” las carencias constitucionales de la “ley Moreno Valle” que propuso el gobernador de Puebla al arranque de su administración y que fue aprobada por el Congreso del estado. Fue tal el aporreo jurídico del especialista, que el vocero del gobierno morenovallista, Sergio Ramírez Robles —presente en el evento— se la pasó escribiendo en su teléfono celular. En algunos momentos hasta se comió las uñas y esbozaba sonrisas en las preguntas de los reporteros.

Tras la clase de leyes que dio Villanueva al gobierno estatal, Sergio Ramírez no tuvo opción más que reconocer que la administración poblana analizará la propuesta de crear una nueva “ley de medios”, donde tomen en cuenta los derechos de los comunicadores.

“Las reformas al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla que hizo el gobernador Rafael Moreno Valle sólo se utilizaron en dictaduras sudamericanas de los años 70 y 80, por lo que es totalmente anticonstitucional.”

De esta manera, Ernesto Villanueva inició la cátedra jurídica al gobierno del estado enumerando todas las violaciones a la Constitución que tiene el código en materia civil con respecto al tema de difamaciones en cuestión de honor. Para ser claros, sólo las dictaduras de Argentina, Chile o Paraguay de los años 70 y 80 tenían una “ley de desacato” en la que podían sancionar a sus ciudadanos por “manchar el honor” de un gobierno.

Por lo tanto, los periodistas demandados ni siquiera tienen que entrar a una confrontación en los tribunales de fondo, sino con el hecho que se amparen por estas violaciones el juez tendrá la obligación de revisar la anticonstitucionalidad del asunto. Detalló que el artículo 7 fracción séptima del reglamento, revive lo que en América Latina se llaman las leyes “de desacato”, lo que deriva en la protección al gobierno, muy común en dictaduras, dijo. Dijo que es una oportunidad de quitar esta ley en la que se defienda a cualquier funcionario público con todo el aparato de gobierno, contra un particular, lo que debe ser un trámite personal por cada afectado.

“Es como si el director de una empresa quisiera demandar a sus accionistas con dinero de la misma empresa y por ende de los demandados; no todos tenemos esa oportunidad de usar recursos públicos para hacerlo.”

Explicó que esa fracción de la ley es además totalmente incompatible con el Sistema Interamericano en Derechos Humanos, lo que una corte desecharía inmediatamente. Incluso recordó que en 1931 el gobierno de Yucatán trató de implementar una legislación similar, la que finalmente fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que desde entonces no ha existido en México, ni siquiera los gobiernos totalitarios del régimen mexicano de los años 60 ó 70 tenían legislaciones de este tipo.

Indicó que de esta manera el gobierno de Puebla da la oportunidad a los funcionarios de demandar hasta en dos ocasiones, una personal y la otra mediante la estructura gubernamental. Señaló que la ilegalidad es que se delegue al gobierno del estado, en este caso al vocero, para que demande a nombre de funcionarios o de la misma administración, ya que es una acción que debe ser personalísima, por lo que sólo los herederos del presunto afectado podrían continuar una demanda iniciada, pero sólo en caso de muerte, lo que no es en esta ocasión.

Señaló que es muy importante cambiar el código referido, ya que podría quedar como “una espada de Damocles”, al contentillo de futuros funcionarios o gobernantes, por lo que ésta es la oportunidad para hacerlo. Calificó al reglamento como una ocurrencia, “no sé de quién”, al dar atribuciones ilegales y por ende anticonstitucionales, lo que se debe cambiar. Posteriormente, comentó que los insultos no tienen defensa en materia jurídica, pero quien sea insultado es quien debe demandar por los que llamó “excesos en la libertad de expresión”.

Sin embargo, citó al Sistema Latinoamericano en Derechos Humanos, que señaló que el gobierno debe tener mayor “umbral de tolerancia” e inclusive el gobernante debe aceptar los adjetivos calificativos en su contra, ya que es preferible ese tipo de excesos que incurrir en este tipo de demandas. 

“Ahora existe en Puebla un sistema que el Sistema Latinoamericano ha considerado represivo, y textualmente dice que es contrario a la esencia misma de la democracia, que el gobierno debe tener mayores umbrales de tolerancia contra los comentarios que pueda haber, incluso ofensivos, porque precisamente el gobierno es el representante y no puede utilizar recursos públicos para defenderse de segmentos de la sociedad que le cuestionan.”

Citó además una sentencia en Estados Unidos, que llamó clásica en la materia: “un gobernante debe aceptar que haya adjetivos calificativos negativos contra funcionarios públicos.

”En toda actividad humana hay excesos, pero es preferible un exceso que incurrir en este tipo de cuestiones (demandas); traducido a palabras mexicanas: el gobierno debe jugar como el técnico y los periodistas pueden jugar como los rudos.”

Quien llegó varios minutos antes de la cita en el Mesón de la Sacristía, fue el vocero del gobierno estatal, Sergio Ramírez Robles, con una comitiva de seis personas, quien saludó desde lejos a los reporteros congregados. Incluso su camioneta Montero fue estacionada a un lado del recinto, en un lugar prohibido, donde su chofer lo esperaba con dos personas más. Durante la clase de leyes de Villanueva, el funcionario público se levantaba y se sentaba, sin soltar las teclas de su teléfono celular, además que de ves en cuando se llevaba las uñas de la mano a la boca. Pendiente de todo, aunque pareciera que el celular lo distraía, Sergio Ramírez se asomaba a cada rato a ver las caras de los reporteros que hacían preguntas al especialista, momentos en que esbozaba sonrisas.

Al final de la lección de leyes, Sergio Ramírez ofreció una rueda de prensa en la que no reconoció que haya un error en la propuesta en el código de Rafael Moreno Valle, dijo que se debe hacer un cambio en la materia. A la misma postura invitaba a los reporteros concurrentes de manera desesperada, como pregonando que daría la entrevista: “nadie… nadie… alguien quiere… alguien quiere… luego no quiero que digan que no quise hablar del tema.

”Vemos con buenos ojos la posibilidad de construir una ley general de medios, nos parece una buena idea; creo que algo que pueda regular los derechos y las obligaciones de los medios en Puebla, desde la sociedad civil con participación gubernamental…”

Ramírez Robles indicó que le llamó la atención que coincidieran con el especialista en derecho en que no hay ninguna ley que permita la ofensa, un término que se podría incluir y discutir en una eventual construcción de la que llamó “la primera ley de medios”. Sin embargo, defendió que no hay error en el código civil de Puebla, ya que lo aprobó el Legislativo. “El Ejecutivo ejecuta lo que el Legislativo aprueba”.

Refirió que aún se está evaluando cualquier otro “exceso” en la libertad de expresión para ofender a funcionarios. No quiso señalar si habrá más demandas, ya que sólo recibe órdenes del jurídico del gobierno estatal para emitir las demandas. Posteriormente, afirmó que no están valorando las repercusiones a nivel nacional e internacional del caso.

—No tengo encuestas hasta el momento, no lo puedo decir; la verdad es que he visto no sé cuántas, no tengo el número de notas nacionales que pudieran haber salido o internacionales en su caso.

”Es un asunto que está llevando su propia inercia y veremos con el paso del tiempo en qué termina y si es que hubiera algún daño; yo creo que puede haber un beneficio y uno de los beneficios pudiera ser que construyéramos una ley general de medios que beneficie a todos.” 

Posteriormente, emitieron un comunicado desde la oficina de comunicación estatal.