Este jueves terminó la gestión de la presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Blanca Lilia Ibarra Cadena y fue la última sesión del aún comisionado Samuel Rangel, en un año lleno de turbulencias y se dice que hasta de amenazas.

El organismo descentralizado encargado de la transparencia en Puebla recibió presiones de fuera, por medio de dos auditorias, cuyos resultados aún se esperan. Asimismo, se vio empañado con el tema de los helicópteros Agusta en una resolución deficiente. También tuvo grandes éxitos, como el recién creado reglamento del servicio profesional de carrera, lo que detendrá “caprichos” como el que tuvo el comisionado Samuel Rangel al despedir personal, lo cual finalmente no hizo.

No obstante, el mayor éxito fue navegar en la tormenta con escasos recursos, apenas .02 por ciento del presupuesto del gobierno estatal, lo que demuestra el real interés del gobierno de Rafael Moreno Valle hacia la transparencia. Hasta “Franco” Rodríguez, miembro de Activate por Puebla y presidente de Coparmex, en un encuentro bromeó con Blanca Lilia Ibarra en llevársela a una de sus empresas o de tesorera “en su ayuntamiento” porque sabe “estirar” el dinero y hacerlo producir.

Ahora, a partir de enero, inicia una nueva etapa en la CAIP donde estará al frente como presidente del organismo, Javier Fregoso y como comisionados Blanca Lilia Ibarra y Federico González Magaña.

El Agusta
El caso más controvertido y espinoso que tuvo este año la CAIP lo generó Intolerancia Diario al solicitar los costos y las fechas de adquisición del helicóptero en que se traslada el gobernador del estado, Rafael Morreno Valle. Fueron más de seis meses de batallas legales para lograr la información, ya que finalmente se logró saber que el gobierno morenovallista no sólo compró uno, sino dos helicópteros de lujo Agusta, llamados “los Ferrari del aire”.

Lo malo es que la CAIP, gracias al comisionado Samuel Rangel, quedó al resolver finalmente que el gobierno de Puebla había entregado toda la información, en lo que no estuvo de acuerdo Blanca Lilia Ibarra, por lo que prefirió abstenerse en su voto. Finalmente, a los pocos días de este controvertido resolutivo de la CAIP, el gobierno estatal confesó mediante un boletín que había adquirido dos aeronaves, lo que desnudó el engañó en el que también cayó el organismo garante de la transparencia.

Incluso, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que el gobierno pudo haber incurrido en violaciones de leyes de transparencia al revelarse que entregó información contradictoria en el caso de los helicópteros. Además de que falló la investigación de la CAIP para saber si fue entregada toda la información solicitada por Intolerancia Diario.

En entrevista, la presidenta del capítulo Puebla del organismo, Lilia Vélez Iglesias, indicó que fue notorio que las respuestas entregadas por solicitudes de información de Intolerancia Diario y el comunicado estatal no coinciden. Mientras tanto, el integrante de la CAIP, Samuel Rangel Rodríguez, se dijo tranquilo al afirmar que la resolución final en el caso de los helicópteros fue conforme a derecho. Aunque no aclaró el comisionado por qué no se tomó en cuenta una prueba en la que se comprobaba la adquisición de una aeronave apenas el 15 de septiembre de 2011, datos que jamás fueron entregados.

Luego de que el gobierno del estado revelara la compra de dos helicópteros de lujo Agusta, quedó al descubierto una presunta falsedad en las informaciones entregadas mediante la Ley de Transparencia por los datos que no coinciden. Las aeronaves adquiridas nunca fueron nombradas en las respuestas de la Secretaría de Administración (SA) a las solicitudes de información de Intolerancia Diario, tampoco las dos vendidas por el gobierno estatal, que sólo reconocía “una baja del inventario”. Incluso, la Secretaría de Finanzas, en otra respuesta a una solicitud de este medio de comunicación, sólo refiere la adquisición de una aeronave el 15 de septiembre de 2011, la que tampoco la SA reconoció en ningún documento. Ahora se sabe, tras el comunicado de la Dirección de Comunicación del gobierno del estado, que fueron adquiridas dos aeronaves modelo Agusta, por las cuales se pagaron más de 11 millones de dólares, alrededor de 150 millones de pesos.

Cabe destacar que a pesar de las incongruencias reveladas, la Comisión de Acceso a la Información Pública determinó en un resolutivo final, mediante un largo procedimiento, que la SA había respondido conforme a ley, a pesar de las pruebas en su contra de la adquisición de un helicóptero en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

En todas las respuestas del procedimiento sólo dio información de aeronaves adquiridas en los gobiernos de Mario Marín Torres, Melquiades Morales Flores y Manuel Bartlett Díaz, y ninguna del actual gobierno.

Cabe destacar que el caso de la opacidad de los helicópteros revelado por Intolerancia Diario mediante solicitudes de información trascendió a nivel nacional y local en medios de comunicación como Proceso, El Universal y La Jornada de Oriente, entre otros.
 
La pobre transparencia
La transparencia en Puebla vive tiempos difíciles, luego de una elección criticada del nuevo integrante de CAIP vinculado con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, lo que ha generado críticas fuertes.

Organismos civiles y especialistas en transparencia tanto locales como nacionales coincidieron en señalar que debe haber plena autonomía en los órganos de transparencia y de “pasadita” criticaron el raquítico presupuesto para la entidad en la materia. Incluso en ese entorno, el comisionado Samuel Rangel confirmó que habría dos bajas de personas que se podrían despedir durante el pleno de sesión del organismo, como lo reveló Intolerancia Diario. Finalmente no se llevó a cabo tras el escándalo mediático.

La comisionada presidente del mismo organismo, Jacqueline Peschard, en entrevista para Intolerancia Diario criticó el recorte del presupuesto del gobierno de Puebla para la transparencia en su administración, lo que frena la práctica en la materia. Incluso, en entrevista, recordó que el IFAI pasó por un problema similar cuando le dieron más atribuciones, pero le recortaron recursos, lo que tuvieron que pelear con los diputados en el Congreso de la Unión.

—¿Cómo ve el recorte de presupuesto en Puebla para la Comisión de Acceso a la Información Pública?

—Yo creo que las comisiones necesitan recursos para ejercer nuestras facultades; está mal, no hay una correspondencia entre lo que se está dispuesto como atribuciones, como funciones de un órgano garante y que no haya el presupuesto correspondiente.

”Eso es una responsabilidad del gobierno del estado, del propio Congreso estatal y del organismo garante, es una cuestión de búsqueda de ese presupuesto y lograr por el lado de la comisión aclarar cuáles son sus necesidades y de los poderes de responsabilizarse frente a estas responsabilidades”, sentenció.

Por su parte, Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas, fue más tajante contra Rafael Moreno valle al reprobar su trabajo en transparencia.

—¿Cómo ve el trabajo de transparencia en el estado de Puebla?

—Mal, mal.

—¿Por qué?

—Creo que el estado de Puebla ha sido renuente a aceptar las condiciones de acceso a la información, eso es lo que se sabe y se comenta, además está documentado. No me gusta el desempeño del gobierno en transparencia.

—¿Cómo ve la situación de recursos para la CAIP, le dan más atribuciones pero no más recursos?

—En la práctica se las niegan (las atribuciones), hay un problema muy serio en Puebla de inanición presupuestaria que es la clave y típica respuesta de un gobierno autoritario para acabar por las vías más simples posibles con una institución que ha sido muy valiosa.

—¿Están sepultando la transparencia?

—Si no se les da el presupuesto para trabajar es imposible que hagan su trabajo y eso por cierto de lo que hace Puebla se sabe en todo México, si cree (Moreno Valle) que no se sabe se equivoca, se sabe en todo el país.

En tanto, Soledad Loaeza, connotada profesora investigadora del Colegio de México, también en entrevista para este medio comentó que el gobierno de Puebla al no dar recursos para la transparencia es como no hacer nada contra la opacidad. Indicó la académica que los problemas de transparencia en los gobiernos estatales, como el de Puebla, son mucho más complicados que las entidades federales, donde no se ha logrado establecer la transparencia, donde están muy rezagados.

—¿Qué le parece que en Puebla la CAIP logra más atribuciones, pero no le dan recursos?

—Es una manera de no darle verdaderamente facultades porque si no tiene la manera de ejercerlas es como si no las tuviera.

”A menos de que trabaje que el Congreso de Puebla y logré que le den más recursos el otro año, tienen que sobrevivir y están una situación de supervivencia”, dijo Soledad Loaeza.

Así coincidió el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Ángel Trinidad Saldívar, señaló que el gobierno estatal está “estrangulando” a la Comisión de Acceso a la Información al no entregarle recursos suficientes.

—¿Cuál es su opinión de los pocos recursos del gobierno estatal a la CAIP?

—Creo que todos los institutos a nivel nacional deben contar con los recursos suficientes; una política de Estado que intentamos, como sea ésta, a la que no se destinan los recursos suficientes, pues lo que se está haciendo es estarla estrangulando.

Indicó que no debería de permitir la ciudadanía o los diputados que se recorten los recursos, aunque indicó que la cuestión es saber cuál sería un presupuesto suficiente para la CAIP.

“Lo que me queda claro deben de ser aquellos que les permitan no sólo pagar la nómina de los trabajadores, los institutos a nivel nacional y federal, tenemos la atribución de difundir este derecho y esto cuesta recursos.

”Es la obligación de hacer eventos como éste, de promoción y acercamiento con la ciudadanía; todo eso cuesta, quizá lo más sencillo es revisar los presupuestos en otros estados y establecer un parámetro, lo que podría dar una idea de cuáles son los recursos suficientes.

”Esto de tratar de recortar los recursos a éste o a otros institutos no lo podemos permitir. Al propio IFAI se intentó hacer esto hace un par de años: no dotarlo de los recursos suficientes.

”Nosotros acudimos al Congreso de la Unión, apelamos con los legisladores y a la opinión pública a través de los medios de comunicación, los que fueron muy importantes en dar a conocer que la Secretaría de Hacienda pretendía recortar recursos. Por suerte gracias a esa presión, eso no sucedió”, acotó.

Indicó que entre los requisitos para solicitar información se busca que se haga de manera fácil, sin que se impongan demasiados requisitos. “Con sólo abrir una página de internet que se obtenga. Entre más requisitos se pidan menos solicitudes habrá.

”Hay estados que dan desde 5 a 15 días para responder, unos hábiles y otros naturales. ¿Por qué?”, dijo al señalar que establecer periodos cortos no se da el espacio suficiente para que conteste la autoridad y así pueda evadir la respuesta.

Asimismo, indicó que siempre debería ser la queja por electrónica, e inclusive aun hay estados como Puebla donde oficinas gubernamentales piden para entregar la información una copia de la credencial de identificación, “esto inhibe para hacer solicitudes”, dijo. En su conferencia se señaló que Puebla no establece la obligatoriedad de difundir la entrega de recursos públicos, destinatarios y usos sin que medie solicitud, junto con otros cuatro estados: Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.