La evaluación de desempeño sobre el primer año de sesiones de la LVIII Legislatura del Congreso de Puebla para el año 2011 muestra lo desequilibrado del funcionamiento de la actual Legislatura.

El informe señala que los especialistas coincidieron en que la nueva ley orgánica del Poder Legislativo aprobada por el Congreso apenas en 2011 aunque moderniza algunos aspectos del derecho parlamentario, necesitó fortalecer otros aspectos fundamentales de la legislación. En el informe realizado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, señala que uno de los principales rezagos fue el fortalecimiento de la mesa directiva del Congreso porque en su lugar se fortaleció a la Junta de Coordinación Política volviéndola prácticamente el órgano que salva las dificultades a la hora de que se ponen de acuerdo las cabezas de los grupos parlamentarios.

En los considerandos de la nueva ley orgánica del Congreso, los diputados expresan su sensibilidad al trabajo legislativo, a la rendición de cuentas, “un poder sensible a los nuevos valores, nuevas formas de organización donde la democracia, la libertad, la transparencia, la rendición de cuentas, y sobre todo el impulso de una nueva ética del ejercicio público, guíen el comportamiento de los diputados, desde una pluralidad que construya para todos”. Pero en el texto de la ley se exhiben la ambigüedad y las carencias para volver realidad esta lista de buenos deseos legislativos.

Dos son las carencias de la ley orgánica.

En primer lugar no se detalla el tema de la “representación institucional”. Porque la ley marca que el depositario del Poder Legislativo al “pleno”, cuando realmente se debería referir al “Congreso del estado”. La explicación que dan los especialistas del Centro Espinosa Yglesias es que el “pleno” es apenas la forma que toma el Congreso y no en la ley se confunde con un órgano.

Los especialistas del Centro Espinosa Yglesias señalan también que otro problema que surge de la redacción de la ley aprobada en el 2011 es la ambigüedad en cuál de los órganos detenta la representación del Congreso, porque esta representación debiera recaer en la “mesa directiva”, la cual es nombrada antes del inicio de los períodos ordinarios o al entrar en receso, cuando se designa a la permanente.

Pero el artículo 64 de la ley orgánica del Congreso local refiere que la mesa directiva es solamente un órgano de “conducción y supervisión” y no verdaderamente un “auténtico representante institucional, autónomo y con facultades para sancionar”.

En la redacción del artículo 100 de la ley orgánica se específica que será la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la que ejerce el gobierno del congreso del estado de Puebla, sin embargo, explican el análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la ley define a la Junta de Gobierno como un órgano plural y colegiado facilitador de la construcción de consensos y de la “gobernabilidad democrática del Congreso”. El informe también critica que se hayan aumentado las comisiones en el Congreso local pasado de 21 a 32 comisiones, lo cual ni se justifica y solamente obedece a “intereses políticos” de los grupos representados en la Legislatura.

El informe del Centro Espinosa Yglesias agrega que debido al alto número de comisiones se dificultaría que realmente las comisiones se reúnan una vez al mes como señala la ley. El artículo 105 de la ley orgánica establece que se podrá convocar a los diputados a sesión de manera personal o por cualquier medio electrónico. Sin embargo, en este punto los especialistas señalan que “medio electrónico” es un término demasiado amplio, le quita formalidad a la convocatoria y generaría manipulaciones para obtener el quórum en las comisiones.

La observación del estudio del Centro Espinosa Yglesias coincide con las quejas provenientes tanto de diputados del PAN, como Juan Carlos Espina von Roehrich y del partido Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, quienes presidiendo comisiones no se les ha informado de manera oportuna la realización de éstas.

Durante la aprobación en la Comisión de Gobernación, el pasado 3 de septiembre de este año de la llamada “ley Mondragón” (aunque el informe del Centro Espinosa Yglesias no lo indica, puesto que estudia únicamente el cuerpo jurídico aprobado en el año 2011, en diversas ocasiones se han ocupado estrategias para lograr un quórum conveniente y evitar la asistencia de diputados críticos), al presidente de la comisión, Juan Carlos Espina von Roehrich, no se le informó de manera oportuna la celebración de una sesión de dicha comisión donde se aprobó en fast track un dictamen de una ley electoral que atrasó el inicio del proceso electoral de 2013.

El otro punto criticado por el estudio realizado por el Centro Espinosa Yglesias es que el artículo 39 de la ley orgánica explica que los diputados gozan de igualdad de derechos y obligaciones. Sin embargo, solamente los diputados electos por mayoría están obligados a presentar un informe público de sus actividades una vez al año sin explicitarse cómo se presentará dicho informe ni tampoco en el caso de incumplimiento de esta norma quién sanciona a los legisladores.

El informe del Centro Espinosa Yglesias refiere que a pesar de en la ley orgánica aprobada por el Congreso en 2011, como parte de la recomposición de las fuerzas parlamentarias en el congreso de alternancia, se incluyó el tema de la “ética legislativa”, el documento es vago y no detalla la propuesta ética, “representa aparentemente un avance normativo pero (los diputados) resaltaron que éste sólo incorpora exigencias vagas, cuyas situaciones y supuestos resultan poco verificables y no acarrean sanciones consigo”.

Quizá la valoración más contundente es la que explica que la ley orgánica de 2011 únicamente se limita a “gestionar la convivencia entre partidos políticos durante la presente legislatura” pero descuida el interés de los ciudadanos supeditándolos a los intereses de los partidos.

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Cabe señalar que la evaluación, realizada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, aún no toma en cuenta lo realizado en 2012 donde se realizaron nombramientos de comisionados de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), la designación de los nuevos consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral (IEE), entre otras decisiones del Legislativo que han sido cuestionadas por organismos sociales.

Mucho menos se aborda en el estudio el predominio de las iniciativas del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, sobre las presentadas por los grupos parlamentarios. En especial de los grupos parlamentarios como los del PAN, que en este año aprobó todas las leyes enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo mientras que el Congreso aprobó un número menor de las iniciativas de estas fuerza política, siendo que es el partido que postuló en una coalición al actual gobernador.

Otro tema pendiente en el análisis del Centro Espinosa Yglesias es la iniciativa de ley electoral fast track, conocida como “ley Mondragón”, la cual fue aprobada en menos de cinco horas por el Congreso, sin una discusión previa, lo que ha generado tres parches legislativos, entre ellos un artículo transitorio que pospuso la entrada en vigor del ordenamiento legal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le haya dado entrada a una acción de inconstitucionalidad en contra de la denominada “ley Mondragón”, acción presentada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que la evaluación del Centro Espinosa Yglesias para el segundo año de trabajo de la actual Legislatura podría dar otro resultado.

Para recordar
*La evaluación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias sobre el primer año de trabajo del Congreso local arrojó una puntuación global de 6.3 midiendo el desempeño institucional (calificada con 7.29) y calidad de la actividad legislativa (5.4).
*Un panel de 26 expertos en temas parlamentarios, derecho, rendición de cuentas y ciencia política.
*La metodología de evaluación fue previamente conocida por los diputados de la LVIII Legislatura.
*En la evaluación, paneles de expertos revisaron diversas leyes aprobadas en el primer año de la Legislatura: reforma electoral, ley orgánica del Congreso, Transparencia, Seguridad Pública, derechos de propiedad y reforma penal.
*Los especialistas coincidieron en que en el primer año de la actual Legislatura “existe una alta cohesión de los grupos parlamentarios, que los diputados asisten con regularidad y puntualidad a sus sesiones, que no incurren en interferencias que obstruyan el cumplimiento de las funciones del órgano legislativo y que un alto porcentaje de las iniciativas presentadas se discuten y se aprueban.
”No obstante lo anterior, los evaluadores constataron que gran parte de lo que sucede en estos procesos legislativos no se hace público, y que muchas iniciativas se discuten y aprueban en tiempos récord sin la debida deliberación de los diputados presentes en el pleno y sin la participación real de la ciudadanía.”