La Auditoría de la Federación advierte sobre los riesgos que implica para las finanzas de las administraciones estatales el que se endeuden a través de bursatilizaciones y contratos de prestación de servicios, en los cuales los gobiernos de los estados no consideran deuda pública directa.

Pero estas transferencias multianuales impactan en las finanzas estatales.

En el caso del estado de Puebla, en esta administración se han ocupado mecanismos como los proyectos de prestación de servicios para la construcción de infraestructura.

El caso más notable es el de la creación de instrumentos de deuda indirecta, como la creación de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), que ha permitido la construcción de obras como el Centro Integral de Servicios. A través de este instrumento de deuda indirecta se pagarán en 23 años 9 meses la cantidad de 3 mil 800 millones de pesos.

Estas modificaciones a la ley de deuda pública han contado con el respaldo de todas las fuerzas políticas, incluidos los diputados del PRI.

Cabe señalar que la actual ley de deuda pública de los gobiernos estatales presenta diversos candados para conocer el resultado de la deuda de las entidades federativas.

Un documento de la Auditoría Superior de la Federación denominado “Análisis de la Deuda pública de las entidades Federativas y municipios” advierte sobre la opacidad prevaleciente en la leyes estatales de deuda pública.

“Un aspecto prioritario en el tema de la deuda pública de los gobiernos subnacionales es la transparencia de la información. No se conoce el saldo total acumulado debido a que conforme al Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, solo se registra ante la SHCP la deuda garantizada con participaciones, y para los gobiernos locales es voluntario el registro de la deuda de corto plazo y de otras obligaciones financieras. En este hecho inciden las definiciones contenidas en la Ley de Deuda Pública de las entidades federativas, que en general no establecen como obligación reportar las operaciones crediticias de corto plazo, ni las obligaciones con los proyectos de inversión en el marco de asociaciones público o privadas (PPS), las cuales se contabilizan como gasto corriente y no como deuda pública directa.”

El artículo 6 de la ley de deuda pública del estado de Puebla considera en su artículo 6 que los contratos de prestación de servicios no serán considerados como parte de la deuda pública estatal.

Dicho artículo establece: “Asimismo, no constituyen deuda pública, los contratos para prestación de servicios a largo plazo previstos en la ley de la materia, los proyectos de inversión a que se refiere la ley estatal de presupuesto, contabilidad y gasto público, ni las obligaciones derivadas de los mismos. Tampoco constituirán deuda pública, las afectaciones ni los mecanismos de afectación que se instrumenten relación con dichos contratos y proyectos”.

**

Este “ocultamiento” de la información de las entidades federativas conlleva riesgos como los siguientes, advierte la Auditoría superior de la Federación: “En consecuencia, diversas entidades federativas han contraído elevados montos de deuda no registrada que ha sido identificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero por medio de fuentes secundarias, como las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores. Por ello, es necesario dar transparencia al total de la deuda, al costo financiero, los plazos de vencimiento y los acreedores, para estimar la situación a resolver, sus tendencias y los riesgos probables. Al respecto, las agencias calificadoras degradaron algunas de sus calificaciones, lo que representa mayores costos y limitaciones de acceso al financiamiento. Como se ha destacado, la solvencia de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda tienen como restricciones para su mejora tanto el nivel de ingresos, como las crecientes presiones de gasto inercial. En este contexto, es prioritario evaluar integralmente la situación de la deuda pública y de los pasivos para medir sus riesgos y definir las posibles reformas a la legislación sobre deuda pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, básicamente en el Reglamento del artículo 9, relativo al registro de los empréstitos y obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios.”, señalaba el documento presentado en agosto del año pasado.

***

La calificadora Standard & Poors advierte sobre la debilidad de la economía de Puebla fuera del área metropolitana. Otro riesgo que encuentra es una “liquidez modesta”.

Aunque reconoce una calificación crediticia estable y como positiva la reforma al sistema de pensiones estatal para aliviar las presiones al presupuesto por lo menos hasta el año 2032.

De acuerdo al comunicado de la calificadora internacional Standard & Poors emitido el pasado 16 de enero al estado de Puebla se le asignó una calificación de mxA+.

En su comunicado la calificadora señala “la calificación del estado de Puebla se sustenta en el relativamente bajo nivel de deuda y servicio de deuda que, al cierre de 2012 y 2013, serían menores a 30 por ciento y 3 por ciento de sus ingresos discrecionales, respectivamente. Incorpora también un desempeño presupuestal que ha sido adecuado en los últimos dos años, y que esperamos se siga reflejando en superávits operativos de alrededor de 6 por ciento de sus ingresos operativos, así como una posición equilibrada después del gasto de inversión en los próximos 24 meses. Otro aspecto positivo de la calificación es la reciente reforma al sistema de pensiones del estado que extendió su sustentabilidad hasta el año 2032, de acuerdo con el último estudio actuarial”.

La calificadora toma en cuenta los servicios de deuda pública directa, que aparecen registrados en la SCHP, y que se basan en la actual ley de deuda pública del estado de Puebla.

Sin embargo, la calificadora que el gobierno del estado de Puebla cuenta con un bajo nivel de ingresos propios: “Por otra parte, la calificación está limitada por el bajo nivel de ingresos propios que representa solamente el 8 por ciento de sus ingresos operativos, aspecto que hace vulnerable a las finanzas estatales a los ciclos económicos adversos. Aunado a esto, el estado tiene una posición de liquidez modesta al cierre de cada ejercicio fiscal y una economía débil, fuera de la capital estatal y su área metropolitana. ”

Bajo nivel de inversión pública estatal
Todavía el año pasado, el economista Alejandro Chávez Palma a título personal advirtió sobre los riesgos del endeudamiento del estado de Puebla.

Desde junio del año pasado, en declaraciones a Intolerancia Diario, Chávez Palma, explicó el sentido del endeudamiento estatal. El economista Chávez Palma planteó que al mismo tiempo que aumenta la deuda local la inversión pública disminuye en proporción al gasto neto total en el primer año de gobierno de Rafael Moreno Valle, esto, señala Chávez Palma evidencia la solicitud de nuevos empréstitos a largo plazo, lo que marca el desempeño del primer año fiscal de la administración pública estatal 2011-2017.

Como antecedente, el economista señaló que: “El estado se endeuda con nuestros impuestos y la proporción del gasto público de inversión va a la baja”.

El otro riesgo expuesto por el economista es que no existe un manejo adecuado de las finanzas estatales que permita una redistribución del ingreso y que cierre las brechas regionales y las brechas de pobreza.

Una de las ausencias en el debate del Poder Legislativo es que los diputados no analizan a fondo las finanzas públicas estatales, sino que solamente se limitaron a aprobar las revisiones del órgano de fiscalización, por lo que no revisaron el equilibrio del gasto corriente estatal frente a los gastos de inversión; ni tampoco revisaron la relación entre la deuda que adquiere el estado y la proporción del gasto de inversión en el primer año del gobierno estatal.

De acuerdo a lo planteado por Chávez Palma, a la hora de las cifras, el economista señala que en el rubro de obra de inversión pública y acciones de fomento estatales, en el 2011, se erogaron únicamente 3 mil 580.6 millones de pesos de los 56 mil 998.1 millones de pesos de los egresos del gobierno del estado de Puebla.

Porcentualmente, esto significa que se gastó en obra de inversión pública y acciones de fomento estatales apenas el 6.3 por ciento de los egresos del gobierno estatal. La tendencia de la proporción de gastos de inversión, gastos de capital y acciones de fomento al desarrollo ha venido disminuyendo de modo drástico desde el 2007, plantea Chávez Palma.