La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), apenas emitió 24 recomendaciones en 2012, el más bajo en su historia desde hace 20 años, en 1993 cuando se creó el organismo.

De las 24 recomendaciones, apenas cinco fueron para entidades del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, cuatro de ellas contra la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y una sola contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Fuentes del organismo, señalaron a Intolerancia Diario, que existe la consigna de emitir el menor número de recomendaciones contra el gobierno morenovallista, lo que podría comprobarse con los números fríos.

La excusa de la CDHEP, a cargo de Adolfo López Badillo, es que se llega a la conciliación antes que a la recomendación; sin embargo, existen quejas de ciudadanos a quienes simplemente no se les toma en cuenta su denuncia, ya que se les convence que no procederá.

Inclusive, para que no se note la diferencia de los números, la institución protectora de derechos humanos en Puebla, dio la orden de enumerar en su página oficial de internet también las conciliaciones junto con las recomendaciones.

Otra situación anómala, es que las recomendaciones son publicadas en dicha página de la web, hasta con más de un mes de retraso. Ahí la excusa es que se tiene que subir una versión donde se protejan datos personales.

No oigo, no oigo…
Durante 2012 se registraron diversos hechos que pudieron llegar a alguna recomendación en materia de derechos humanos, pero ninguno lo fue.

Por ejemplo, en recientes fechas se presentó al organismo un joven con capacidades diferentes (se guarda su nombre para su protección), fue despedido del proyecto de La Aldea de las Niñas y los Niños de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para alegar un caso de discriminación.

Fue despedido por Raúl Guerrero Pérez, director de dicho proyecto, quien además corrió a todo el personal, para que entraran a trabajar algunos amigos.

En primera instancia, en la CDHEP le dijeron que la pensara, que iba a quedar en una “lista negra” y jamás volvería a trabajar para el gobierno.

Posteriormente se volvieron a acercar al joven, quien acudió a sus oficinas. Ahí el joven les insistió que no le importaba el dinero, sino simplemente que había sido dado de baja por su problema físico en un acto claro de discriminación.

Pero nuevamente le cerraron la puerta y le pidieron que acudiera primero a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya si ahí no le tomaban su denuncia, entonces procederían, omitiendo el caso claro de discriminación.

Cabe destacar que como esta queja se reciben cada semana decenas, sobre todo contra policías estatales, por ejemplo en 2012 se recibieron 432 quejas contra elementos policiacos por presuntos abusos de autoridad, 82 de ellas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la mayoría contra la Policía Ministerial.

De las 437 quejas contra policías ya sea estatal, municipal o ministerial, 212 casos están concluidos y 225 aun en trámite de estudio o conciliación o sea el 51 por ciento de los casos.

La corporación que más quejas tiene en su contra es la Policía Ministerial con el 30.59 por ciento de los casos, seguido por la Policía Estatal Preventiva con 84 quejas o el 18.22 por ciento de los presuntos abusos contra ciudadanos donde se violen derechos humanos.

Asimismo policías municipales de distintos ayuntamientos han recibido 212 quejas de ciudadanos, 59 de ellas de Puebla, 12 de Tehuacán, nueve de Xicotepec y el mismo número contra uniformados de San Andrés Cholula.
Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados por los elementos policíacos, son en seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal, pero ninguna no solo no llega a ser recomendación, pues ni siquiera llega a conciliación, como el caso del joven señalado.

En otros casos, según la misma CDHEP se tiene registrados 10 casos de agresiones de policías estatales o municipales en contra de periodistas. Hasta el momento no ha emitido una sola recomendación al respecto.

La ficha informativa entregada a Intolerancia Diario, detalla que por lo menos cuatro diligencias de oficio, en las cuales los reporteros o periodistas no se acercaron al organismo a hacer una denuncia oficial.

Además otras tres denuncias fueron remitidas a otros organismos de distintos estados de la República, por no ser competencia de la de Puebla.

Los expedientes fueron recibidos por la CDHEP por agresiones a periodistas en el desempeño de sus funciones, durante 2012, al corte del 22 de octubre, aunque no se detalló ninguno de los casos.

Despidos
Organizaciones civiles criticaron la mala administración y conciliación laboral del organismo, ya que al cambio de administración se terminaron las relaciones laborales con más de la mitad de los empleados.
Luego de asumir la presidencia, el ombdusman Adolfo López Badillo ha despedido a 31 de 55 trabajadores, entre quienes se encuentran tres visitadores generales, tres directores, dos jefes de departamento, tres auxiliares, tres secretarias y un responsable de biblioteca.

Indicaron que los despidos masivos causan desconocimiento en los temas pendientes como la atención a migrantes, agresiones a campesinos y personas con VIH.

La situación se debe, según trabajadores que pidieron el anonimato a la falta de certidumbre e ignorancia laboral de las personas que llegaron al organismo.

Asimismo, los trabajadores despedidos acusaron que al llegar López Badillo a las oficinas ubicadas en la colonia Las Hadas, les solicitó a todos los empleados presentar su renuncia voluntaria.

El encargado de vigilar los derechos humanos de Puebla, les dijo que aplicaría procesos de certificación y evaluación a todo el personal.

La última ola de despidos fue apenas a unos días de las festividades de Navidad, cuando se dio de baja a ocho trabajadores, con la excusa que no hay dinero por los recortes presupuestales.

El pasado 17 de diciembre se les dieron las gracias a los empleados de las áreas como Quejas, Informática, la Primera Visitaduría y Administración, como principal justificación fue que para 2013 se les había reducido el presupuesto.

Sin embargo, extraoficialmente les aseguraron que algunos de los despidos eran debido a que trabajaron desde la administración del gobernador Mario Marín Torres, aunque hubo a despidos a personas que llevaban más de 10 años en el organismo defensor de los derechos humanos.

También cabe decir que en la Ley de Egresos del gobierno del estado para 2013 se destinaron 20 millones de pesos a este organismo, lo que representa un incremento del 5 por ciento en relación a lo ejercido este año.

Ante la ola de despidos el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla señaló que es preocupante que un organismo que protege los derechos humanos, llegue a sacar a todo el personal en cambio de administración.

“Son preocupantes los despidos porque puede dejar estancada al organismo durante mucho tiempo, se debe dar continuidad a los trabajos y respetar la autonomía de los trabajadores”, dijo Oscar Castro, académico de la Ibero.

Asimismo, el Nodho de Derechos Humanos señaló que los despidos masivos en cualquier dependencia la deja desprotegida ya que los suplentes llegan con un desconocimiento total de los temas pendientes, los que corren en peligro de archivarse.

Las recomendaciones
De las 24 recomendaciones emitidas por la CDHEP, cuatro fueron contra la PGJ, una sola contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y 19 contra diversos ayuntamientos.

La última recomendación por violaciones a las garantías individuales fue contra la SSPE, cuyos elementos agredieron campesinos de parte del entonces titular, Ardelio Vargas Fosado.

Los hechos se registraron en el mes de mayo en la localidad de Tlachichuca, cuando Policías Estatales reprimieron una manifestación en contra del presidente municipal por parte de pobladores.

Sin embargo, la recomendación fue emitida hasta el mes de diciembre y apenas en enero se hizo pública, por lo que el organismo presenta graves retrasos en la publicación de los documentos en su página oficial de internet.

En aquella ocasión pobladores del municipio de Tlachichuca, quemaron una patrulla y amarraron de un asta bandera al hermano del presidente municipal Iván Collantes Cabañas, para exigir al edil dejar el puesto acusado de malversación de fondos para fertilizantes.

El mismo Vargas Fosado, declaró en ese entonces que siempre que sea necesario será utilizada la fuerza pública, sobre todo cuando se trate de mantener la calma y la seguridad en algún punto del estado.
 “Un movimiento que empieza con un reclamo de campesinos por el fertilizante y después deriva en otra cosa, que probablemente tenga tintes políticos.”

A siete meses de distancia, tras investigaciones de la CDHEP, se emitió la recomendación 24/2012, ya que se comprobó que elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes abusaron de su autoridad, golpeando a seis personas.

En cuanto a las conciliaciones, la SSPE se salvó en cuatro ocasiones de que llegaran a ser recomendaciones, gracias a este nuevo modelo, asimismo la PGJ en cinco ocasiones concilió con quejosos, así como el SOAPAP en una y hasta el tribunal de Arbitraje, tuvo otra conciliación.

En cuanto a recomendaciones, el ayuntamiento de Cuautlancingo y Tehuacán tuvieron tres casos cada uno de violaciones de garantías individuales, mientras que en conciliaciones, el ayuntamiento de Puebla tuvo cuatro casos en los que se medió para que no fuera recomendación.

 Año y recomendaciones
2012… 24
2011… 61
2010… 70
2009… 70
2008… 70
2007… 70
2006… 70
2005… 64
2004… 64
2003… 62
2002… 60
2001… 52
2000… 51
1999… 51
1998…50
1997… 40
1996… 27
1995… 38
1994… 39
1993… 6

Fuente CDHEP