El Consejo Tiyat Tlali, por la defensa del territorio, exigió al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas hacer público el convenio “Energía Limpia”, firmado con el Grupo México, empresa que pretende instalar una hidroeléctrica en Olintla para abastecer a una mina.

Hasta la fecha han corrido versiones extraoficiales de acuerdos “por debajo del agua” con la empresa, que fueron supuestamente logrados mediante el padre del gobernador, Rafael Moreno Valle Suárez. Tras el problema social en este municipio, el organismo civil envío una carta al mandatario estatal, donde además le exigen seguridad, luego de que fueron retenidos activistas el pasado fin de semana en esta comunidad de la Sierra Norte.

El convenio fue firmado el 14 de abril de 2011, como consta en el archivo de boletines del gobierno del estado con la empresa minera, donde supuestamente habría generación de “energía limpia”, pero los activistas afirman lo contrario, que dañará la naturaleza de la zona serrana.

La carta
El oficio fue entregado este 28 de enero y recibido por la Secretaría Particular del Ejecutivo del estado, donde el Consejo Tiyat Tlaliexpone la situación que se ha vivido en el municipio de Olintla.

Afirma el comunicado firmado por integrantes del organismo no gubernamental (ONG), que se han vulnerado derechos humanos, civiles, políticos, culturales, ambientales y hasta económicos de toda la comunidad indígena.

Le recuerdan o informan de la retención sufrida el pasado sábado 26 de enero, donde afirman que fueron objeto de violencia y amenazas por parte de un grupo de personas que quieren la hidroeléctrica en el municipio.

Acusaron que el bloqueo sigue instalado en Olintla e inclusive se ha reportado una segunda agresión contra Constantito Sánchez Gómez de 50 años de edad, propietario de un terreno en la zona afectada. Esta persona se dirigía a la comunidad de Ignacio Zaragoza a apoyar a los inconformes de este proyecto, señalaron.

“Dado lo anterior, manifestamos que las condiciones actuales en el municipio de Olintla no son propicias para que los habitantes de la comunidad de Ignacio Zaragoza, así como los ciudadanos de otras comunidades del municipio que se han inconformado con el proyecto, asistan a la reunión acordada para el 29 de enero”, indica la carta.

Posteriormente, enumeran en seis puntos sus peticiones al gobernador Rafael Moreno Valle para frenar el problema en Olintla. El primer punto pide que intervenga el Ejecutivo para que se retire inmediatamente el bulldozer (maquinaria pesada de construcción) de la comunidad de Zaragoza, así como el personal que se encuentra laborando en los predios particulares sin ningún permiso de los propietarios.

En el segundo punto piden a Moreno Valle que intervenga para salvaguardar la seguridad de los habitantes del municipio de Olintla, evitando que se sigan presentando hechos violentos como el del sábado pasado.

En el tercer punto ratifican la demanda de protección de garantías para los habitantes de dicho municipio serrano que manifiestan su postura en contra del proyecto de construcción de la hidroeléctrica, entre ellos los habitantes de Zaragoza.

En el cuarto punto piden garantías a la integridad y los derechos de las personas que realicen actividades de promoción, difusión y protección de los derechos humanos, así como de quienes proporcionen información sobre gestión y autodeterminación de los pueblos indígenas sobre su territorio.

En el quinto punto piden al mandatario estatal que haga público el contenido del convenio “Energía Limpia” que firmó el gobierno del estado con la empresa Grupo México, el día 14 de abril de 2011.

Y, finalmente, en el sexto punto solicitan a Moreno Valle que les dé una fecha de audiencia para tratar temas concernientes a lo señalado en la carta entregada.

La misiva está acompañada de nueve firmas de los integrantes de la ONG: Xanath Rojas Mora, Aldegundo González Álvarez, Rafael Sevilla Zapata, Cecilia Celedón Gutiérrez, Silvia Villaseñor Pineda, Felipe López Márquez, Leonardo Durán, Romel Chacán y Mayolo Hernández.
 
El acuerdo
Fue el 14 de abril de 2011 cuando el mandatario estatal apenas tenía poco más de dos meses en el cargo, cuando firmó el convenio con Grupo México, evento en el que aseguró Moreno Valle que impulsaría la inversión en desarrollo sustentable y energías alternativas.

El convenio “Generación de Energía Limpia” fue firmado con Xavier García de Quevedo, presidente de Minera México y miembro del Consejo de Administración del Grupo México.

“Con este acuerdo, empresas y gobierno actuamos corresponsablemente a favor del medio ambiente”, dijo en su momento Rafael Moreno Valle.

Se anunció que Grupo México invertiría 2 mil millones de pesos para generar 320 megawatts de potencia eléctrica a través de la construcción de cuatro presas termoeléctricas que estarán situadas en el interior del estado.

“Esta energía será suficiente para encender simultáneamente 750 mil focos incandescentes de casa o para prender el alumbrado público de San Martín Texmelucan y Huejotzingo al mismo tiempo”, presumió sin vaticinar el problema social que se generaría.

Incluso, Moreno Valle afirmó que la derrama económica llegará a zonas marginadas del estado a través de la apertura de los caminos a los puntos de construcción de la obras, en el consumo de los materiales y mano de obra de las regiones donde se edificarán las plantas de generación de energía limpia y consumir energía eléctrica más barata.

 “Se protege el medio ambiente al reducir la emisión de CO2 a la atmósfera (…) estos proyectos llevan inversión, empleos y desarrollo a los municipios, además de que este acuerdo es el primero en su tipo a nivel nacional.

”Los recursos naturales de Puebla no son una herencia de nuestros padres que podamos dilapidar, sino el patrimonio de nuestros hijos, que debemos cuidar y preservar”, dijo en el evento de 2011.
 
Las influencias
Esta misma semana surgió de los mismos activistas la versión de que hubo manejo de influencias para este acuerdo, al surgir Rafael Moreno Valle Suárez, padre del gobernador del estado, estaba detrás del acuerdo millonario.

Incluso el periodista Fermín García, en el periódico La Jornada de Oriente, señaló que exservidores públicos de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) fueron testigos de cómo el padre del gobernador fue quien directamente presentó a los representantes de Grupo México ante funcionarios de la dependencia.

“Luego de la supuesta intervención de Moreno Valle Suárez, funcionarios de la SSAOT tuvieron acceso a aviones y helicópteros para realizar vuelos en las zonas susceptibles de ser utilizadas para la instalación de las hidroeléctricas y de esa manera les ofrecieran información y acercamiento con las autoridades municipales a los directivos de GMéxico. Pese a que para ese entonces dicho grupo empresarial todavía no tenía ni los permisos, no había presentado los proyectos a las poblaciones afectadas los proyectos en cuestión ni había entregado los estudios de impacto ambiental.

”Una segunda versión que ofrecieron exfuncionarios de la SAOT es que se cree que otro político que intervino a favor del GMéxico, fue el actual senador Javier Lozano Alarcón, quien siempre ha mostrado una cercanía a los intereses de Germán Larrea Mota Velasco.

”Para el caso de Puebla, Javier Lozano aprovechó su buena relación con el gobernador Rafael Moreno Valle y con los propietarios de GMéxico.”

El problema de la contaminación
Desde finales de 2012, diversas organizaciones civiles anunciaron su apoyo a los indígenas totonacas, como la Universidad de la Tierra en Puebla, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, entre otros.

Incluso el Frente de Organizaciones Obreras, Campesinas y Sociales del estado de Puebla (FOOCS) advirtió al gobierno morenovallista que si este proyecto se lleva a cabo será el comienzo del “ecocidio” de la Sierra Norte de Puebla.

El FOOCS anunció una movilización para este jueves, a las 17:00 horas, contra las reformas estructurales del país.

El activista e indigenista Gerardo Pérez Muñoz denunció que el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, liberó en el último año de su gobierno 312 concesiones para la apertura de minas a cielo abierto, entre ellas las de Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla y Zautla, en el estado de Puebla.

Afirmó que entre estos “proyectos de muerte” está la instalación de una hidroeléctrica, en el municipio de Olintla; un gasoducto que atravesará terrenos de cultivos de 20 comunidades rurales poblanas, y que alimentará a una termoeléctrica en Huexca, en el vecino estado de Morelos, que estará a escasos kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl.

Silvia Villaseñor, una de las activistas, informó que los indígenas de Olintla se niegan a comercializar sus tierras a nadie porque ellos se dedican a la actividad agrícola y no quieren por nada permitir la entrada de una hidroeléctrica, además de que se está afectando la ecología de la zona.

Cuando iniciaron los trabajos en la zona de Zaragoza en Olintla, los indígenas se coordinaron y evitaron que empezara la construcción en la que destruirían cerros y diversidad ecológica.

Silvia Villaseñor advirtió que están realizando los amparos correspondientes, mientras organismos internacionales protectores de los derechos indígenas han volteado los ojos a Puebla y darán su postura posteriormente.

Además de que se analiza la posibilidad de interponer una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que las autoridades mexicanas no les hagan caso.

Por lo tanto, demandan el retiro inmediato de las máquinas, además de conocer el proyecto con el que con Grupo México pretende generar 53 megawatts de energía eléctrica con las aguas del río Ajajalpan, informó el dirigente de Unitona, Florencio Carlos Zabaleta.

Los pobladores de la zona desde diciembre mantuvieron un plantón evitando que se inicie la construcción de la carretera para iniciar la planta generadora de electricidad en el río Ajajalpan, que duró hasta el domingo pasado.

Domingo Vázquez, indígena de más de 70 años de edad, con su poco español advirtió que no dejarán sus tierras donde nacieron y piensan morir, todo para que unos multimillonarios sigan enriqueciéndose. Incluso acusó al presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo Bonilla, de corrupto y haber entregado los permisos de construcción a cambio de millones de pesos, en detrimento de la población indígena.