El Ayuntamiento de Puebla ganó de manera definitiva el litigio del caso de la empresa Desarrollo Iberoamericano S.A. (DISA) que exigía una indemnización de 76 millones de pesos por adeudos de la construcción del tramo B del Distribuidor Juárez-Serdán que no se ejercieron por parte del ex presidente municipal, Luis Paredes Moctezuma.

Al respecto, el síndico municipal, Ernesto Bojalil Andrade destacó que el punto a favor de la comuna es que sólo pagara de indemnización 26 millones de pesos que era lo que se heredó y no el resto de los intereses que exigía la empresa constructora por el litigio que se prolongó dos administraciones anteriores.

Indicó que hasta este momento la empresa solo tiene derecho a exigir un pago no superior a los 26 millones de pesos, por lo que tendrán que darle seguimiento al proceso para que con los argumentos que se tienen en contra de la constructora, se descarte una reversión en contra de la comuna.

Destacó que con esto, el Ayuntamiento de Puebla ha sorteado el pago de gastos financieros por 76 millones de pesos que exigía la constructora de indemnización y acumulación de pagos atrasados.

El abogado del pueblo dijo que al dejarse sin efectos la segunda instancia reclamada por DISA, deja de existir jurídicamente su calidad de caso juzgado antes de dictarse la sentencia protectora, pues los efectos resolutivos equivalen a su declaración de nulidad.

Bojalil Andrade destacó que al inicio de la administración municipal se encontró a la sindicatura como “una bomba de tiempo” por encontrarse contra la pared por el descuido de la anterior administración por los juicios en contra que había de la comuna.

En este sentido destacó que se retomaron los juicios que prácticamente se tenían perdidos por sumas millonarias que hubieran dañado el patrimonio de la ciudad.

En el mes de noviembre de 2003 se realizó una licitación internacional para la construcción del Distribuidor Vial Juárez-Serdán, la cual fue declarada como desierta, debido a que bajo el criterio de Arturo Muñoz Arellano, en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría de Administración Urbana, las propuestas presentadas no eran solventes para realizar la obra.