Desde San Lázaro los diputados aprobaron un exhorto al gobierno de Puebla para que se instale una mesa de diálogo interinstitucional y consulte a la comunidad indígena de Olintla sobe la construcción de la hidroeléctrica.

Mientras en su comparecencia en el Congreso de Puebla, el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, señaló que hay “tranquilidad en la zona” a pesar del conflicto por la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Olintla, legisladores exhortaron al Congreso de Puebla al diálogo.

El punto de acuerdo presentado por la diputada Roxana Luna Porquillo fue respaldado por la diputada priista del distrito de Zacapoaxtla, Josefina Hernández. El diputado panista por Puebla, Néstor Gordillo, rechazó el punto de acuerdo y calificó de injerencistas a los activistas que han acudido al municipio de Olintla señalando que todos los pobladores de la junta de Ignacio Zaragoza quieren la hidroeléctrica.

Previo a lo aprobado ayer en San Lázaro, el martes desde el Senado de la República, la senadora de la República Lucero Saldaña Pérez ya había presentado un exhorto a la Secretaría de Gobierno del estado de Puebla para que instale de manera formal una mesa de diálogo con activistas y pobladores en torno a la construcción de la hidroeléctrica en el municipio de Olintla.

En su documento, la senadora del PRI solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que remita a esta Cámara los resultados de la investigación que está llevando a cabo sobre la situación en el municipio de Olintla.

“Entre los argumentos que los opositores al proyecto se encuentran que no se les ha proporcionado información sobre el proyecto, ni sobre la forma cómo se mitigará el daño ecológico, ni sobre el cauce del río Ajalalpan, que desconocen la existencia de algún estudio ambiental, que se ejecutan tareas sin contar con las licencias correspondientes, que se presiona a los pobladores a vender sus terrenos a precios irrisorios, que se han destruido sembradíos así como la vegetación del lugar, que se han ocupado predios que no son de su propiedad, y un aspecto de suma relevancia, que no se ha realizado una consulta sobre el tema a la comunidad.

”En ese contexto, la condición indígena de la comunidad de Olintla de origen totonaco, nos exige velar por la protección de sus derechos y el respeto a sus tradiciones haciendo escuchar su voz mediante los mecanismos de consulta.”

Además, en el punto de acuerdo presentado el pasado martes en la sesión por la senadora Lucero Saldaña Pérez, resalta que organizaciones y activistas han solicitado el establecimiento de un diálogo con las autoridades estatales en torno a la construcción de la hidroeléctrica, propuesta cuya consideración es fundamental para sumar a la labor que en este sentido el gobierno del estado ha llevado a cabo a través de la Secretaría de Gobierno, en un contexto donde la paz y la estabilidad de la región pudiera verse amenazada y como un mecanismo para coadyuvar a la distensión y lograr los acuerdos necesarios que ayuden a ambas partes y fomenten el desarrollo, sin afectar el medio ambiente y garantizando el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

El origen del conflicto, señaló la senadora de la República, se remonta a abril del 2011 cuando se signó un convenio denominado “Energía Limpia”, entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo México en el cual se acuerda el establecimiento de una hidroeléctrica en el municipio de Olintla.

Por su parte, este miércoles durante la sesión en San Lázaro, la diputada del distrito de Zacapoaxtla, Josefina Hernández, pidió en respaldo a la propuesta de la diputada perredista Roxana Porquillo Luna, que en cumplimiento a los acuerdos de la OIT 169 se realice una consulta a la comunidad indígena de Olintla para la instalación de la hidroeléctrica. La postura de Hernández contrasta con la del secretario de Gobierno del estado de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, quien durante la comparencia señaló que la mayoría de los habitantes de esta comunidad está a favor de la construcción de la hidroeléctrica.

La diputada Josefina García Hernández (PRI) refiere que cualquier modificación territorial que vulnere el hábitat de la región de Olintla deberá ser consultada, de conformidad con el acuerdo de la OIT y agrega que las partes involucradas deberán permanecer informadas sobre los posibles impactos del proyecto. Por lo anterior, se manifiesta en favor de la propuesta.

“Es una gran preocupación lo que se genera con el tema de las hidroeléctricas y las mineras en el estado de Puebla, considero y hago patente que los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados y que no vulneren su hábitat, como bien sabemos y partiendo del convenio 169 de la OIT y el artículo 2 de la Constitución, los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados acerca de las medidas legislativas y administrativas que les pueda afectar en el estado de Puebla se tiene contemplada la construcción de seis hidroeléctricas y 22 proyectos mineros. En este caso, nos atañe la construcción de una planta hidroeléctrica en el municipio de Olintla. Si bien estamos de acuerdo en la construcción de infraestructura y la generación de empleos al marco jurídico de nuestro país y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas que no se altere su hábitat y ecosistema. Resultan imprecisos los beneficios y alteraciones, que no existan especulaciones, que existan datos reales, que exista un diálogo entre pobladores, autoridades y las empresas encargadas de este proyecto.

”Que se antepongan los derechos de las comunidades indígenas. No solamente en Olintla se ha dado esta inconformidad. He estado muy atenta en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, una servidora ha estado muy de cerca con las autoridades y los pueblos indígenas, que la información para que se transparente que las decisiones que se tomen involucren a los pueblos indígenas.”

La legisladora del PRI coincidió en la urgencia de una mesa de diálogo para solucionar el conflicto se exhorte a gobierno de Olintla, al gobierno de Puebla, a la Secretaría de Gobernación y a Recursos Naturales, que se instale una mesa de negociación interinstitucional.

El diputado del PAN, Néstor Gordillo, criticó el exhorto: “No estamos defendiendo ninguna empresa.

”No podemos permitir que se diga con la injerencia de grupos poblacionales que no son del municipio de Olintla, es la Tosepan Titataniske; es gente de Cuetzalan, de Huehuetla, desde aquí les mandamos un saludo cariñoso, pero si llegamos a crear inestabilidad en una población que el 100 por ciento de los que viven ahí en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza quieren el proyecto hidroeléctrico, cuando eso se desestabiliza viene este tipo de situaciones, vienen ese tipo de exhortos que no estamos de acuerdo, no podemos exhortar a un gobierno del estado de Puebla que ha garantizado los derechos humanos de las personas.”

El diputado del PAN argumentó: “El sábado 25 hubo una reunión con los pobladores de la junta Ignacio Zaragoza donde participó el visitador de la comisión, autoridades de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, los mismos del ayuntamiento, directivos de la Semarnat”.

El legislador del PAN defendió que la empresa ha sido sensible y hasta ha cambiado “el trazo de la propia presa; se modificó para no suscitar esos conflictos” a unas ocho familias.